Las víctimas de robo de salarios tienen pocas posibilidades de recuperar su dinero

La mayoría de las víctimas de robo de salarios en Illinois jamás ven un centavo porque el sistema para ayudarlos no está funcionando.

Eso no es lo que los activistas laborales vislumbraron en el 2010, cuando el estado pasó una ley para dar a los empleados una mejor oportunidad de recuperar salarios robados y para endurecer las penalidades contra los empleadores que los defraudan.

La situación, sin embargo, ha ido de mal en peor para los miles de trabajadores, mayoritariamente de bajos salarios, quienes han llenado reclamos por unos $50 millones ante el estado desde que la medida entró en efecto en el 2014.

Los trabajadores que reportan robo de salarios ahora enfrentan periodos de espera más largos, un porcentaje mayor de despidos y más burocracia, según arroja una revisión de The Chicago Reporter de los archivos de quejas y procedimientos de sanciones en el Departamento Laboral de Illinois.

Menos de uno de cada cuatro trabajadores recuperaron el salario adeudado en un año, descubrió el análisis. Las posibilidades son tan malas que activistas laborales dicen que los trabajadores ni siquiera deben molestarse en presentar una queja.

“Lo peor que puede ocurrirles a los empleadores es que pueden utilizar a los trabajadores como una tarjeta de crédito y pagarles meses después de que la queja fue interpuesta”, dice Jacob Lesniewski, profesor asociado de trabajo social en la Universidad Dominican y quien ha estudiado el robo de salarios.

La revisión de The Chicago Reporter encontró:

• Más reclamos son anulados: 58 por ciento en el 2014, más del 41 por ciento en el 2010. El estado no da seguimiento a por qué los casos son anulados, pero la mayoría son desechados al inicio, antes de que los trabajadores tengan la oportunidad de avalar el mérito de sus casos.
• Los casos ahora toman en promedio casi nueve meses en ser resueltos, unos dos meses más que en el 2010. Si un caso termina yendo a una audiencia, su resolución podría llevar más de un año.
• Incluso cuando los trabajadores ganan sus casos, podrían no recibir ningún pago. Solamente uno de cada 10, en casi 500 casos enviados a la Procuraduría General del Estado para colección resultaron en pago y el proceso de cobro puede llevar años.
• El estado ha dejado que docenas de empleadores eviten sanciones al permitirles que acuerden el pago de salarios adeudados al inicio del proceso, evitando violaciones formales o penalidades financieras.

Debido a la ineficaz ejecución de la ley, trabajadores y activistas dicen que han perdido su confianza en el Departamento Laboral de Illinois. Quizá como resultado, el reclamo por robo de salarios ha disminuido 40 por ciento desde el 2010.

Uno de los aspectos más celebrados de las reformas a la ley fue el ascenso de la gravedad de las ofensas reiteradas a crímenes, cambio que los activistas pensaron sería un disuasivo. Pero el Departamento Laboral no refiere casos para proceso criminal. Ni tampoco da seguimiento a los ofensores reincidentes. Como resultado, sin ese seguimiento, Chicago no ha sido capaz de aplicar la ordenanza que permite a la ciudad revocar las licencias de negocio a los ofensores reincidentes.

Funcionarios del Departamento Laboral dicen que su prioridad es reponer los salarios caídos en los bolsillos de los trabajadores, no penalizar a los negocios.

“El Departamento Laboral de Illinois trabaja colaborativamente con empleados y empleadores para intentar alcanzar un acuerdo justo en todos los casos”, dijo un vocero en una declaración escrita. “Personal relevante revisa cada uno de los reclamos individualmente y el litigio puede a veces alargar la duración de casos abiertos. No obstante, es un importante proceso legal que asegura equidad para ambos, los trabajadores y los negocios”.

Pero sin una aplicación efectiva del estado, los trabajadores de bajos salarios tienen pocas opciones.

El Departamento Laboral se ha convertido en la opción de facto para “personas que no tienen información para saber que pueden recurrir a un abogado para que lleve su caso o porque un abogado no toma su caso porque es demasiado pequeño”, dice Chris Williams, abogado laboral y uno de los promotores originales de la legislación en el 2010. “Desafortunadamente creo que es utilizado de esa manera: Ahí es donde van esos casos”.

Un lodazal para el trabajador

En Chicago la mayor concentración de quejas por robo de salarios viene de trabajadores que viven en comunidades afroamericanas, latinas y de inmigrantes, todos de bajos recursos, según el análisis de The Chicago Reporter. Los afectados usualmente laboran para pequeñas compañías en las industrias del cuidado de la salud, transportación, construcción, jardinería, manufactura y de servicio.

“Todas las industrias en crecimiento en la ciudad dependen de mano de obra con bajos salarios. Estas ocupaciones engendran el robo de salarios”, dice Lesniewski. “Mucho de lo que hace funcionar a la ciudad son ocupaciones donde el robo de salarios es endémico. Esta situación es tan dañina para la ciudad como la propia criminalidad”.

