Editorial: Estabilidad para el trabajador agrícola
Todos se quejan de la inestabilidad de salir a buscar trabajadores sin saber si los conseguirán
La política restrictiva de inmigración es un serio problema para la industria agrícola que impacta directamente al consumidor. La pérdida de una cosecha por la falta de mano disponible conduce inevitablemente a una escasez que aumenta el precio del producto.
Esta situación se ha ido acrecentando al punto de haberse perdido cerca de 140,000 trabajadores agrícolas extranjeros en los últimos cinco años debido a las deportaciones del expresidente Barack Obama y el endurecimiento de la política migratorio del presidente Donald Trump.
Esta cifra la dio hace unos días Paul Weller, de la empresa Wonderful Citrus de Texas, ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. Se esperan escuchar testimonios similares en el Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza, en el debate de la nueva ley agrícola que se está trabajando en el Congreso.
La agricultura y la inmigración están íntimamente ligadas. El éxito económico de la primera depende de la capacidad de conseguir a tiempo trabajadores extranjeros para la cosecha. A esta altura nadie cree en la industria agrícola que se pueda encontrar trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar una labor tan dura.
El sistema de visas H-2A es el que hoy provee los trabajadores agrícolas. El Departamento de Trabajo aprobó 69,272 solicitudes de visas en los primero tres meses de 2017, un 36% más de lo hecho el año pasado en el mismo período.
El incremento refleja una mayor necesidad laboral, aunque hay una gran disconformidad con el programa actual de trabajadores huéspedes para el campo.
Los granjeros que solicitan los trabajadores dicen que el proceso es engorroso y caro. En California tienen problemas para alojar a los trabajadores. En Nueva York la industria lechera dice que no es suficientemente flexible para su industria. Todos se quejan de la inestabilidad de salir a buscar trabajadores sin saber si los conseguirán.
Para los trabajadores tampoco es lo mejor. Si bien el pago es razonable, están dependiendo de quien les da la visa. Al mismo tiempo, son explotados por intermediarios inescrupulosos que los atraen a esta labor con promesas que nunca se cumplen.
La solución es el propuesta de las senadoras Dianne Feinstein y Kamala Harris de California, de Mazie Hirono de Hawaii, Michael Bennet de Colorado y Patrick Leahy de Vermont.
La medida presentada en mayo dice que los trabajadores agrícolas que laboraron por lo menos 100 días en los últimos dos años recibirán una “tarjeta azul” de estado legal. Los campesinos que mantienen esta tarjeta entre tres y cinco años, dependiendo del total de horas que trabajan en la agricultura, serán elegibles para la residencia permanente.
Esta es una propuesta que cuenta con un amplio respaldo porque estabiliza la industria a partir de una condición migratoria estable para el trabajador.
Esperamos que prevalezca la lógica empresarial y humana por sobre la animosidad antiinmigrante que domina al Congreso.
