Los contrapesos de poder que López Obrador busca eliminar

El mandatario ha colocado a sus incondicionales en puestos estratégicos para manipular a legisladores, advierten

Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Agencia Reforma

MÉXICO.- Los críticos dicen que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta nada que lo contradiga o le reste poder y, para evitar contrapesos, no ha dudado en quitar dinero a los organismos autónomos como el Institututo Nacional Electoral y al sistema de transparencia; en colocar incondicionales en el poder judicial y el máximo organismo de derechos humanos y en “manipular” a los  legisladores de su partido.

El mandatario mexicano y políticos afines contraargumentan que se trata de austeridad y combate a la corrupción y a los abusos del dinero público; que al Cuarta Transformación —o 4T — no ha hecho más que seguir las reglas de proponer a personas donde, por ley, tiene que hacerlo y que los diputados  y senadores no le son incondicionales sino convencidos.

Lo cierto es que durante la presente administración, el instituto electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son centro de la polémica por la acotación a su trabajo a través de diversas estrategias (para empezar, redujeron poco más de 240 millones de dólares, en su equivalente en pesos) y se prevén más limitaciones.

 EL LEGISLATIVO CON EL PRESIDENTE

 El papel del legislativo para restringir los contrapesos al Ejecutivo es claro. Cada vez que AMLO busca un cambio a estos organismos o propone a sus candidatos para ocupar puestos clave, ha contado con diputados y senadores quienes, en última fechas, se organizaron como la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la 4T.

Así se llama, se presentó en meses recientes, y busca apoyar las políticas del López Obrador y la “defensa de sus intereses” a través de leyes y acuerdos que aprobarán en automático. El diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, dijo que este grupo busca “ganar la hegemonía política y el poder total del país”.

Horacio Vives, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) explicó que la fuerza del legislativo a favor de AMLO se logró, al principio, con una “sobrerrepresentación” en la Cámara de Diputados, es decir, que lograron ser mayoría sumando a legisladores que en principio no eran parte del proyecto de Morena sino que vieron conveniencia en ser parte del proyecto oficial.

“En la elección de 2018, Morena y sus aliados llegaban sólo al 42% de los votos en la cámara y hoy tienen el 67% por convenios con la oposición. Esto no corresponde con la decisión de los electores que había generado más contrapesos”.

Con esas alianzas, el presidente ha logrado restar poder a los organismos autónomos que habían logrado la independencia del presidente a lo largo de los años: hasta 1997, las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo.

“La ausencia de reelección hace que los diputados dependan del presidente en turno para continuar con su carrera política exitosa y por ellos se vuelven incondicionales, hacen lo que tenga que hacer”, advirtió Jorge Buendía, director de la casa encuestadora Buendía & Laredo.

Tras las recientes reformas, los diputados se podrán reelegir, pero será hasta el  2021; los senadores, en 2024. “Difícilmente observaremos en este sexenio los beneficios de la reelección en términos de independencia y autonomía legislativa. La construcción de estas será un proceso lento, difícil de avance y retroceso”.

 ¿QUE PASA EN EL INE?

 Los consejeros del INE han sido algunos de los personajes públicos más rebeldes a AMLO. Cuando el presidente dijo que haría consultas de temas controversiales  —como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o el Tren Maya — sin la intervención del INE,  el presidente Lorenzo Córdova no dudó en calificarla de ilegal porque el mandato de ley obligaba la intervención del organismo para garantizar la imparcialidad. Aún así, el mandatario continuó con su decisión.

Un segundo enfrentamiento surgió tras la reforma para reducir los salarios de los burócratas para que nadie pueda ganar más que el presidente. Los consejeros utilizaron recursos legales para evitarlo, una situación que se mantiene hasta el momento.

Los diputados morenistas y aliados quieren llevar este caso a la Suprema Corte para que determine si el INE, un organismo autónomo, tiene o no facultades para definir los sueldos de sus funcionarios.

“El problema es que no hay argumentos o criterios técnicos para reducir los salarios, sólo es a contentillo del presidente y eso no puede permitirse”, advirtió Jorge Espadas, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), quien en fechas recientes propuso una iniciativa para  garantizar los contrapesos y evitar la concentración del poder en una sola persona.

En los próximos meses, se prevé un tercer round entre el Ejecutivo y los representantes del INE porque deberán renovarse cuatro consejeros que concluyen su gestión que tuvo una duración de seis años.

Laconvocatoria, según analistas, abre la puerta para que Morena y sus aliados –el PT, Encuentro Social y Verde Ecologista– promuevan a los personajes amigos del presidente como ya ocurrió en otras instituciones.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente se impuso con la aprobación en el Senado de Yasmín Esquivel, y previamente Juan Luis González Alcántara CarrancáMargarita Ríos Farjat, cuestionados por su cercanía con el presidente; en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la hija de la luchadora social y activista a favor de la 4T, Rosario Ibarra de Piedra.

“Desde los años 90 los partidos políticos han querido poner personas allegadas en el Consejo General INE (antes IFE) y con frecuencia la crítica que se le ha hecho es que el Consejo General parece un repartimiento de cuotas y eso es parcialmente cierto”, detalló Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente.

La diferencia, detalla, es que anteriormente los partidos tenían que negociar  para que cada aspirante alcanzara los votos necesarios en el Pleno para convertirse en consejero. Ahora, Morena no tendría que negociar con los demás grupos parlamentarios, ya que con sus aliados podría conseguir la mayoría requerida.

 TRANSPARENCIA DISMINUIDA

 Los programas sociales del actual gobierno tienen un presupuesto de $16,000 millones de dólares, sin embargo, la mayoría de ellos no tienen reglas de operación porque el mandatario no las ha publicado por lo que no es transparente

“Durante el 2019 se entregaron recursos millonarios sin transparencia, no se sabe en qué se gastaron. En Guanajuato, donde tengo mi representación, hicieron firmar a mucha gente como si hubiera recibido el apoyo de seis bimestre y sólo les entregaron dos, ¿dónde fue a dar ese dinero?”, denunció Espadas.

En otro ejemplo de opacidad se encuentra el subejercicio por alrededor de 3,000 millones de dólares, un dinero que, si no se gasta a tiempo (antes del primer semestre de cada año),  el destino queda a discreción del del  presidente.

Ocurrió en la Secretaría del Bienestar, donde se culpó al sistema electrónico para que los clubes de oriundos no pudieran registrar sus proyectos para las comunidades en el extinto 3×1.

En su momento, Guadalupe Gómez, de la Federación de Clubes Zacatecanos, dijo a este diario que la responsable informó que el dinero sería utilizado para los proyectos de ayuda a Centroamérica, pero oficialmente no se dio ninguna explicación.

Desde otra trinchera, la organización Mexicanos contra la Corrupción, alertó que, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro  es “atípico e inverosímil” porque los datos no pueden ser verificados debido a que no existe un padrón público con los detalles de los becarios del programa.

En una investigación descubrieron que de las 6,469 empresas en la Ciudad de México, sólo pudieron encontrar a 763 empresas y sólo 413 tenían becarios.

¿A quien se le va a preguntar si el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la información) tuvo uno de sus mayores recortes de presupuesto este año?

 LA VERSION OFICIAL

 El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, negó que los recortes pongan en riesgo la democracia, “se redujeron costos a los organismos autónomos en una cantidad significativa, pero el presupuesto es racional, es cuidadoso, no hay endeudamiento, no hay excesos, es lo justo”.

 

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