México, de la solidaridad al rechazo a centroamericanos
En los últimos tiempos se han incrementado las agresiones a los migrantes indocumentados
Migrantes Crédito: EFE/
MEXICO – Las hondureñas Cindy Mendoza y Silvia Castillo caminaban por el kilómetro 21 entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, después de ingresar clandestinamente a México, cuando un auto las arrolló junto al salvadoreño Noel Paz.
El alcalde de Huixtla, José Luis Laparra, impidió entrar a las más recientes caravanas de migrantes al pueblo que gobierna. Atravesó cuatro patrullas y así los centroamericanos no pudieron descansar tranquilos ni alimentarse.
Una diputada dio “gracias a Dios” en el pleno del congreso de Tabasco porque un grupo de hondureños se desvió de ruta y así no tocó su pueblo natal Tenosique que, por décadas, ha sido un corredor de paso de inmigrantes hacia Estados Unidos.
El albergue La 72, una organización civil defensora de migrantes, y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), denunciaron que desde el año pasado y hasta últimas fechas la frontera sur de México vive un “boom”de ataques xenófobos por el incremento de las caravanas y la visibilización del fenómeno.
“Las agresiones a migrantes indocumentados se dispararon un 186%”, advirtió el sacerdote Tomás González, fundador de la 72. “Los tres niveles de gobierno muestran una indolencia total y falta de políticas públicas para protegerlos con lo cual provocan un ambiente hostil contra los migrantes”.
El caso es que los pobladores que anteriormente pagaban dinero de su bolsillo para alimentarlos y hasta abrían sus casas para albergarlos hoy les cierran las puertas. “Son muchos y ya no nos damos abasto. Mi esposo me dijo hace poco ¿cuándo vamos a acabar de darles y ni agradecen”, dijo María Juárez una ama de casa en Arriaga durante una entrevista con este diario.
En días pasados, circuló un video en redes sociales que muestra el momento en que presuntamente una familia de migrantes centroamericanos agrede a comerciantes mexicanos en Chiapas. La mujer acusaba a la chiapaneca de “recabar” firmas para que la echaran de una casa donde rentaba.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, reconoció que en febrero ingresaron al país 76,000 aún cuando el programa de visas humanitarias concluyó a finales de enero. El gobierno no ha lanzado uno nuevo, sino que administra las entradas de manera discrecional.
En Tapachula, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración determinó cerrar las oficinas hasta el 15 de mayo mientras en Mapastepec otorgó a miles la pulsera de “prerregistro” para la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, dos actitudes frente al fenómeno que confunde tanto a los flujos migratorios como a los pobladores.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar las visas humanitarias a todo migrante y retirarse del Pacto Global de Migración firmado en diciembre pasado.
“Sabemos que el gobierno tiene política de puertas abiertas a la migración. Les ofreció apoyos, salud, seguridad, alimentación y trabajo. Sin embargo, hemos visto que a su paso por Chiapas han usado espacios públicos donde dan inseguridad a la población, albergues públicos donde hacen sus necesidades y se bañan, donde la población local es agredida”, advirtió José Antonio Toriello, director de la Coparmex en la regió costa de Chiapas.
“Además debe resolver primero los problemas de los mexicanos”.
Tonatiuh Guillén, comisionado del INM, precisó en una entrevista radiofónica que México sí está tomando cartas en el asunto para frenar a indocumentados: mientras el gobierno de Donald Trump amenazaba con cerrar la frontera, en febrero se detuvo para deportación a 9,900; en marzo, a 12,746 y sólo en los dos primeros días de abril a 1,252.
