Lo que viven los inmigrantes latinos bajo Trump: más detenciones, más miedo

El actual gobierno del presidente Donald Trump ejecuta su política migratoria sembrando temor y miedo con más operativos, detenciones en las calles y acuerdos con gobiernos latinoamericanos para recibir a personas de otros países.   

Ese es el análisis inicial de la actualidad migratoria que hizo Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Políticas Migratorias, un centro de investigación independiente y no partidista especializado en migración e integración, durante su participación en el programa Es Martes de Decisiones, del Latino Local News Collaborative. 

“Lo que no ha cambiado todavía, hasta febrero de este año, es que no hemos visto más deportaciones durante el presidente Trump que en el gobierno de Joe Biden. Lo que ha cambiado no es la escala ni las cifras, sino las tácticas, la visibilidad y los métodos”, señaló Ruiz Soto. 

De acuerdo con el especialista, hay un ambiente más hostil, con presencia más visible de agentes migratorios, con detenciones que se internan en zonas donde antes no había ese nivel de vigilancia y con menos claridad sobre lo que realmente está ocurriendo.

Uno de los cambios más agresivos, según Ruiz Soto, es el uso de deportaciones a terceros países como mecanismo de presión. En lugar de devolver a una persona únicamente a su país de origen, el gobierno puede enviarla a otro país dispuesto a recibirla, aunque esa persona no sea ciudadana de ese lugar.

“Este tipo de deportaciones ha sido fundamental para el esquema más amplio del presidente Trump y su administración para aumentar el miedo en las comunidades inmigrantes”, explicó. 

“Si no aceptas ser regresado a tu país de origen, te puedo mandar a un país más lejos donde no hables el idioma”, agregó. 

Hasta ahora hay 27 países que han aceptado recibir a personas que no son sus ciudadanos y para ese efecto, dijo Ruiz Soto, son cerca de 15 mil personas las que han sido enviadas a países que no son el lugar de nacimiento o de origen de los inmigrantes.  

“De ese total, casi 13 mil habrían sido trasladadas a México, que se ha convertido en el principal receptor de personas no mexicanas, sobre todo venezolanas y cubanas”, advirtió.

Aunque ese número sigue siendo pequeño frente al total de deportaciones reportadas por el gobierno, Ruiz Soto sostiene que su función principal no es estadística, sino más bien política, ya que “sirve para advertir a la comunidad inmigrante que, si no coopera, puede terminar más lejos, más aislada y en peores condiciones”.

MÁS CAMAS, MÁS DETENCIONES

Otra transformación ocurre dentro del sistema de detención. Ruiz Soto explicó que, hasta el 12 de febrero, había cerca de 60 mil personas recluidas en centros de detención migratoria. Al final de la administración Biden, había unas 42 mil camas disponibles. La meta actual del gobierno Trump, dijo, es llegar a 100 mil.

Ese crecimiento implica una mayor capacidad para arrestar y mantener detenidas a más personas durante más tiempo. También implica una expansión física de un sistema que, según el analista, suele instalarse lejos de los centros urbanos y, por tanto, lejos de la red de apoyo que muchas personas necesitan.

“La mayoría de estos no están en ciudades, pero muchos de ellos están en lugares rurales. Parte de esto es a propósito para poder reducir el alcance de la persona a tener una representación legal en Estados Unidos”, dijo Ruiz Soto. 

Para familias latinas, eso significa más barreras para ubicar a un ser querido detenido, más dificultad para contratar abogados y menos posibilidades de seguir un proceso con garantías básicas.

LA NARRATIVA OFICIAL Y LA FALTA DE DATOS

Ruiz Soto también cuestionó la falta de transparencia del gobierno federal. Dijo que la administración Trump insiste en que ha intensificado arrestos y expulsiones, pero no publica con suficiente claridad los datos necesarios para verificar esas afirmaciones.

“Todavía no demuestra las cifras para comprobar ese tipo de argumentos”, advirtió. 

También señaló que, con la información disponible, más de la mitad de las personas deportadas no tiene antecedentes criminales en Estados Unidos, aparte de haber ingresado al país de forma irregular.

Ese punto es importante porque contradice una de las justificaciones más repetidas por el gobierno: que las deportaciones se concentran en personas consideradas peligrosas. Para Ruiz Soto, la ausencia de datos completos impide medir con precisión a quién se está persiguiendo y si la política pública realmente responde a lo que promete.

Ante esa opacidad, investigadores y organizaciones civiles han tenido que recurrir a litigios, solicitudes de información pública y proyectos académicos para reconstruir el panorama. Entre ellos, mencionó el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, que busca reunir y publicar cifras que el gobierno no divulga de manera regular.

DETENCIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Si durante la administración Biden una gran parte de las deportaciones se concentró en la frontera, ahora el peso de la estrategia se ha desplazado al interior del país. 

“Ahora los operativos son más visibles y hemos visto más agentes en las calles”, dijo Ruiz Soto y añadió que el foco no está solo en grandes ciudades como Los Ángeles o Chicago, sino también en estados como Texas y Florida, donde nuevas políticas permiten una colaboración más estrecha entre fuerzas locales y autoridades migratorias.

En esos estados, explicó, una parada de tráfico por una falta menor puede abrir la puerta a preguntas sobre el estatus migratorio de una persona y terminar en detención. 

AMÉRICA LATINA BAJO PRESIÓN

El impacto no se limita a Estados Unidos. Ruiz Soto explicó que América Latina vive una presión creciente para colaborar con la política migratoria de Washington. Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Ecuador, El Salvador y varios países del Caribe han aceptado o exploran acuerdos para recibir a personas deportadas desde Estados Unidos aunque no sean nacionales suyos.

“Eso, antes, aunque sucedía en algunos lugares, no se heredaba de la misma manera”, señaló. Ahora, dijo, la presión es “más presente y más directa”, y viene acompañada de amenazas comerciales, recortes de ayuda o consecuencias diplomáticas si los gobiernos no cooperan.

México, subrayó, sigue siendo la pieza central de este esquema. No solo porque recibe a personas mexicanas deportadas, sino porque también ha aceptado a miles de personas de otros países, algo que, según Ruiz Soto, no tiene obligación internacional de hacer.

Para el analista, el riesgo más grande no es solo lo que está pasando hoy, sino lo que puede quedarse instalado para el futuro. A su juicio, Trump no solo está endureciendo políticas temporales. Está intentando cambiar la estructura del sistema migratorio.

“No solamente está cambiando políticas de prioridades o reglamentos, está buscando cambiar el sistema en cómo opera”. concluyó.

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Este artículo fue elaborado en el marco del Latino Local News Collaborative, un proyecto colaborativo de medios latinos hiperlocales que incluye desde Houston (TX) a La Esquina TX, desde Chicago (IL) a La Raza y desde Filadelfia (PA) a Philatinos Media y 2PuntosPlatform. El LLNC se propone ampliar la colaboración y las capacidades de los medios latinos en español y promover la difusión de contenidos para servir a las comunidades latinas de Estados Unidos.