Nueva ley contra la desaparición forzada se pone a prueba en México
La ley es un avance, pero tiene sus lagunas legales, destaca investigador
MEXICO – Voluntad política para mejorarla y dinero para implementarla son los retos que enfrentará la nueva “Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares” aprobada recientemente por Congreso y que se encuentra en manos del presidente Enrique Peña para su promulgación.
Analistas políticos que empujaron la creación de la ley coinciden en que la legislación es un avance porque las autoridades en México deberán cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos e investigar a los agentes estatales así como grupos criminales que cometen desapariciones.
“Será un desafío importante dado el historial irregular del gobierno en la implementación de reformas legales“, advirtió Maureen Meyer, coordinadora en México de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos.
Más de 33,000 personas desaparecieron en el país desde el 2007 y sus casos nunca han sido investigados de manera adecuada por el sistema de justicia mexicano: en todo este tiempo sólo se han logrado seis sentencias condenatorias por lo que ha enviado un mensaje de impunidad.
En el 2016 México sufrió el mayor número de desapariciones registradas, con casi 5,000 personas desaparecidas, ¡un promedio de 14 personas por día!
La ventaja de la nueva ley -observa Meyer- es que establece una serie de medidas y protocolos que, “si se implementan correctamente“, desempeñarán un papel crítico para terminar o al menos matizar la crisis.
Entre otras cosas, unifica la definición penal de desaparición forzada con estándares internacionales y asigna roles claros a los diferentes organismos gubernamentales responsables de manejar los casos.
La nueva ley también ordena la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y una Comisión Nacional de Búsqueda para que los familiares de los desaparecidos ya no tengan la carga de liderar la investigación y búsqueda de los desaparecidos sin el apoyo de las autoridades.
Por otro lado, entre las deficiencias de la ley se encuentra la poca claridad para determinar la forma en que las autoridades federales y locales se coordinarán para buscar en forma “inmediata“ y “exhaustiva“ a los desaparecidas.
Tampoco regula la cadena de mando y con ello podría dificultar las investigaciones de los superiores jerárquicos de agentes estatales que cometan desapariciones forzadas, según observa Javier Monroy, presidente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados Desaparecidos y asesinados en Guerrero que apoya 56 casos.
“La ley es un avance, pero no aclara bien a bien la manera en que se procesará a las autoridades que encubren u omiten investigar; a los que generan temor o son cómplices“, advirtió.
Otro problema es la falta de distinción que la ley hace entre “persona desaparecida” y “persona no localizada”, lo cual puede llevar a casos de desapariciones forzadas que se consideran como desapariciones voluntarias.
Una vez que el presidente promulgue la ley, las dependencias de seguridad tendrán la responsabilidad de hacer el reglamento, donde se escriben los detalles de la implementación de la ley y donde debe participar en conjunto autoridades y sociedad civil.
