Laura Bozzo estalla contra un cineasta por usar su “célebre” frase
La presentadora de televisión interpondrá una demanda judicial contra el director de la película peruana "Caiga quien caiga"
Laura Bozzo. Crédito: Televisa
Laura Bozzo anunció hoy que este miércoles interpondrá una demanda judicial contra el director de la película peruana “Caiga quien caiga“, Eduardo Guillot, por el supuesto uso indebido de una frase que ella ha patentado en el filme sobre el exasesor Vladimiro Montesinos.
Bozzo declaró a la emisora radio Capital que la frase “que pase el desgraciado” está registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
La presentadora que, al igual que Vladimiro Montesinos, envió antes una carta notarial para que no se estrene la película, aseguró hoy que no tiene la intención de censurar el filme, sino evitar el uso de su frase.
“Yo no censuro nada, lo que estoy haciendo es hacer valer mi derecho porque la autoría es mía. Esa frase está registrada en Indecopi y nadie puede usarla sin autorización. Está patentada“, apuntó.
“Caiga quien caiga”, que se estrenará este 23 de agosto en Perú y está basada en el libro homónimo del ex procurador anticorrupción José Ugaz, cuenta el proceso judicial y la captura, en junio de 2001, del que fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Bozzo, quien también es representada en la película, señaló que además de la carta notarial que ya ha enviado al cineasta, presentará una querella, una medida cautelar civil y una acción de amparo en contra de la producción de la cinta.
Asimismo, calificó al filme de un elemento “distractor”, usado por parte de la izquierda “caviar” (adinerada) peruana, y aseveró que no permitirá que “embarren” su nombre.
Desde 2002, Laura Bozzo permaneció tres años en arresto domiciliario en un estudio de televisión, tras ser acusada de recibir tres millones de dólares de Montesinos para apoyar la segunda reelección de Fujimori.
En julio de 2006, la presentadora fue condenada a cuatro años de prisión suspendida por la tercera sala penal anticorrupción, que la encontró cómplice de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado (malversación de fondos públicos).
