Grupo fundado por exagente de ICE recibe contrato de $158 millones para representar a menores migrantes
El fundador de ese grupo, Our Rescue, enfrentó, luego de dejar esa organización, acusaciones de tráfico sexual en un proceso que sigue abierto
Un niñito de origen centroamericano corre por un pasillo en un centro de detención de migrantes en San Diego, California. Crédito: AP
La administración del presidente Donald Trump otorgó un contrato federal de al menos $158 millones a Our Rescue, una organización dedicada a combatir la trata de personas, para brindar representación legal a menores migrantes no acompañados que enfrentan procesos de inmigración.
El contrato, otorgado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), podría superar los $244 millones, según el aviso del contrato publicado a finales de la semana pasada.
La decisión se produce mientras el gobierno federal reorganiza los servicios legales para menores migrantes, luego de que el pasado 31 de julio venció un contrato con la organización Acacia Center for Justice que durante décadas financió una red nacional de organizaciones legales sin fines de lucro.
El cambio ha dejado a menores en Chicago y en otras partes del país con incertidumbre sobre quién los representará ante la corte de inmigración.
Our Rescue fue fundada originalmente como Operation Underground Railroad por Tim Ballard, un exagente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ballard dejó la organización en 2023 y posteriormente fue acusado de tráfico sexual y trabajo forzado en una demanda federal. El litigio continúa, según The Washington Post.
La organización ahora está dirigida por Derek Benner, quien anteriormente estuvo al frente de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE.
Cambios en la representación legal
Durante años, el Acacia Center for Justice administró el programa federal que coordinaba una red de casi 100 organizaciones legales sin fines de lucro encargadas de representar a menores no acompañados.
En Chicago, el National Immigrant Justice Center (NIJC) ha sido una de las principales organizaciones que representa a menores a través de este programa.
Bajo el sistema anterior, NIJC era notificado cuando un menor no acompañado llegaba a un albergue administrado por el gobierno. Los abogados explicaban el proceso migratorio y representaban a los menores ante la corte de inmigración.
En muchos casos, los abogados continuaban representándolos después de que eran entregados a familiares o patrocinadores en Illinois.
Ese sistema terminó cuando el contrato federal venció el 31 de julio.
Hillary Richardson, directora asociada de Protección Infantil de NIJC, dijo anteriormente a La Raza que la organización continúa representando a sus clientes actuales, pero que no podrá mantener ese nivel de servicio indefinidamente.
“Si un menor llega a un albergue en Chicago esta semana, ya no seremos notificados”, dijo Richardson. “Ese niño o niña podría ni siquiera saber que tiene un caso en la corte de inmigración, no entender cómo funciona el sistema y, aun así, se espera que encuentre un abogado por su cuenta”.
Acacia estimó que el vencimiento del contrato podría afectar a más de 20,000 menores en todo el país.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) había informado anteriormente a La Raza que ofreció a Acacia un contrato temporal antes de la fecha límite del 31 de julio.
La propuesta requería que la organización proporcionara información sobre las personas que representaba y facturara al gobierno por determinados servicios legales.
Acacia rechazó la oferta porque, según la organización, habría requerido revelar información confidencial protegida por el privilegio abogado-cliente.
Richardson dijo a La Raza que el hecho de que el gobierno financie los servicios legales no significa que tenga derecho a acceder a información protegida por el privilegio abogado-cliente, especialmente cuando el propio gobierno es la parte contraria en los casos migratorios de los menores.
Otro contrato genera controversia
El contrato de Our Rescue se suma al anuncio de la administración de otro acuerdo, por hasta $150 millones, con Burke Law Group, un despacho con sede en Houston dirigido por Marcella Burke, una exfuncionaria designada por Trump.
El contrato buscaba proporcionar servicios legales a unos 24,000 menores no acompañados hasta agosto de 2027.
El acuerdo fue criticado por cuestionamientos sobre la experiencia del despacho en derecho migratorio y por la decisión de otorgar el contrato sin un proceso competitivo.
Posteriormente, Burke Law Group informó en sus redes sociales que había decidido no continuar con el contrato.
Por ahora, no está claro cómo será la transición ni si los nuevos proveedores trabajarán con las organizaciones que anteriormente representaban a los menores.
A diferencia de los tribunales penales, las cortes de inmigración no garantizan un abogado para quienes no pueden pagarlo, lo que puede dejar a menores enfrentando solos un proceso legal complejo.
En Chicago, NIJC continúa representando a sus clientes actuales, pero advierte que sus recursos no son suficientes para mantener indefinidamente los servicios que durante años fueron financiados por el gobierno federal.
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