El “Acta Jones” es una ley anticuada, costosa y contraproducente, según expertos
El “Acta Jones” limita las opciones, aumenta el precio de combustible y los productos, y perjudica a los consumidores dentro y fuera de EEUU
WASHINGTON.- La Administración Trump esperó casi una semana para levantar las restricciones del “Acta Jones” para el envío de ayuda humanitaria a Puerto Rico, pero esa ley de cabotage de 1920 es anticuada, costosa, contraproducente y proteccionista, y el Congreso debe eliminarla de inmediato, según expertos y activistas.
Ante la estela de destrucción y crisis humanitaria que suscitó el paso del huracán “María” la semana pasada, líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso, así como activistas de la diáspora puertorriqueña, han pedido que la Administración amplíe y agilice los esfuerzos de rescate y recuperación en la isla.
Tras titubear unos días y por órdenes del presidente Donald Trump, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, finalmente autorizó ayer una exención al “Acta Jones”, una ley marítima de 1920 dicta que el intercambio comercial entre puertos de EEUU solo puede efectuarse en barcos fabricados en EEUU, con bandera estadounidense y con una tripulación que sea 75% estadounidense.
La ley aplica a los puertos de Puerto Rico por ser un territorio estadounidense.
Pero Duke levantó las restricciones para la isla por solo diez días, un período insuficiente -los barcos tardan al menos una semana para llegar a San Juan- ante la magnitud del daño que causó el huracán al tocar tierra el pasado 20 de septiembre, según observadores.
La ley es anacrónica, costosa, y proteccionista, porque fue adoptada tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de resguardar y fortalecer a las compañías de la industria marítima estadounidense, aseguran sus detractores.
Como los cargamentos, incluyendo ayuda alimentaria internacional, solo pueden moverse en barcos con bandera estadounidense, la falta de competencia global ha tenido el efecto de encarecer los precios: según un análisis de 2015 de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), el “Acta Jones” incrementó el costo de los envíos internacionales en un 23%.
Así, entre 2011 y 2014, el gobierno federal gastó cerca de $45 millones adicionales –provenientes de los contribuyentes- para trasladar cargamentos de comida de los programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo Estadounidense (USAID).
En el caso de Puerto Rico, sin una “exención” o “waiver” como la que autorizó Duke, el gobierno isleño tiene que pagar más para recibir los cargamentos y eso, a su vez, perjudica el bolsillo de los consumidores en la isla.
Tanto legisladores de ambos partidos como expertos y líderes de grupos cívicos han pedido anular por completo la controvertida ley, por considerar que solo encarece los productos que no pueden llegar a Puerto Rico en camiones y, simplemente, ya no es “útil”.
En declaraciones hoy a este diario, Federico Subervi, presidente de la Asociación para Medios Latinos, e Investigación de Mercados y Comunicaciones (ALMMCR), dijo que el “Acta Jones” fue “una ley impuesta sobre la isla, sin el apoyo o aprobación de Puerto Rico”.
La ley ha servido de “traba” para el desarrollo económico de la isla, y “aunque puede beneficiar a la industria de carga de EEUU, es perjudicial para quienes viven en la isla y no forman parte de esa industria”, explicó Subervi, quien apoya su eliminación absoluta.
El senador republicano por Arizona, John McCain, envió una carta a Duke esta semana y, ayer, junto al senador republicano de Utah, Mike Lee, presentó un proyecto de ley para crear una exención permanente para Puerto Rico.
El “Acta Jones” es una “ley anticuada, proteccionista que hay aumentado los precios y dañado la economía de Puerto Rico….ya superó su propósito a beneficio de los intereses especiales. Es hora de que el Congreso tome acción, ponga fin a esta injusticia, y ayude a nuestros conciudadanos en este momento de necesidad”, afirmó McCain.
Es que la industria de cargamentos marítimos de EEUU nunca dominó ni domina los océanos: apenas acarrean cerca del 2% del cargamento mundial, en comparación con el 25% de hace 60 años, y el mercado lo dominan empresas de Asia, según Daniel Pearlson, analista del Instituto CATO.
Además, el gobierno federal ha tenido que suspender el “Acta Jones” para agilizar el traslado de combustible a zonas afectadas por huracanes. Así lo hicieron las administraciones de George W. Bush con “Katrina” en 2005, de Barack Obama, con “Sandy”, en 2012 y, ahora la Administración Trump, con “Irma” y “Harvey”.
Campaña contra el “Acta Jones”
Para contribuir a la reconstrucción de Puerto Rico, el grupo “Latino Justice PRLDEF” ha lanzado una campaña en internet y en las redes sociales, con la etiqueta “RESIST”, para que el Congreso elimine el “Acta Jones”, y autorice $40,000 millones adicionales en fondos de asistencia humanitaria para Puerto Rico. También pide que se extienda el plazo de 60 días para los trámites de ayuda con la Administración Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).
Por su parte, Daniel Garza, presidente de la conservadora “Iniciativa LIBRE”, señaló que las restricciones del “Acta Jones” solo “encarecen los precios y limitan la rapidez con que la se pueden entregar los productos”.
“Eso nunca es una buena idea, y por eso el Acta Jones debe anularse. Esto es especialmente cierto cuando la prioridad es entregar ayuda por desastres, ante la escasez de productos como alimentos, agua potable, combustible, y otras necesidades”, argumentó.
El “Acta Jones” limita las opciones, aumenta el precio de combustible y los productos, y perjudica a los consumidores dentro y fuera de EEUU, por lo que, especialmente ante la crisis en Puerto Rico, “entre más temprano se anule esta anticuada ley, más temprano sentirán alivio los consumidores”, aconsejó Garza.
Mientras, Mark J. Perry, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Michigan y académico invitado del conservador “American Enterprise Institute” (AEI), destacó en un blog un informe internacional de julio pasado, según el cual los barcos de EEUU figuran entre los últimos lugares respecto a su seguridad, por debajo de los países de Europa Occidental, China o Japón.
Los cargueros que cumplen con los requisitos del “Acta Jones” son caros, y las compañías navieras demoran su reemplazo para reducir costos de operación, por lo que la flotilla de barcos tiende a ser más anticuada que la de flotillas extranjeras.
“Una consecuencia no intencional de la política de carga es que se expone a los marineros estadounidenses a un mayor peligro”, advirtió Perry.
