El congresista Luis Gutiérrez llama a resistir deportaciones y políticas antiinmigrantes

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El congresista Luis Gutiérrez llama a resistir deportaciones y políticas antiinmigrantes
El congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez llamó a resistir las deportaciones y las políticas "racistas" del gobierno contra inmigrantes y refugiados, después de una reunión en Chicago con el director regional de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para discutir los planes del Gobierno sobre inmigración y deportaciones. (EFE)

El congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez llamó a resistir las deportaciones y las políticas “racistas” del gobierno contra inmigrantes y refugiados, después de una reunión en Chicago con el director regional de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para discutir los planes del gobierno sobre inmigración y deportaciones.

El legislador, disconforme con la falta de respuestas a sus planteamientos, se negó a abandonar las oficinas de inmigración, en una protesta donde estuvo acompañado por 9 de los 22 activistas que participaron en el encuentro.

En conferencia de prensa telefónica, desde la sala de conferencias de ICE, Gutiérrez declaró a los periodistas que estaba dispuesto a ser arrestado, pero no abandonaría voluntariamente el recinto.

El Gobierno “busca provocar más temor y terror en nuestras comunidades” con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, afirmó.

En particular se refirió a una serie de tuits publicados en la cuenta de ICE, sobre los jóvenes amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers” (“soñadores”), donde la agencia señala que la protección que reciben no evita que sean deportados.

“Nada ha cambiado con los ‘dreamers’, siguen estudiando y trabajando duro, pero ahora el gobierno los amenaza por las redes sociales”, dijo.

Uno de los mensajes señaló que DACA “no es un estatus de protección legal”, sino que los receptores solamente pasan a ser considerados en un nivel bajo de prioridad para deportación.

En otro mensaje la agencia señala que la Acción Diferida puede ser revocada en cualquier momento, especialmente cuando alguien comete algún crimen o es una amenaza a la seguridad nacional.

Desde la firma en el 2012 de la orden ejecutiva por el expresidente Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha terminado la Acción Diferida de aproximadamente 1,500 beneficiarios, debido a actos criminales o afiliación a pandillas, informa otro tuit.

Gutiérrez pidió que los soñadores no sean deportados, sin referirse a ningún caso en particular, y extendió su reclamo a otras situaciones que involucran a indocumentados del área de Chicago.

Señaló como “una injusticia” la situación de la mexicana Francisca Lino, quien lucha desde hace 12 años contra su deportación a pesar de estar casada con un ciudadano y tener cuatro hijos estadounidenses.

Lino, que fue arrestada mientras cruzaba la frontera en 1999, y fue deportada a México, regresó ilegalmente y se instaló en Chicago en 2001, donde se casó.

Gutiérrez intercedió por su caso ante inmigración en 2008, pero el proceso ha seguido su curso y Lino tiene orden de deportación para el 11 de julio de este año.

El congresista también quería un pronunciamiento de inmigración sobre el caso del mexicano Miguel Pérez Jr., un veterano de guerra condecorado que combatió en Afganistán en las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Aunque tiene residencia permanente, Pérez enfrenta la posibilidad de ser enviado a su país después de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por un delito grave relacionado con tráfico de drogas.

Pérez solicitó asilo y la decisión está en manos de una jueza de inmigración, que dará a conocer su dictamen en las próximas semanas.

La activista mexicana Elvira Arellano, que en su momento fue la abanderada de los indocumentados al resistir una orden de deportación durante un año refugiada en una iglesia de Chicago, declaró a Efe que le preocupa su estatus de refugiada ante los decretos presidenciales sobre inmigración.

“Tengo miedo de que mi derecho al debido proceso sea violado, y que no me den la oportunidad de plantear mi caso ante un juez de inmigración”, dijo Arellano, quien fue deportada en 2007, regresó con una visa humanitaria y desde hace tres años vive con un estatus provisional.

La activista debe presentarse esta semana a inmigración para renovar su residencia provisional y permiso de trabajo, a la espera de la audiencia en la corte donde se resolverá un pedido de asilo que también incluye a un hijo de tres años.

“Conozco mis derechos, estoy involucrada en mi iglesia y trabajo con la comunidad, y la deportación me preocupa porque me enviarían de regreso a México, un país dominado por la violencia”, expresó.

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