El caso de Ábrego García y la desobediencia de la administración Trump a órdenes judiciales

Activistas en Chicago deploran la deportación a El Salvador del migrante, acusado sin pruebas de ser miembro de una pandilla

Jennifer Vásquez Sura, esposa del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador y recluido en una cárcel de alta seguridad.

Jennifer Vásquez Sura, esposa del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador y recluido en una cárcel de alta seguridad.  Crédito: AP

La administración Trump aún se rehúsa a regresar a Estados Unidos, Kilmar Ábrego García, un hombre de origen salvadoreño vecino de Maryland que fue enviado por error a una prisión de alta seguridad en El Salvador.

Esto a pesar de que una corte de distrito así lo exigió y luego de que la Corte Suprema ordenó que la administración de Trump “facilite” el regreso de Ábrego García a Estados Unidos. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, ha dicho que la decisión de regresar a Ábrego García “está en manos de El Salvador”.

Sin embargo, en una visita a la Casa Blanca el pasado lunes, el presidente de El Salvador Nayib Bukele dijo a la prensa que no tiene la intención de regresar a Ábrego García a Estados Unidos.

En marzo de este año, la administración de Donald Trump pagó $6 millones de dólares al gobierno de Bukele para que albergue a 238 migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esos migrantes, la mayoría venezolanos, fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador bajo el argumento de que son miembros de la banda delictiva Tren de Aragua y otros grupos criminales.

La administración Trump ha dicho que Ábrego García pertenece a la pandilla Mara Salvatrucha, pero la juez federal Paula Xinis ha dicho que la administración Trump no ha presentado pruebas de que eso sea cierto. Xinis señaló el pasado martes que miembros de la administración “cancelen sus vacaciones” para concentrarse en mostrar a la corte que tienen la intención de devolver a Ábrego García a su familia.

Ábrego García tenía, al ser detenido por los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas y del FBI una orden de protección y estaba viviendo en Maryland legalmente.

Reacciones en Chicago

El caso de Ábrego García, un trabajador de la construcción y padre de familia, ha suscitado fuertes reacciones entre la comunidad hispana y mexicana.

“No puedo ni imaginarme todo el dolor por el cual está pasando su familia”, dijo la activista Dolores Castañeda a La Raza.

Castañeda dijo que opina que la administración Trump está yendo al extremo de llamar “terroristas” a los inmigrantes.

“Nos están quitando todos nuestros derechos humanos”, dijo Castañeda, quien es una activista del área de La Villita en Chicago

Castañeda agregó que la administración Trump está causando mucha incertidumbre “pues un día dice una cosa y otro día dice otra.”.

“Parece un niño caprichoso”, dijo Castañeda, quien dijo no estar de acuerdo en criminalizar a los inmigrantes que además pagan impuestos y no siempre les dan los servicios que ellos merecen.

Para Laura Paz, quien forma parte de la organización El Pueblo Manda, ella ve este caso desde una perspectiva histórica amplia.

“Lo que quiero decir es que la gente indígena llegó primero a este continente y como el 99% de los hispanos tenemos sangre indígena, ¿quiénes son los de extracción europea para decirnos quién pertenece en este país y quien no?”, señaló Paz.

“Es tan obvio que Ábrego García debe ser dejado libre y traído a este país, pero Trump no lo hace porque es un racista”, destacó Paz.

Además, Paz dijo que su opinión es que Trump no conoce lo que significa la democracia y por tal razón actúa con mucha arrogancia.

La administración rechaza el regreso de Ábrego

La administración de Trump está firme en que Ábrego García no regrese al país.

La misma vocera de prensa de Trump, Karoline Leavitt, ha dicho numerosas veces que lo del arresto de Ábrego García “fue un error administrativo” pero aun así la administración se rehúsa a acatar las órdenes de la juez Xinis y la de la Corte Suprema.

En paralelo, otro juez federal, James Bamberg, dijo este miércoles que hay causa probable para encontrar a funcionarios del gobierno de Trump en desacato de las cortes, en alusión a que pese a que una corte lo ordenó, el gobierno de Trump no suspendió los vuelos con migrantes deportados hacia El Salvador.

Boasberg dijo esto mientras el debate escala sobre la actuación de Trump en usar una ley de 227 años para deportar a 238 venezolanos a El Salvador.

Trump dijo públicamente que actualmente “estamos en guerra” ya que dicha ley que sustentó, para Trump, deportar a los venezolanos a El Salvador a la CECOT solo se ha usado dos veces pero en tiempos de guerra.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

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