ICE cancela programa que ayuda a refugiados y solicitantes de asilo
El llamado “Programa de Gestión de Casos Familiares” fue creado, como una forma de detención alternativa y menos costosa para inmigrantes detenidos mientras aguardan la resolución de sus casos
WASHINGTON.- La Administración Trump ha cancelado un programa de detención alternativa que desde enero de 2016, y a un menor costo para el gobierno, ha ayudado a refugiados y solicitantes de asilo atrapados en el sistema de detenciones de EEUU en ciudades como Los Angeles, Nueva York y Miami, lo que generó este viernes la condena de congresistas y activistas pro-inmigrantes.
La cancelación del programa, sin un aparente “Plan B”, ha levantado ampollas entre líderes del Congreso y grupos cívicos, que durante años han exigido una reforma migratoria integral y el cese de la persecución de inmigrantes indocumentados.
El llamado “Programa de Gestión de Casos Familiares” (“Family Case Management Program”, FCMP) fue creado, tras presiones políticas, como una forma de detención alternativa y menos costosa para inmigrantes detenidos mientras aguardan la resolución de sus casos.
El programa ha ofrecido asistencia y acceso a trabajadores sociales a familias inmigrantes, principalmente de Centroamérica, en las áreas metropolitanas de Los Angeles (California), Miami, Nueva York y Newark (Nueva Jersey), Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland) y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense.
Bajo el “FCMP”, mujeres, niños, y familias inmigrantes eran emparejadas con trabajadores sociales que les ayudaban a encontrar abogados; solicitar ayuda de salud, vivienda y matrícula de niños en las escuelas; navegar el complejo sistema de tribunales migratorios, y cumplir con sus citas judiciales y “chequeos” con ICE, como condición de su puesta en libertad.
La gestión del programa tiene un costo de alrededor de $38 al día, en comparación con los más de $300 por persona que gasta a diario la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para encerrar a inmigrantes indocumentados en centros de detención.
Según datos oficiales, GEO Group, la empresa de prisiones con sede en Boca Ratón (Florida), que tenía el contrato federal para el manejo de “FMCP”, para mayo pasado había 630 familias inscritas en el programa.
Portavoces de GEO evadieron hacer comentarios hoy a este diario sobre la cancelación del programa, y refirieron toda pregunta al respecto a ICE.
La agencia aún no ha respondido a una solicitud para una explicación y detalles de un plan de transición para las familias beneficiadas por el FMCP.
Según un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el presupuesto de la Administración para el año fiscal 2018 incluye $4,500 millones para operaciones policiales de ICE, de los cuales $1,500 millones serán destinados a más detenciones y deportaciones.
La Administración ha solicitado un aumento de $57 millones para otros programas de detención alternativa, uno de los cuales, el “Programa de Supervisión Intensiva”, está a cargo de GEO Group.
El programa “FMCP” fue cancelado en vísperas de que un comité legislativo someta a votación la semana próxima sendos proyectos de ley republicanos que eliminarían ciertas protecciones para niños refugiados y solicitantes de asilo, y codificarían la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en contra del ingreso de más refugiados al país.
Rechazo e indignación
La cancelación del “FMCP”, filtrada inicialmente a la agencia de noticias AP, generó este viernes reacciones de rechazo e indignación entre legisladores y grupos cívicos consultados por este diario.
El legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, afirmó que “todo esto es parte de una campaña para criminalizar, encarcelar y deportar a personas que están buscando su seguridad en EEUU bajo nuestras leyes y el derecho internacional”.
“Los niños que huyen de la violencia en Centroamérica, o las familas que escapan de la guerra civil en Siria necesitan una mano que les dé la bienvenida, no una celda”, se quejó Gutiérrez.
Por su parte, la legisladora demócrata de California, Zoe Lofgren, criticó que la Administración esté atacando “a la población más vulnerable imaginable -mujeres y niños que buscan refugio de los asesinatos, violaciones, y tráfico sexual de menores”.
“En vez de continuar un programa alternativo que ha producido un índice del 99% en las apariciones ante tribunales, (Trump) está enviando despiadadamente a prisión a madres y niños. Esta decisión va en detrimento del desarrollo de los niños y contraviene nuestros valores estadounidenses… los contribuyentes estadounidenses cargarán con los costos de millones de dólares en las detenciones”, advirtió Lofgren.
Michelle Brané, director del programa de derechos de los migrantes de la Comisión de Mujeres para Refugiados (WRC, en inglés), también condenó “enérgicamente” en un comunicado que la Administración, en cambio, continúe deteniendo a inmigrantes que escapan “un trauma indecible”.
“Esta Administración ha optado por continuar deteniendo a familias a un alto costo y en condiciones que conducen a intentos de suicidio, a la vez que cancela un programa eficaz y mucho menos costoso que daba apoyo a las familias que ha huido de un trauma indecible y buscan protección” en EEUU, dijo Brané.
David Leopold, un abogado de inmigración en Ohio, calificó de “pasmosa” la “crueldad que está demostrando la Administración hacia los refugiados que huyen de una horrenda violencia en Centroamérica”.
“Estamos atravesando una época muy oscura en la historia estadounidense”, lamentó.
A Leopold no le cabe duda de que el mensaje de la Administración para los refugiados es claro: “Si vienen en busca de un refugio seguro, los trataremos como criminales”.
