México pide frenar ejecución de mexicano en Texas, pide “reciprocidad”

Organismos y gobierno mexicano alzan la voz en favor de Rubén Cárdenas Ramírez

MEXICO – Una vida es una vida. La postura de las autoridades mexicanas continúa a la defensa del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, de 47 años,  sentenciado a morir ejecutado en Texas el próximo 8 de noviembre por el secuestro, violación y asesinato de su prima hermana Laura Lagunas en 1997.

Al apoyo consular que por años ha recibido Cárdenas Ramírez se sumaron peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien condenó el Día Mundial contra la Pena de Muerte la decisión de la justicia texana que desde que se reestableció la pena capital en 1976 ha ejecutado a 10 de las 11 en total.

“El derecho a la vida representa el bien duermo del ser humano“, argumentó en un comunicado oficial.

En las últimas horas sorprendió el gobernador Guanajuato, Miguel Márquez, quien pidió respeto al debido proceso judicial del paisano oriundo del estado (de la comunidad Las Delicias, de donde el sentenciado emigró junto con sus padres cuando era niño) debido a que en el momento del interrogatorio no se notificó al consulado.

“Su ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales a la vida“, advirtió Márquez para solicitar clemencia a su homólogo de Texas, Greg Abbut, y al presidente de la Oficina Ejecutiva de la sección de Clemencia y Junta de Poderes y Libertad Condicional, David Gutiérrez.

“Hay factores que apoyan una concesión de indulto“, detalló.

El caso de Cárdenas Ramírez es particularmente preocupante porque al policía local y a oficina del Sheriff interrogaron en diversas ocaciones al implicado sin asistencia legal, una condición que contradice los principios de la Convención de Viena sobre relaciones Consulares, según determino la Corte Internacional de Justicia en el caso y el de otros 49 mexicanos sentenciados a muerte.

Las autoridades de justicia en Texas concluyeron por las declaraciones de Cárdenas Ramírez y las de su amigo Tony Castillo, que el primero mató a la muchacha después de beber alcohol y tomar unas pastillas de naturaleza desconocida.

El condenado habría llevado a la policía al canal donde había quedado el cuerpo, pero éste afirma que fue Castillo quien cometió el crimen y él se “quedó dormido“.

Dada la naturaleza recíproca de la Convención de Viena, el gobernador Márquez argumentó que lo que solicita para el paisano no es otra cosa que el mismo trato que en México se le daría a cualquiera de los 12,000 estadounidenses que viven en San Miguel Allende, Guanajuato, en caso de que cometieran un crimen. “Sobre los que siempre no s aseguramos que tengan la protección total“, del citado acuerdo internacional.

Desde su situación de abuela de víctima y victimario, la señora Enriqueta Rosales, dijo a la prensa local que “tiene partido el corazón“ por la situación familiar y los años en que su nieto ha estado en el corredor de la muerte en el penal de Polunsky, Livingston.

En 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negó a revisar el caso, Cárdenas Ramírez se dio por muerto e incluso pidió ver a sus hijos varones gemelos nacidos en 1990, pero luego el caso se volvió a aplazar con la respectiva tortura emocional para la familia.

La última ejecución de un mexicano ocurrió el 22 de enero de 2014. Edgar Tamayo, oriundo de Miacatlán, Morelos, recibió la inyección letal por el asesinato de un policía. Su familia lo esperó hasta el último momento y después lo regresó a México, donde sus paisanos lo enterraron con bombo y platillo.

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