Familiares de presos en Guerrero dan ultimátum a AMLO

MEXICO –  Familiares de 19 presos en Guerrero dicen que el gobierno del estado, encabezado por Héctor Astudillo, envió el año pasado a un grupo de sicarios para confrontarlos y así encarcelar a luchadores opositores al proyecto de hidroeléctrica “La Parota”.

En el zafarrancho que ocurrió en el poblado de Cacahuatepec, cercano al puerto de Acapulco, a las 3:00 de la mañana del 7 de enero de 2018, murieron ocho personas (dos pobladores y seis de los atacantes) y desde entonces se encuentran encarceladas las casi dos decenas de personas entre quienes se encuentra Marcos Suástegui.

Suástegui ha sido un duro opositor a la construcción de la presa La Parota desde el año 2002, cuando las autoridades determinaron el proyecto sin consultar a los pobladores que consideran a la zona como un territorio indígena que debe ser protegido por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Queremos que intervenga el presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos una audiencia con él”, dijo Kenia Hernández, coordinadora del Movimiento por la libertad de los Presos Políticos de Guerrero en conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde se presentaron los representantes de la organización y policías comunitarios.

La comitiva afirma que tiene pruebas muy específicas de la infiltración del gobierno del estado en la organización con miras a dividirla y lograr, al fin, la consolidación de La Parota. Estos indicios se basan en la presencia de un sujeto conocido como “El Chistorete” y su aliado Eliseo del Villar acusado de fraude a la policía comunitaria CRAC que opera en la región.

Además, César Flores Maldonado, primo y operador del gobernador presuntamente compró terrenos cerca de la zona donde se encuentra la presa hidroeléctrica con miras a tener voz y vcoto en la asamblea que autorizaría el proyecto.

“No vemos otra razón del porqué la necedad de tenerlos presos si no hay pruebas de los delitos de asesinato que se le acusa (la fiscalía estatal sólo ha documentado la testimonial, pero no la radisonato de sodio ni la balística”, advirtió María de la Cruz Dorantes, quien estuvo presa un año. “La razón es porque le estorbamos”.

Los familiares han radicalizado poco a poco sus protestas en la medida en que pasa el tiempo y los suyos siguen en prisión a pesar del anuncio del nuevo gobierno de liberar a todos aquellos reclusos por lucha social.

A finales de año bloquearon la autopista México- Acapulco en plenas vacaciones invernales, cuando la carretera tiene uno de los mayores flujos de automóviles, y amenazan con radicalizarlos más si el el próximo 6 de febrero no liberan a los acusados o los recibe el presidente.

Desde otra perspectiva, familiares de los dos muertos del bando contrario también solicitan justicia por los asesinatos.