Editorial: “Las infames medidas migratorias”
Estos cambios pueden representar una condena para aquellas personas cuyas vidas corren peligro si son regresados a su país
El gobierno espera acelerar las deportaciones Crédito: Getty Images
La administración Trump quiere que los tribunales de inmigración sean una máquina de deportación a su servicio. Que sus llamados jueces sean el último engranaje en un proceso que comienza cada vez más con arrestos por cuestiones menores y actos de discriminación.
Los jueces de inmigración no son magistrados independientes como los del poder Judicial, sino que son abogados que trabajan como funcionarios del Departamento de Justicia.
No obstante, tenemos una expectativa de imparcialidad respecto a sus decisiones. Se espera que estos jueces analicen caso por caso, que decidan según las pruebas y los argumentos si una persona tiene motivos válidos para permitirle quedarse en el país.
En el papel, los estatutos federales dan una “oportunidad razonable” de defenderse a los inmigrantes. En la práctica la oportunidad es cada vez menos razonable. Los demandados no tienen derecho a un abogado que los asesore ni a un traductor que les explique en su idioma el proceso. Hay jueces que procesan niños de 3 y 4 años de edad. Por absurdo que parezca, el encargado de capacitación de jueces Jack Weil ha dicho que puede “literalmente enseñar la ley de inmigración” a niños de esta edad.
El sistema se complica más con las nuevas directivas que demandan de estos funcionarios un mínimo de 700 casos anuales. Su evaluación laboral será considerada insatisfactoria si no cumplen con ese cuota de al menos tres al día.
Se estima que hay casi 600,000 casos de inmigración atrasados, que esperan atención en un sistema que no tiene los recursos para atenderlos adecuadamente.
El presupuesto de la administración Trump aumenta considerablemente la cantidad de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza. Pero en cuanto a los jueces, se propuso agregar 75 magistrados de inmigración a los 318 actuales, una cantidad mucho menor a lo necesario para la demanda actual.
En cambio, el gobierno espera reducir la espera acelerando las deportaciones. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia hace más difícil pedir asilo, después de que el secretario de Justicia Jeff Sessions, dijera que las solicitudes actuales son un fraude que bloquean el sistema.
Estos cambios pueden representar una condena para aquellas personas cuyas vidas corren peligro si son regresados a su país.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración rechazó el establecimiento de cuotas obligatorias para sus miembros, alegando que éstas perjudican a los inmigrantes. Pero eso ignora el hecho que el interés de la Casa Blanca no es ayudarlos sino expulsarlos, no es hacer justicia sino recurrir a lo injusto para rechazarlos y deportarlos a toda costa, por una premisa ideológica.
