ICE persigue a activistas inmigrantes y organizaciones que los apoyan, alega demanda federal
El gobierno de Trump se ha enfocado en activistas y organizaciones que abogan por los inmigrantes con la supuesta intención de silenciarlos. Algunos ya fueron deportados. Abogados alegan violaciones constitucionales.
Por primera vez en la historia reciente, una demanda federal alega que el gobierno de Estados Unidos está usando a agentes de inmigración de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para perseguir a inmigrantes que hablan públicamente contra la política migratoria del gobierno.
Citando una docena de arrestos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) a activistas pro inmigrantes que protestaron o que trabajan en favor de un cambio en las leyes, la demanda legal presentada en una corte federal Nueva York alega que el gobierno estadounidense está persiguiendo a quienes contradicen sus políticas migratorias.
La situación ha llegado a un punto que organizaciones como el National Lawyer Guild está ofreciendo entrenamiento e información directamente a activistas sobre cómo defenderse de la persecución de ICE.
Entre los mencionados están Ravi Ragbir, director Coalición Nuevo Santuario de NY, Jean Montrevil, activista de los inmigrantes haitianos, Daniela Vargas, dreamer arrestada tras hablar en una conferencia de prensa, José Enrique Balcazar Sánchez, activista de Migrant Justice, Maru Mora Villalpando, portavoz de detenidos en Tacoma, Washington y varios otros.
También se alega que la persecución abarca a las propias organizaciones en las que militan varios de estos individuos o que han realizado labores de educación de los inmigrantes o de denuncia de redadas y otras actividades de ICE.
Esto sería, alega la demanda, una violación a los derechos constitucionales establecidos en primera enmienda (libertad de expresión).
Según el texto de la demanda:
“Estos activistas han sido vigilados, intimidados, hostigados y detenidos, sus viviendas han sido allanadas, muchos han sido arrancados de la calle a plena luz del día, y algunos incluso han sido deportados. La “amplia discreción ejercida por los funcionarios de inmigración” ha sido abusada en un esfuerzo cínico para castigar a quienes no están de acuerdo con la Administración”
La acción legal abarca a la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) y pide que el tribunal ordene al gobierno el cese del “uso selectivo de leyes migratorias” para coartar la expresión política de ideas.
También pidió que se ordene el cese de los intentos para deportar a Ragvir, un inmigrante de Trinidad y Tobago cuyo permiso de estadía “a discreción” del gobierno fue suspendido súbitamente este año.
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, dijo que las tácticas del gobierno para “tratar de silenciar a los líderes de nuestro movimiento no tendrán éxito”
CASA es una de las organizaciones mencionadas en la documentación legal como foco de atención de las actividades de ICE.
“En el último año ICE deportó a varios líderes de CASA, incluyendo a Liliana Cruz, Catia Paz y dos hermanos jóvenes, Diego y Lizandro Claros. Todos estos líderes habían sido partidarios de CASA y programas de inmigración como DACA y DAPA. Habían recibido una amplia cobertura mediática por su defensa y compromiso con los funcionarios electos. Cada uno de ellos fue efectivamente silenciado por ICE mediante su deportación”, reza el argumento.