La historia de Juan López es típica. El pasado agosto este inmigrante mexicano de 42 años planeaba tomar sus dos semanas de vacaciones pagadas en la compañía de manufactura en Itaska donde trabajaba construyendo recipientes para bebidas. Ya tenía sus maletas listas y su boleto de tren hacia Los Ángeles para visitar a su hermano, a quien no había visto en más de dos décadas.

Pero el último día antes de sus vacaciones, un barril de whiskey de 145 libras que estaba construyendo le cayó encima, aplastándolo. Ya no habría vacaciones. López, quien solía estar muy orgulloso de su fuerza física y se ejercitaba en Pilsen cada noche después de su trabajo, ya no pudo trabajar y apenas si puede caminar; heridas en su espalda, cadera y rodillas disparan el dolor con cada paso. La compañía le negó su reclamo de compensación laboral, pero un abogado lo está ayudando a pelear ese rechazo.

Cuando fue a recoger su último cheque de pago, López le preguntó a su exjefe sobre el pago de sus vacaciones, poco más de $1,000. El empleador le dijo que no le pagaría. López quedó desalentado e inseguro de sus derechos. No sabía que el Acta de Recolección y Pago de Salarios de Illinois protege el derecho del trabajador de recibir el pago de vacaciones adeudadas.

Pero López, deprimido porque estaba gastando sus ahorros, sabía que “mil dólares me ayudarían a pagar las cuentas por algún tiempo”. Entonces acudió al centro para trabajadores Chicago Community & Worker’s Rights.

El director ejecutivo de ese lugar, Martín Unzueta, sabía que el caso de López era demasiado pequeño para un abogado privado. Entonces contactó al exempleador de López y le pidió pagar.

“Vamos al Departamento Laboral como última opción”, dice Unzueta.

Las negociaciones directas no llevaron a ningún lado. Entonces Unzueta ayudó a López a preparar un reclamo salarial en enero, advirtiéndole de no tener muchas esperanzas de obtener su dinero rápidamente.

“Me dijo que podía tomar un año o más”, recuerda López, hablando en español. “Le dije que estaba bien. En un año todavía iba a necesitar $1,000. No sé cuándo vuelva a poder trabajar nuevamente”.

Tras algunas semanas un empleado del Departamento Laboral llamó a López para pedirle que llenara otro formulario de reclamo salarial. López habla y escribe un inglés limitado, pero le dijeron que había ayuda en su idioma en la oficina del Departamento Laboral en el centro de Chicago, además que le volverían a llamar con una fecha de presentación. López jamás volvió a escuchar de ellos, pero recibió una carta diciéndole que su caso sería cerrado sin no entregaba más evidencia en 10 días.

“Para decir la verdad me sentí frustrado… porque ya les habíamos enviado lo que nos habían pedido”, dice López. “Llamé a la oficina una vez y nadie me atendió. Por ello ni me molesté en llenar el formulario nuevamente. Ellos ya tenían toda la información”.

En marzo el Departamento Laboral desechó el caso, según muestra el archivo de López. (Después de que el grupo de Unzueta contactó al Departamento Laboral, López fue capaz de entregar sus documentos para abrir un nuevo caso, que sigue pendiente). El análisis de The Chicago Reporter muestra que los trabajadores que dicen necesitar un traductor son más propensos a que sus casos sean desechados.

Al igual que el caso de López, la mayoría de las quejas ante el Departamento Laboral son desechados en su etapa inicial. Funcionarios de esa dependencia estiman que casi la mitad de las anulaciones ocurren debido a formularios incompletos.

Estrictos requisitos de notificación y recientes políticas del Departamento Laboral han hecho que la anulación de quejas sea más factible, especialmente para trabajadores inmigrantes y de bajos salarios. Por ejemplo, la agencia anulará un caso cuando no puede localizar al trabajador, y los trabajadores inmigrantes y de bajos salarios tienden a cambiar más seguido de domicilio y de número telefónico. También, los trabajadores, en vez del Departamento Laboral, ahora necesitan enviar copias de su evidencia a su empleador, generando un gasto adicional.

“Algunos trabajadores no saben el nombre verdadero de su empleador o cómo encontrar su dirección o número de teléfono”, dice Carmen Cabrera, organizadora con el centro laboral Chicago Workers’ Collaborative. “Estas personas saben cómo trabajar con sus manos y eso es todo… Es imposible para algunos de ellos mantenerse al tanto de sus casos, especialmente si están buscando otro empleo”.

En un declaración escrita, un vocero del Departamento Laboral dijo: “Los nuevos formularios han ayudado a ofrecer claridad a los trabajadores sobre sus derechos y responsabilidades, mejoran el procesamiento de reclamos internamente y contribuyen a reducir el número de casos interpuestos anualmente”.

Pero López tuvo la sensación de que el personal del Departamento Laboral estaba lleno de trabajo: “era como si estuvieran intentando frustrarme con el proceso para que cancelara mi queja. Para que el caso desapareciera”.

