Niños inmigrantes demandan a Trump por trabas que frenan la reunificación familiar
Demoras, pruebas de ADN y nuevas políticas alargan la reunificación familiar
Niños inmigrantes pasan tiempos prolongados lejos de sus padres, tras ser detenidos por agentes de ICE. Crédito: Wilfredo Lee | AP
Un grupo de niños inmigrantes presentó una demanda contra la administración de Donald Trump, acusando que nuevas políticas han extendido de forma injustificada el tiempo que permanecen bajo custodia del gobierno tras ser detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.
El caso pone en el centro el sistema de detención de menores, luego de que varios niños pasaran meses en albergues federales pese a tener familiares disponibles para recibirlos.
Pruebas de ADN y obstáculos a la reunificación
Uno de los casos más representativos es el de Diego N., un adolescente de 14 años que permaneció cuatro meses bajo custodia tras ser detenido por la Patrulla Fronteriza, a pesar de que su padre ya había sido aprobado previamente como tutor.
La razón principal de la demora fue la implementación de nuevos requisitos, entre ellos pruebas de ADN obligatorias para verificar la relación entre menores y patrocinadores. Aunque su padre contaba con autorización desde 2024, tuvo que esperar meses para conseguir una cita.
Diego fue liberado solo después de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) decidiera eximir el requisito en su caso.
Según datos oficiales, más de 2,000 menores no acompañados permanecen bajo custodia del gobierno, con un tiempo promedio cercano a los 200 días, más del doble que durante el pico de separaciones familiares en el primer mandato de Trump.
Audiencias rápidas y fin a detenciones prolongadas
La demanda, interpuesta contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos, busca acelerar los procesos de reunificación familiar y evitar que los menores permanezcan detenidos por largos periodos tras ser reingresados al sistema.
Los abogados, entre ellos representantes del Centro Nacional de Derecho Juvenil, piden que se establezcan audiencias individualizadas en un plazo máximo de siete días. “No existe precedente para mantener a menores detenidos de forma preventiva”, señaló la abogada Diane de Gramont ante el tribunal.
El caso es analizado por el juez federal Carl Nichols, quien ha cuestionado las demoras en algunos casos, aunque también reconoció que las autoridades podrían tener interés en revisar nuevamente a los patrocinadores.
Por su parte, el gobierno sostiene que las medidas buscan proteger a los menores y garantizar que sean entregados a cuidadores adecuados. Un abogado del Departamento de Justicia afirmó que implementar audiencias rápidas sería “demasiado engorroso”.
Sin embargo, los testimonios incluidos en la demanda revelan el impacto humano de estas políticas. Renesme R., de 16 años, relató que fue arrestada sin explicación. “Tenía mucho miedo y lloraba”, declaró. Otro menor de 8 años, separado de su madre durante seis meses, aseguró: “Es más difícil estar detenido otra vez”.
Organizaciones defensoras advierten que estos casos reflejan un problema estructural. “No podemos perder de vista el daño irreparable que se está causando”, advirtió De Gramont.
El litigio podría marcar un precedente sobre los límites de la detención de menores inmigrantes en Estados Unidos.
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