Gobierno de Trump pretende deportar a familias reunidas tan pronto sea posible

La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLUS), organización que representa legalmente a las más de 2,500 familias migrantes separadas por el gobierno desde abril, pidió este jueves al juez federal Dana Sabraw que otorgue siete días a los abogados para hablar con las familias después de recibir noticias de su reunificación y así asegurar que conocen sus derechos y evitar deportaciones injustas.

El gobierno de Donald Trump, sin embargo, se opuso a la solicitud indicando que tiene como objetivo deportar lo antes posible a las familias o individuos con órdenes finales de deportación, una vez que estos hayan sido reunidos o hayan cedido sus derechos de reunificación.

Los documentos de ambas partes fueron presentados esta semana ante el tribunal federal de San Diego, y la decisión está en manos del juez Sabraw, quien realizará una audiencia el viernes por la tarde.

Este es el mismo juez que hace un mes suspendió temporalmente la deportación de los migrantes aún separados y ordenó un proceso de reunificación cuya fecha límite llegó este jueves 26 de junio.

Hasta el último reporte presentado por el ejecutivo a principios de esta semana, poco más de 1,000 menores habían sido reunidos con sus familias y por lo menos la mitad fueron liberados. Según el gobierno otros 917 no eran “elegibles” para la reunificación por diversas razones, 463 padres ya habían sido deportados y más de 200 niños fueron liberados a patrocinadores.

Se esperaban más datos en horas de la tarde del jueves.

“Estamos pidiendo siete días para informar a las familias de sus derechos legales una vez que nos enteramos que han sido reunidos”, dijo Lee Gelernt, abogado principal del caso de la ACLU. “Sabemos que el gobierno planea reunirlos y deportarlos lo antes posible, en algunos casos el mismo día y esperamos que el juez impida eso”.

En la documentación presentada por ACLU, hay declaraciones de numerosos padres migrantes que afirman haber firmado formularios que no entendían accedieron a ceder su derecho a la reunificación u otro tipo de documentos que resultarán en su deportación.

Algunos tuvieron 4 minutos en un salón con otros 50 padres para decidir si cedían el derecho a la reunificación familiar o se quedaban con sus hijos o entendieron que si no lo hacían jamás verían a sus hijos, explican las declaraciones presentadas por ACLU tras entrevistar a padres. Algunos firmaron un documento en inglés, y son personas que no hablan inglés ni español, sino lenguas indígenas, agregan los abogados.

“Presentamos diez declaraciones que dejan muy claro la desinformación y la presión que enfrentaron estos inmigrantes”, dijo Gelernt. “Muchos no entendían sus derechos, no tenían idea de qué decía el documento que firmaron y ahora pedimos esos siete días para asegurarnos que tienen todo muy claro”.

Abogados del departamento de justicia alegaron en el documento ante la corte que la petición de esperar siete días para deportar a las familias reunidas “no tiene ningún propósito más que el de retrasar la deportación” y agregó que el tribunal no tiene jurisdicción de ordenar tal retraso.

“La ley de Inmigración y Nacionalidad determina que las cortes federales no tienen derecho de detener una orden de deportación expedita que es la que se está aplicando en muchos de estos casos”, reza el documento del gobierno.

Abogados y organizaciones que trabajan con las familias tienen por delante una tarea hercúlea aún si el gobierno cumple con todo lo que el juez ordenó, dijo Gelernt.

“Tenemos mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, queremos encontrar a los padres deportados y queremos la ayuda del gobierno para hacerlo“, indicó. “También hay que asegurarse que esos 917 que el gobierno dice que no puede reunir con sus padres porque estos tienen un delito en su historial, realmente tienen un delito y si el delito es menor, lucharemos por reunirlos”.

Los demandantes pedirán más transparencia de parte del gobierno sobre quiénes son estos migrantes y donde están, y también han solicitado al juez que ordene al gobierno crear un fondo económico para asistir a los menores traumatizados por esta medida de “tolerancia cero”, que separó a más de 2,500 familias.

Por ejemplo, los abogados no han recibido una lista de familias reunidas y donde están o hacia donde se dirigen  (muchas han sido liberadas).

El plan del gobierno es detener a las familias que aún no han sido liberadas en el centro de detención familiar de Karnes en Texas, o al menos es lo que sugiere el documento presentado por el Departamento de Justicia.