Funcionarios defienden la deportación de quienes “no pertenecen” en EEUU

WASHINGTON.- Dos abogados de la Administración Trump defendieron este viernes la deportación de inmigrantes indocumentados que “no pertenecen” en EEUU, a la vez que condenaron la “retórica” de activistas opuestos a la nueva política migratoria.

Durante un foro en Washington sobre las ciudades “santuario”, organizado por el Colegio de Abogados de EEUU (ABA),  un abogado del Departamento de Justicia, y otro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dejaron en claro que el gobierno hará cumplirá las leyes de inmigración, una vez que los inmigrantes agotan sus recursos legales.

Chad Mizelle, consejero del fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, desafió en particular los ataques de grupos pro-inmigrantes contra el fiscal general, Jeff Sessions, quien en marzo pasado declaró una guerra contra las ciudades “santuario”, y en sus giras por EEUU ha reafirmado el objetivo de ampliar las deportaciones.

“La retórica importa, por lo que yo llamo como algo de poca ayuda el sugerir que el fiscal general quiere deportar a alguien que es víctima de un crimen o de violencia doméstica y busca a la policía local. Eso no es cierto”, enfatizó Mizelle.

También condenó las acusaciones de que la policía local y los agentes de ICE que hacen cumplir las leyes de inmigración “buscan un pretexto o de alguna manera recurren a la discriminación racial. De nuevo, eso no ayuda”, continuó.

“Podemos encontrar un terreno común, y ese terreno común es que si estás en el país ilegalmente, no tienes derecho a estar acá”, subrayó Mizelle, quien añadió que la prioridad es sacar de las calles a personas que han cometido delitos graves.

Al atacar a las ciudades “santuario”, Mizelle reiteró que sólo el gobierno federal, en particular los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, son los responsables de establecer las normas migratorias,  y si los estados o jurisdicciones locales se desvían de esas prioridades, eso crea posiciones en conflicto.

Tracy Short, principal asesor legal de ICE, defendió las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump en enero pasado y que, entre otros elementos, agilizan las deportaciones y amenazan con eliminar fondos para ciudades y jurisdicciones que no colaboren con los agentes federales en el arresto de inmigrantes indocumentados.

“ICE va a continuar haciendo cumplir la ley, no vamos a desaparecer”, afirmó Short, quien reconoció que aunque el enfoque está en los criminales, en realidad “nadie está exento” de las deportaciones.

Short negó que su agencia esté haciendo “redadas”, e insistió en que, para evitar que los agentes de ICE vayan a las comunidades en busca de inmigrantes con órdenes de arresto o deportación, es mejor tener “una mayor cooperación” con ICE.

Más adelante, en declaraciones a este diario, Short dijo que los agentes de ICE siempre han tenido y seguirán teniendo “discreción procesal”  para la resolución de casos,  y reiteró que los inmigrantes tienen derecho a defender sus casos de asilo o ajuste migratorio.

Las declaraciones de Mizelle y Short, sin embargo, contradicen la realidad sobre el terreno, según han denunciado en numerosos informes grupos defensores de los inmigrantes.

En ese sentido, Michele Waslin, analista del “American Immigration Council”, expresó su esperanza de que las autoridades del DHS aprendan “de las lecciones del pasado”, y tomen medidas para prevenir la discriminación de inmigrantes en base a su acento, apariencia física u origen nacional.

J. Thomas Manger, jefe de Policía del Condado Montgomery, en Maryland, consideró que, pese a la acritud del debate nacional sobre las ciudades “santuario” y la política migratoria de la Administración Trump, sí se puede lograr un “equilibrio” entre las autoridades locales y federales.

Según Manger, obligar a la policía local a realizar tareas de Inmigración no ayuda al bien común, como tampoco genera confianza del público la falta de transparencia.

“Si están agarrando a personas que están acá porque huyeron de una terrible situación en sus países de origen, que han hecho una vida en este país, y que no han violado leyes (más que cruzar ilegalmente), creo que entonces eso va a erosionar la confianza de la gente”, advirtió Manger, cuyo condado sólo colabora con ICE en casos de criminales violentos detenidos en prisión.