El verano caliente de Peoples Gas
Pocos servicios públicos son más críticos en Chicago que el gas natural. Cualquiera que haya pasado al menos un invierno en la ciudad lo sabe. A lo largo de muchos años, Peoples Gas ha sido el principal proveedor de gas natural para casi un millón de residentes de la ciudad, con algunas zonas que reciben servicio de otros proveedores como Nicor o North Shore (este último, de hecho, es propiedad, junto con Peoples Gas, del conglomerado Integrys).
Son frecuentes las quejas de usuarios en torno al pésimo servicio, desconexiones inesperadas, mala atención al público y continuos aumentos en tarifas de Peoples Gas. Pero como la entidad es prácticamente un monopolio en Chicago, los usuarios tienen habitualmente que tragarse su coraje, o plantear denuncias ante el Better Business Bureau, la Procuraduría Estatal o la Comisión de Comercio de Illinois (ICC, por sus siglas en inglés).
Las cosas están por cambiar, pero lo que está en juego para los consumidores es la determinación de si mejorará el servicio y las tarifas se mantendrán a niveles razonables en caso que las autoridades estatales aprueben que otro conglomerado, Wisconsin Energy, adquiera la propiedad tanto de Peoples Gas como de North Shore.
El caso debe resolverse ante la ICC a fines de este mes. Pero la Procuradora General de Illinois, Lisa Madigan, ha pedido una postergación de la decisión luego de hacerse pública una auditoría que Peoples Gas intentó desesperadamente ocultar y que revela en detalle los muchos y serios problemas estructurales, administrativos, financieros y de atención al consumidor de la empresa proveedora de gas para calefacción.
El punto más preocupante es el compromiso que Peoples Gas asumió de renovar las tuberías conductoras de gas de Chicago con plazo al 2030. En 2009, cuando la ICC autorizó el proyecto, el costo que estimó Peoples Gas fue de $2,600 millones. En 2012, ya se les había disparado a $4,500 millones. La famosa auditoría especula que ahora podría ser mucho mayor. Peoples Gas no comenta. El problema es que para saldar esos costos, Peoples Gas le pasa la cuenta al consumidor en forma de tarifas más altas. No pagan los ejecutivos ni los accionistas de Integrys. Paga usted, el consumidor.
Ojo a este otro dato: la auditoría costó $1.3 millones. Peoples Gas ni siquiera pagó de su bolsillo, sino que transfirió el costo al consumidor vía tarifas. Chéquenlo, es dato público.
Es urgente que antes que la ICC declare a favor o en contra de la adquisición, llame a rendir cuentas públicas a Peoples Gas.
