Exitoso primer año del programa de Trump y AMLO para “deportar” a inmigrantes

Con el envío de más de 20,000 inmigrantes, el programa “Permancer en México” comenzó a dar resultados desde los primeros meses que fue implementado entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

Su operación logró un mayor impulso luego de negociaciones en mayo pasado, derivadas de la presión de la administración del presidente Donald Trump al de Andrés Manuel Lópea Obrador por tarifas a productos mexicanos.

A un año del polémico programa, al que activistas y defensores califican como una nueva forma de deportación, ambos países han logrado que 57,000 personas esperen en México por una audiencia de petición de asilo, la cual podría tardar años o nunca llegar.

Reportes de organizaciones como Human Rights First indican que al menos menos hay 816 reportes de tortura, asesinatos, violaciones, secuestros y otros ataques violentos contras personas bajo ese programa, abonando a las críticas de que las personas son enviadas en condiciones de vulnerabilidad: sin dinero, sin un lugar específico para vivir y con pocas oportunidades laborales.

La coalición de más de 200 organizaciones defensoras de inmigrantes Families Belong Together (Las Familias Pertenecen Unidas) acusan que esas cifras podrían ser mayores.

Agrega que inmigrantes vulnerables que se supone no sean sometidas al programa –conocido también como MPP– son integradas. No importan si son niños, adultos con problemas de salud y personas con enfermedades mentales, embarazadas o miembros de la comunidad LGBTQ que podrían ser agredidas.

“Después de un año viviendo bajo esta política, la Administración Trump sigue poniendo a familias en peligro. La cantidad de violencia, tortura y abuso contra los que están viviendo en la calle con hogares improvisados sigue subiendo, mientras esperan su oportunidad para encontrar seguridad”, consideró Paola Luisi, codirectora de Families Belong Together. “Los estadounidenses no creemos en el maltrato de niños ni familias. Debemos ponerle un fin a esta política y demandar que las familias sean tratadas con humanidad y compasión”.

El programa es calificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como uno de los más exitosos para mantener “segura la frontera”.

“Hoy hace un año, en respuesta a la crisis humanitaria a lo largo de nuestra frontera sur, @DHSGov implementó los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP)”, indica un mensaje de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la cual debe dar seguimiento a las peticiones de asilo. “MPP es una de varias herramientas que DHS está utilizando para mantener un proceso de inmigración seguro y ordenado mientras combate el fraude y abuso generalizados”.

En noviembre de 2015, un grupo conocido como el “Equipo Rojo” que revisó la política, lanzó una alerta a la Administración Trump sobre fallas en el programa, adelantó BuszzFeed en aquel entonces.

Aquel reporte fue retomado por organizaciones como American Progress que destacaron los problemas: impedir a los solicitantes de asilo recibir un día justo en la corte y exponiéndolos a condiciones inhumanas y peligrosas en México.

“La gran conclusión es que MPP no está funcionando”, dijo un ex funcionario del DHS en el reporte. “Esto parece alinearse con cada crítica que escuchas de MPP. Algunas de estas recomendaciones están redactadas con suavidad, pero sugieren que encontraron serios problemas que necesitan ser remediados”.

A 11 días de darse a conocer el reporte, el DHS difundió un memorando de cambios importantes, emitido por el director interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan; el director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence, y el director interino de USCIS, Mark Kaumans.

Los cambios buscan acelerar el procesamiento de casos judiciales, pero incluirán una revisión de los procedimientos de intercambio de información entre agencias federales, luego de las críticas de activistas por “erosionar” el debido proceso a inmigrantes.

El memorando cita el reporte del “Equipo Rojo” y ordena, entre las que destacan:

1. Reforzar los “Principios Rectores” del MPP a los agentes y oficiales con respecto a las categorías de individuos no susceptibles de ser integrados al programa, específicamente “extranjeros en circunstancias especiales” como aquellos con problemas conocidos de salud física o mental.
2. Examinar la orientación actual para determinar el manejo de documentos y la interacción entre las autoridades responsables del programa, como oficiales de detención y de revisión de peticiones.
3. Desarrollar planes con el Departamento de Justicia (DOI) para llevar a cabo todos los procedimientos.
4. Facilitar el acceso a asesoramiento y salvaguardas (activistas, familiares y/o abogados) a través del proceso de MPP.
5. Ofrecer una lista de servicios legales gratuitos o de bajo costo proporcionados a extranjeros
6. Identificar prácticas comunes para unidades familiares de grupos mixtos de nacionalidades.
7. Crear un mecanismo integrado para compartir información MPP entre DHS y DOJ.
8. Dar seguimiento a los casos de MPP.

Según los funcionarios migratorios, varios de esos cambios ya están en proceso o se han implementado, aunque no hay un reporte reciente de sus aplicación, además de destacar como una necesidad la coordinación con autoridades mexicanas, estatales y federales, para revisar el cumplimiento de los beneficios para inmigrantes.