Pareja gay de California demanda a gobierno de Trump por negarle visa

WASHINGTON— El “DACAmentado” mexicano, Marco Villada, soñó con una vida “normal” con su pareja pero, tras un breve viaje a su país en enero pasado, el gobierno no sólo le negó la visa de cónyuge sino que le prohibió el reingreso. La pareja demandó este martes a la Administración para impugnar esa decisión.

Aprovechando el histórico dictamen del Tribunal Supremo que legalizó los matrimonios homosexuales, Villada contrajo matrimonio en 2014 con su pareja, Israel Serrato, un ciudadano estadounidense, y ambos pensaban vivir una vida normal de pareja en Los Angeles (California).

Villada había obtenido una “exención provisional” -un permiso específico para viajar fuera del país a una entrevista consular  pero ese viaje a México en enero pasado le costó la revocación de su DACA, y el Departamento de Estado le negó la visa de cónyuge, alegando que él había salido y regresado ilegalmente a EEUU en 2000.

Ahora, Villada se siente “atrapado” en México y con la posibilidad de no poder reingresar a Estados Unidos junto con su pareja por al menos diez años.

“Me hace falta mi esposo, mi hogar, mi familia y tanto Israel como yo estamos atravesando un momento duro, y lo único que pedimos que se revierta esta decisión  y que yo regrese a casa”, dijo Villada desde Jalisco, durante una conferencia telefónica organizada por el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), uno de los tres grupos que lo representan en la demanda.

Villada dijo que procura no salir a la calle “ni para comprar una soda” por el clima de inseguridad, e insistió en que está “atascado en un lugar donde no pertenezco”.

Serrato, desde Los Angeles, relató las dificultades financieras y emocionales que ha pasado por la “devastadora” separación que causó la Administración Trump, ahora que no cuenta con el salario de Villada. Por ejemplo, tuvo que vender todos sus muebles y acomodarse en casa de amigos para reducir sus costos de alquiler.

“Voy a luchar por nuestro derecho a estar juntos ahora…  cuando le negaron la visa a Marco, mi corazón se rompió; uno de nuestros peores temores se hizo realidad, y ahora él está atascado en el país equivocado, lejos de mí, de familias, amigos”, dijo Serrato.

La demanda de 19 páginas contra el Departamento de Estado y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), pide una “revisión judicial” de la negativa a dar la residencia permanente a Villada.

Según la defensa, USCIS no le advirtió a Villada que la información que otorgó en su solicitud de visa, incluyendo el reingreso en 2000, podría anular el permiso provisional. También alega que la prohibición de diez años no debería aplicar a menores de edad.

Villada, de 34 años, emigró de México a California a los 6 años de edad y recibió protección en 2013 bajo el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012. Ese permiso tenía vigencia hasta 2019.

Cuando obtuvo el permiso provisional de USCIS, Villada procedió a su cita consular en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. En  vez del esperado sello de aprobación para su “tarjeta verde”, las autoridades le negaron la visa alegando que Villada había regresado ilegalmente a EEUU en 2000, cuando tenía 17 años, tras el fallecimiento de su abuelo.

Los abogados de Villada replican que cuando Villada regresó en septiembre de 2000 por el puerto de entrada de San Ysidro, hacia Tijuana, las autoridades de Inmigración lo dejaron pasar con sólo su cédula de estudiante de secundaria.

Por definición, entonces, Villada no entró ilegalmente o sin inspección a EEUU, explicó una de sus abogadas, Stacy Tolchin, de la firma legal que lleva su nombre.

“La gente obtiene esos permisos provisionales, supone que el gobierno de EEUU le ha aprobado el regreso, salen y resulta que otra agencia, el Departamento de Estado, toma una nueva determinación”, dijo Tolchin. 

El abogado Andy Pincus, de la firma legal “Mayor Brown LLP”,  afirmó que Villada perdió su protección bajo DACA cuando viajó en enero pasado, pero no estaría atacascado en México si el presidente Donald Trump y el Congreso hubiesen resuelto el limbo de DACA.

“Esta decisión es importante porque se trata de un caso en el que ambas partes en la relación, antes de que Marco saliera, tenían estatus legal en EEUU, y creemos que eso fortalece nuestro caso para que se revise (la visa)”, agregó Pincus.

Consultada por este diario, USCIS dijo que no podía comentar sobre el caso “mientras prosigue el litigio” en un tribunal de California. El Departamento de Estado tampoco quiso hacer comentarios.

Por lo general, aún cuando los beneficiarios de DACA podían recibir permiso, o “advance parole”,  para viajar fuera del país lo hacían bajo el riesgo de que los agentes de Inmigración no les permitirían la entrada.

Aunque no es la primera demanda de su tipo –Tolchin ha recibido llamadas de inmigrantes en situaciones similares en los últimos seis meses-, los activistas aseguran que esta situación de dureza contra los inmigrantes golpea en particular a la comunidad LGBT.

“Más de 75,000 Dreamers se identifican como miembros de la comunidad LGBT, y de éstos más de 36,000 se han beneficiado de DACA. Para estos jóvenes, la amenaza de la deportación conlleva un elemento de incertidumbre adicional porque podrían ser deportados a países con pobre historial de derechos humanos” para la comunidad gay, advirtió Sarah Warbelow, directora de asuntos legales del grupo “Human Rights Campaign”, que defiende los derechos de los homosexuales.

Por su parte, Crissel Rodríguez, coordinadora para el sur de California de la “Alianza de California para la Justicia para Jóvenes Inmigrantes” (CIYJA, en inglés), dijo que “el caso de Marco es un ejemplo de cómo las políticas de la Administración Trump continúan separando a las familias”, atacando a jóvenes indocumentados, “en vez de proveer soluciones reales” para las familias inmigrantes.

Villada “hizo todo lo que se le pidió”, tiene un hermano enlistado en las Fuerzas Armadas, y aun así el gobierno le niega la entrada para reunirse con su esposo, su familia y su comunidad, subrayó Rodríguez.

El caso ha generado una campaña en las redes sociales que exige el regreso de Villada a Estados Unidos.

Pese a la retórica y la política anti-inmigrante de la Administración Trump, “esperamos que el caso se resuelva rápido para que Marco pueda regresar a casa pronto, porque esa es la meta”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC.