Trump empezará a deportar a inmigrantes a país con alta tasa de homicidios, sean o no de allí

Critican que el presidente envíe a solicitantes de asilo a países con sistema de protección débiles

Las deportaciones a Guatemala comenzaron la semana pasada.

Las deportaciones a Guatemala comenzaron la semana pasada. Crédito: ORLANDO ESTRADA | AFP via Getty Images

La Casa Blanca ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) que implemente un acuerdo para enviar a los solicitantes de asilo a Honduras en enero. Este es el segundo en una serie de acuerdos controvertidos con países centroamericanos para deportar a los migrantes que buscan protección en la frontera sur, según un documento gubernamental obtenido por BuzzFeed News.

La implementación del acuerdo se ha encontrado con una serie de problemas que parecen estar complicando la fecha límite de enero. El acuerdo con Honduras se firmó inicialmente el pasado septiembre, en ese momento, los funcionarios de la agencia no proporcionaron muchos detalles específicos sobre su implementación, y es parte de la estrategia de la administración Trump para disuadir a los solicitantes de asilo de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Los críticos dicen que la administración Trump está obligando a las personas que huyen de la violencia y la pobreza a regresar a países que tienen sistemas de asilo débiles y no pueden proteger a su propia gente, y mucho menos a los migrantes.

La semana pasada, los funcionarios del DHS implementaron un acuerdo similar para enviar a Guatemala a los solicitantes de asilo adultos recogidos en el área de El Paso que son de Honduras y El Salvador.

En octubre, los funcionarios del DHS viajaron a Honduras para discutir los detalles sobre la implementación del plan sin precedentes, llamado el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), de acuerdo con los materiales informativos elaborados para el secretario interino del DHS, Chad Wolf, y obtenidos por BuzzFeed News.

Las discusiones en Honduras parecen haber topado con algunos obstáculos. Primero, los funcionarios hondureños han solicitado que nadie condenado o acusado de un delito grave sea enviado a su país, una propuesta que fue vista por los funcionarios del DHS como “operacionalmente inviable dada la naturaleza acelerada de los traslados”.

También querían que los solicitantes de asilo “manifestaran su conformidad” o expresaran su acuerdo de ser transferidos, algo que los funcionarios del DHS recomendaron rechazar o aclarar porque “no era legal ni operacionalmente factible”.

Además, los funcionarios hondureños querían que las transferencias comenzaran solo una vez que ambos países “notificaron que habían cumplido con las condiciones legales e institucionales necesarias para la implementación adecuada de este acuerdo“. Pero en privado, los funcionarios del DHS vieron esa solicitud como un intento de salir del país. tratar si quisieran.

“Esto se lee como la escotilla de escape [del gobierno de Honduras] para no implementar el ACA dada su falta de” condiciones institucionales “o como el gancho para exigir más ayuda” de los Estados Unidos o de organizaciones no gubernamentales, escribieron los funcionarios.

Los funcionarios del país centroamericano también querían una definición de lo que constituiría una exención de “interés público” para deportar a alguien a Honduras. La exención vaga también se está utilizando en el plan para deportar a solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala.

Pero en su recomendación a Wolf, los funcionarios del DHS dijeron que la solicitud debería rechazarse ya que le da al gobierno de EEUU “más flexibilidad operativa” para no definir lo que consideran “la exención de interés público” para cuando eligen “no eliminar a un extranjero de conformidad con la ACA”.

Los funcionarios del DHS han dicho previamente que más del 71% de las personas detenidas en la frontera sur en el año fiscal 2019 eran de Guatemala, Honduras o El Salvador.

Honduras tuvo una tasa de homicidios de 40 por cada 100,000 personas en 2017, mientras que la de Guatemala fue de 22.4 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del hemisferio occidental, según InSight Crime.

El “tercer país”, al igual que los acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con políticas que obligan a los solicitantes de asilo a permanecer en México durante la duración de sus casos en los Estados Unidos y una regla que prohíbe el asilo para las personas que cruzan a través de México. llegar a la frontera sur, casi cerraría los Estados Unidos a las personas que huyen de la persecución en América Central.

Por Pelayo Escandón


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