Tribunal Supremo estudia nuevo caso de sindicato de empleados públicos
El Tribunal Supremo emitirá un dictamen a finales de junio próximo
WASHINGTON— El Tribunal Supremo escuchó este lunes el polémico caso contra un sindicato de empleados públicos que podría minar el poder político y financiero del movimiento sindicalista en EEUU, y afectar a hasta diez millones de trabajadores en todo el país.
La máxima corte del país se pronunciará a más tardar en junio próximo sobre si los empleados públicos que no pertenecen a sindicatos están o no obligados a pagar cuotas para cubrir los gastos relacionados con la negociación de contractos colectivos.
El eventual fallo del Tribunal Supremo afectaría tanto a los sindicatos del sector público en 22 estados donde también representan a empleados no afiliados, como a los gremios en general.
En este caso, Mark Janus, un empleado público de Illinois, entabló una demanda contra la “Federación Estadounidense de Empleados de Estados, Condados y Municipios” (“AFCSME”, por su sigla en inglés) para impedir que su empleador continuara deduciendo de su pago $45 mensuales para cubrir los gastos del gremio.
Janus trabaja como especialista en asuntos de manutención de menores del Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois pero no pertenece a AFCSME, y considera que el cobro de la cuota es inconstitucional.
Janus argumenta que el cobro de la cuota viola su derecho a la libertad de expresión porque el sindicato apoya a candidatos y posturas contrarias a su filosofía política.
Fallo impredecible
El juez conservador Neil Gorsuch no hizo pregunta alguna durante la audiencia de una hora, mientras que el juez Anthony Kennedy mostró una actitud abiertamente hostil hacia los sindicatos, al señalar que, en el fondo, el caso se trata de un “subsidio obligatorio de una entidad privada (los sindicatos) que expresa posiciones políticas constantemente”.
En un intercambio con el abogado William Messenger, de la “Fundación Legal Nacional por el Derecho al Trabajo”, la jueza Sonia Sotomayor señaló que, en resumen, la demanda busca eliminar los sindicatos.
Para la juez Ruth Bader Ginsburg, un fallo en contra de los sindicatos tendría el efecto de privarlos de los recursos que requieren para “ser un socio equitativo” en la mesa de negociaciones colectivas.
Un fallo de 5-4 bastaría para exigir que los sindicatos cesen la práctica de cobrar la cuota a empleados no afiliados, lo que supondría un claro revés para sus arcas y su influencia política, ya en declive.
Otros sindicatos están pendientes del fallo del Tribunal Supremo porque también tendría repercusiones para sus miembros. La Federación Estadounidense de Maestros (AFT), tiene poco más de 1,5 millones de miembros, y 93,844 empleados no afiliados que pagan cuotas de representación.
La Asociación Nacional de Educación (NEA), otro gremio de maestros, tiene 2,9 millones de miembros, y 87,764 empleados no asociados que también pagan cuotas.
David Frederick, el abogado que representa a AFCSME, dijo que el cobro de cuotas es necesario para cubrir los gastos de negociación colectiva, y si el Tribunal Supremo revierte un fallo de 1977, que hasta ahora ha permitido esa práctica, eso sin duda minaría la influencia política de los sindicatos.
En ese sentido, la jueza Elena Kagan señaló que están en juego “decenas de miles de contratos” negociados por sindicatos, “que afectan a millones de empleados, quizá hasta diez millones de trabajadores.
A nivel nacional, 14,8 millones de empleados pertenecieron a sindicatos en 2017, o el 10,7% de la fuerza laboral, de los cuales el 34,4% son del sector público, y el 6,5% del sector privado, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Hace dos años, tras la muerte súbita del juez Antonin Scalia, el Tribunal Supremo obtuvo un empate técnico de 4-4 en un caso similar al de AFCSME presentado por un grupo de maestros de California opuestos al cobro de las cuotas.
En 1977, en el dictamen del caso “Abood v. Detroit Board of Education”, el Tribunal Supremo determinó que aún los empleados que no pertenecen a sindicatos pueden ser obligados a pagar una cuota mensual para cubrir los gastos de representación colectiva, porque el acuerdo final protege y beneficia a todos los empleados, estén o no afiliados a un gremio.
Sin embargo, en esa ocasión, quedó claro que los empleados no afiliados a sindicatos debían pagar cuotas parciales para cubrir los costos para la negociación y administración de contratos laborales, y no para las actividades políticas.
Eso no ha frenado a grupos conservadores que durante años han mantenido una lucha sin cuartel contra los sindicatos que, en su mayoría, tienden a decantarse más por los demócratas para exigir más y mejores salarios, beneficios y protecciones laborales.
De hecho, cerca de una veintena de grupos conservadores han invertido millonarias sumas en iniciativas estatales para debilitar el poder de los sindicatos, y algunos de éstos presentaron ante el Tribunal Supremo documentos de apoyo a la demanda contra AFCSME.
Héctor Figueroa, presidente del “Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios” (SEIU) 32BJ, afirmó que los trabajadores necesitan “más que nunca a los sindicatos” para defender sus logros en torno a salarios, cobertura médica y otros beneficios para sus familias.
Las protecciones como una jornada de ocho horas y cobertura del Seguro Social no se lograron por la generosidad de los patronos sino por la lucha de los sindicatos, y los trabajadores merecen “la libertad de mantenerse unidos y negociar contratos justos para poder brindar sustento a sus familias”, dijo Figueroa, al señalar que las corporaciones usan su influencia política para minar los derechos de los trabajadores.
El SEIU encabezó una protesta frente al Tribunal Supremo y organizó más de 600 manifestaciones frente en todo el país para apoyar a los sindicatos en el caso.
Los sindicatos de empleados públicos conforman alrededor del 6% de las donaciones financieras a candidatos demócratas en contiendas federales, algo que resulta clave en reñidas contiendas.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que los trabajadores son la columna vertebral de EEUU y los sindicatos han sido clave para su avance y el de la clase media en este país.
“Los republicanos del Congreso y la Administración Trump continúan desmantelando reformas y protecciones clave para los trabajadores estadounidenses. Este caso judicial es otro peligroso intento de poderosos intereses especiales para debilitar a los sindicatos y revertir el pogreso de los trabajadores”, advirtió Pelosi.
