Nueva norma de ‘carga pública’ amenaza a jóvenes y familias inmigrantes de Chicago

Lo admitimos. Nosotros no somos de Chicago. No podemos contarles lo que es estar sentado en tráfico durante la hora pico en el Dan Ryan o cantar “Take Me Out to the Ballgame” en el estadio Wrigley. Eso sí, sabemos una cosa: la ciudad de Chicago es especial.

La diversidad de Chicago destaca cada vez que la visitamos, ya sea por nuestro trabajo como defensores de niños y jóvenes con el Children’s Defense Fund (CDF) o simplemente explorando la ciudad como turistas. Casi una de cada cinco personas que viven en Chicago es extranjera, lo cual supera el promedio nacional. Su ciudad teje toda su rica cultura inmigrante en algo muy único.

Entonces, ¿por qué dos personas desconocidas en la ciudad, una de Nueva York y otra de Texas les están escribiendo? Porque las familias inmigrantes de Chicago se están enfrentando a un nuevo cambio de política, del cual las comunidades de nuestros estados de origen ya se han estado preparando, por eso nosotros como defensores de los niños y jóvenes, ¡creemos firmemente que las familias de Illinois y de todo el país también tienen prepararse!

El próximo 18 de septiembre, la norma federal de “carga pública” cambiará oficialmente.

Actualmente, la ley de inmigración exige que el Departamento de Seguridad Nacional rechace a los solicitantes de “green card” o residencia permanente que se consideren propensos a depender económicamente del gobierno. A partir del 18 de septiembre próximo, desaparecen las protecciones contra decisiones arbitrarias o imparciales acerca la legalidad de utilizar servicios de salud y programas sociales. Los agentes de inmigración podrán utilizar su criterio para basar las denegaciones de solicitudes de ajuste de inmigración a muchas familias de Chicago por haber utilizado ellos o sus hijos estadounidenses programas sociales como Medicaid y SNAP.

Es importante mencionar que muchas personas no les afectará la nueva norma de carga pública. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses, las personas a las que se les concede diversos tipos de protección humanitaria, las personas sin vía hacia el estatus de residente permanente legal y las personas que ya tienen la tarjeta verde o residencia, salvo en circunstancias limitadas, no se verán afectadas.

Pero ya hemos pasado por estos cambios a la carga pública antes y sabemos que este cambio a partir del 18 de septiembre podría perjudicar a las familias inmigrantes de Chicago.

La expansión de la carga pública durante la primera administración Trump y la pandemia, creó un “efecto intimidante”, lo que impidió que muchas familias inmigrantes solicitaran servicios que podían acceder legalmente. En 2020, nuestra oficina CDF-Texas documento en un reporte, las dificultades que experimentaron familias inmigrantes para inscribir a sus hijos en el programa de salud Medicaid.

“Muchas familias solían solicitar y acceder los servicios que sus hijos necesitaban”, mencionó Graciela Camarena, directora del Programa de Alcance de Salud Infantil del CDF-Texas. “A medida que cambió el medio ambiente político, la carga pública, los ataques a DACA, las redadas de ICE, el cierre de fronteras… el miedo se ha multiplicado”.

Una encuesta de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes (PIF) también reveló que aproximadamente la mitad de las personas que son parte de familias inmigrantes que necesitaban ayuda durante la pandemia decidieron no solicitarla debido al miedo del posible impacto negativo migratorio. Así mismo, las solicitudes de SNAP o programa de ayuda de compra de alimentos también experimento una decaída significante. 

Entre 2016 y 2019, las estadísticas del Migration Policy Institute revelaron que las solicitudes de SNAP para no ciudadanos de bajos ingresos cayeron en un 37 por ciento en Nueva York y un aún más alto en Illinois un 45 por ciento.

Esto es intencional. La administración Trump quiere disuadir a las comunidades inmigrantes a acceder a la ayuda pública básica. Lamentablemente, las consecuencias para los habitantes de Chicago serán de gran alcance.

El miedo podría llevar a familias que malinterpreten la carga pública a dejar a sus hijos en casa sin asistir al colegio a pesar de tener derecho a la educación, de la misma manera en ciertas ocasiones la actividad local de ICE provoca el absentismo escolar. El miedo, junto con el estrés y la ansiedad crónicos, también puede dificultar que sus hijos tengan éxito académico. Por último, el miedo puede disuadir a esas familias a buscar acceso a salud mental que los niños necesitan desesperadamente.

Y esto no es todo. 

La Asociación Americana de Salud Pública advierte: “una norma de carga pública poco clara también puede crear consecuencias no deseadas, por ejemplo, que una superviviente de violencia doméstica renuncie a la protección policial o que un padre tenga miedo de buscar atención médica para su hijo”. Por otro lado, en un momento en que menos estadounidenses tienen asistencia alimenticia debido a los recortes presupuestarios del SNAP del verano pasado, más residentes podrían acudir a la ayuda del estado en lugar de arriesgarse a interactuar con el gobierno federal, lo que podría aumentar significativamente la carga financiera de Illinois.

Acceso a la información precisa es la mejor defensa de las familias, por eso exhortamos a las comunidades inmigrantes de Chicago a informarse bien acerca esta nueva norma de carga pública. Las familias locales deberían buscar orientación en organizaciones comunitarias de confianza o abogados de inmigración que puedan responder a sus preguntas.

Los líderes de Chicago también deberían dar un paso al frente. Afortunadamente, el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson ya alzaron sus voces anteriormente contra las políticas abusivas de la Administración Trump. Y el Condado de Cook demandó con éxito y logro revertir una norma anterior de carga pública. Les pedimos que vuelvan a mostrar ese valor, en la plaza pública y en la sala de corte, ya que el bienestar de nuestros hijos está en juego.

Este es el momento para apoyarnos los unos a los otros. Sabemos que Chicago hará precisamente eso.

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Brandy Taylor Dédé es directora estatal del Children’s Defense Fund-Texas y miembro del comité ejecutivo de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes (PIF). Khin Mai Aung es directora estatal del Children’s Defense Fund-Nueva York.