Editorial: Crisis institucional en Guatemala
Guatemala no puede caer en el aislamiento global
Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Crédito: EFE
El presidente Jimmy Morales está creando una crisis institucional con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desafía las normas internacionales con el fin de cerrar una investigación en su contra por supuesta corrupción.
Morales dio 24 horas a la Comisión, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, para que se retire de su país, en vez de esperar al 3 de septiembre de 2019, fecha en que se vence el acuerdo que posibilita la labor de la entidad.
Las tensiones del gobierno de Morales con la CICIG existen desde hace un tiempo. Empeoraron hace unos días cuando el gobierno negó la entrada a Guatemala a uno de sus integrantes, violando una decisión contraria de la Corte de Constitucionalidad.
Eso fue suficiente para Morales, quien en una aparición televisiva junto a supuestas víctimas de acusaciones injustas por parte de la CICIG, anunció el fin a la colaboración por violaciones “graves” a las leyes nacionales e internacionales y un proceder “inescrupuloso e inaceptable”.
El CICG se creó en 2006 en virtud de un Tratado entre la ONU y Guatemala, como un ente independiente de apoyo a la Oficina del Procurador Público, la Policía Nacional Civil, en investigaciones de casos sensibles y difíciles. El acuerdo fue renovándose con el paso del tiempo y con los éxitos de la Comisión. Expresidentes, alcaldes, funcionarios y exmilitares fueron presos por delitos que van desde violación a los derechos humanos a simple corrupción.
Los problemas con Morales comenzaron cuando el Presidente fue acusado de no reportar al Tribunal Electoral al menos un millón de dólares recibidos por su campaña presidencial. Por lo menos cinco empresarios fueron condenados por aportes ilegales a la campaña de Morales. Ya hay peticiones para quitarle la inmunidad al presidente. El empresariado respalda la expulsión de la Comisión.
La cancelación unilateral de un acuerdo con la ONU corre el riesgo de aislar a Guatemala de la comunidad internacional. La acción de Morales no está contemplada en las normas que rigen estos tratados. Y el enfrentamiento interno con la Corte de Constitucionalidad agudiza las diferencias ya existentes entre un Presidente que no quiere rendir cuentas y un panel nacional a cargo de la defensa del orden constitucional.
De esta manera Morales está siguiendo los pasos de Nicaragua y Venezuela. Dos naciones cuyas democracias están en jaque y son parias internacionales.
Guatemala no puede caer en el aislamiento global. Hoy la nación centroamericana necesita de respaldo exterior para mejorar tanto la seguridad interna como su economía.
Son sus ciudadanos los que desafían numerosos peligros para buscar horizontes mejores. La actitud autoritaria de Morales es un ejemplo de la endeble democracia y la tolerancia a la corrupción que estimulan el éxodo humano.
Guatemala lleva 26 años de democracia desde el “Serranazo”. Con esta acción, Morales puede encaminar de nuevo la nación al totalitarismo para proteger la corrupción.