Encontrando soluciones en otro lado

Activistas y exfuncionarios del Departamento Laboral dicen que la falta de personal es parte del problema, ya que los especialistas en reclamo de salarios manejan cientos de casos por año. Además el impasse presupuestal del estado ha hecho imposible contratar más personal.

“No tienen muchos recursos y por lo tanto están retrasados. Para lograr algo lleva una eternidad. Es como mover una montaña”, dice la representante estatal Barbara Flynn Currie, demócrata de Chicago que ha estudiado el tema. “Mi impresión es que simplemente les faltan recursos y tienen demasiado trabajo”.

Funcionarios del Departamento Laboral reconocen que los casos llevan mucho tiempo en resolverse, pero dicen que han empezado a hacer cambios. Más jueces de leyes administrativas han sido entrenados y los funcionarios dicen que esa situación duplicó el número de casos enviados a audiencia el año pasado.

Los activistas han propuesto otros cambios, incluyendo la recolección más agresiva contra empleadores deudores, quienes toman ventaja del largo proceso disolviendo sus activos o declarando bancarrota para evitar el pago. Los trabajadores descubren que es casi imposible recuperar sus salarios y los empleadores que roban a los empleados reciben el mensaje de que el estado no hará nada contra ellos.

“Para muy pocos empleadores ha habido consecuencias, debido a la lentitud del Departamento Laboral, debido a la dificultad de comprobar la acusación, debido al tiempo disponible”, refiere Flynn Currie, quien el verano pasado propuso la legislación que permitiría al Departamento Laboral interponer una retención salarial contra la propiedad de un empleador en el momento en que un trabajador presente una denuncia. “La gente que necesita el dinero ahora no tiene el tiempo y los recursos para ir por todas las mociones, brincar todos los obstáculos y esperar tres años para cobrar su dinero”.

El Departamento Laboral se opone a la iniciativa y estima que la ley podría costarle $1 millón anualmente, mayormente en salarios de nuevo personal con experiencia en procedimientos de embargo.

“Para nosotros es una carga administrativa”, dijo Chris Wieneke, enlace legislativo del Departamento Laboral durante una audiencia en la Legislatura en febrero. “Nuestra oposición es el millón de dólares necesarios para implementar apropiadamente esta ley”.

Otra iniciativa, introducida esta primavera por el senador estatal Daniel Biss, demócrata de Evanston que compite para gobernador, incrementaría las multas para los empleadores que rehúsen a pagar los dictámenes en su contra por robo salarial y prohibiría a los ofensores reincidentes obtener contratos del gobierno. Esta ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y se encamina al escritorio del gobernador.

Un estudio reciente sugiere que multas más cuantiosas en efecto reducen el robo de salarios. Daniel Galvin, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Northwestern, analizó los datos de ingresos de la Encuesta de Población Actual y encontró que los estados con duras penalidades por robo salarial –particularmente el triple por daños– tienen menos violaciones de este tipo.

“Cada estado que adoptó las multas triples envió la señal a los empleadores que el robo intencional de salarios les sería demasiado costoso, especialmente en casos que involucran a varios afectados”, precisó Galvin en su reporte, publicado el año pasado en la publicación académica Perspectives on Politics.

A diferencia de Illinois, un puñado de estados incluidos California, Nueva York y Massachusetts, son más agresivos en la persecución criminal. La estrategia ha llamado más atención en años recientes, particularmente después de casos de alto perfil perseguidos por el Procurador General de Nueva York, Eric Schneiderman, contra agencias de cuidado domiciliario, jefes de lava autos y el dueño de una franquicia de pizzas.

“Es muy importante para los fiscales tomar estos casos seriamente y entender la criminalidad de esta conducta”, dice Terri Gerstein, exjefa de la Oficina Laboral en la administración de Schneiderman. “Es, sin ser violento, ciertamente análogo de muchos otros tipos de casos que los fiscales persiguen sin pestañear. Y estos crímenes tiene un serio impacto social en las víctimas y las comunidades”.

Illinois podría seguir el ejemplo de Nueva York porque los cambios del 2010 elevaron las sanciones para los ofensores reincidentes o defraudadores intencionales, convirtiendo la falta en un crimen. Pero el estado no lo hace.

Los activistas señalan que tomará una variedad de estrategias para lograr hacer algo contra este problema. Mejorar el sistema basado en quejas, del cual depende el Departamento Laboral, no sería suficiente dada la escala de la necesidad y la persistente ausencia de recursos.

“Tenemos que pensar sobre cada paso como pequeños cambios en la dirección correcta”, indica Sophia Zaman, directora ejecutiva de Raise the Floor Alliance, el grupo legal que agrupa a los ocho centros para trabajadores del estado. “¿Cómo hacemos que el camino hacia la justicia sea más fácil para los trabajadores?”.

-Esta es una investigación original de The Chicago Reporter republicada en colaboración por La Raza.