“No servirá la nueva ley de desaparecidos en México sin combate a la impunidad’’

MEXICO – Después de terminar la venta de hamburguesas y burritos a la media noche, Oscar Flores se dispone a guardar lo que quedó de comida en su negocio. Está apurado porque tiene miedo, un desazón que le recorre la columna vertebral y le carcome el estómago desde que denunció la desaparición de su hijo en 2010.

Mete las tortillas en la cajuela y mira a su alrededor. Guarda el pan y la carne y vira la espalda, ¡no vaya a ser que le asesten un tiro mientras se distrae! y piensa “¿de qué servirá que haya leyes si no investigan, si no reconocen que los gobernantes están involucrados  si se pide protección por peligro de muerte y no la dan?

Flores reflexiona así sobre la nueva Ley General de Desaparición Forzada de Personas cometida por particulares promulgada el pasado jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, un instrumento que tardó en cocinarse casi dos sexenios  más de 30,000 desaparecidos después.

Jesús Daniel Flores García, hijo de Oscar, fue uno de ellos. Lo desaparecieron hombres armados después de una persecución en Torreón, Coahuila, el 1 de mayo de 2010. Desde entonces la familia lo busca incansablemente.

El padre regresó de Atlanta a donde había emigrado para enviar dinero a la familia y ha dedicado los últimos siete años a buscar al único hijo que se había quedado en México. Los otros dos, también se habían ido a EEUU.

Oscar se topa en el día a día con la impunidad  en el el ministerio público. Al principio de la búsqueda que se negó a investigar y después, tras la presión de organizaciones de familiares, no sigue las líneas de investigación sugeridas.  “Lo que pasa es que  la autoridad está metida con el crimen organizado porque así lo han revelado los cómplices capturados en Estados Unidos’’.

Organizaciones civiles como Litigio Estratégico en Derechos Humanos sostienen que  “en el 99 % de los casos de desaparición en México, está comprobado que no hay búsqueda“ ni protocolos de búsqueda porque el fondo del asunto no quieren reconocer la participación del Estado.

La nueva ley de desaparecidos obliga a investigar a agentes estatales y grupos criminales y asigna roles claros a los diferentes organismos gubernamentales responsables de manejar los casos pero  su éxito depende de su cumplimiento.

Para obligar a las instituciones,  familiares plantearon a Peña Nieto (el día de la promulgación de la ley) un pliego petitorio que incluye la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y de nuevas fiscalías especializadas; fortalecer los servicios forenses y trabajar con plataformas tecnológicas, protocolos y la participación de las familias.

Para Oscar Flores todas estas complicaciones legales y burocráticas no tiene sentido si no hay voluntad política para encontrar a los desaparecidos. Cita como ejemplo la negativa de los policías ministeriales de Torreón para seguir líneas de investigación que él les ha sugerido dadas las evidencias sobre la desaparición de su hijo.

“Yo les he dado otras pistas y ellos lo único que hacen es volver a entrevistar a los amigos de Chuy… parece que sólo quieren cumplir con una obligación pero no encontrar al desaparecido’’, cuenta en entrevista telefónica.

CIFRAS

La cifra de desparecidos es un asunto en el que no hay un acuerdo oficial. El recuento más aceptado es el que realiza el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) con base en estadísticas de las fiscalías de los estados, que reconoce entre 2013 y julio de 2017 a 24,943 casos.

Pero esta cuenta ni siquiera esta satisface totalmente a las autoridades porque  hay al menos otras 11 fuentes de organizaciones civiles cuyas cifras oscilan entre las 30,000 y las 33,000

En uno de los últimos esfuerzos,  Data Cívica descifró los nombres de casi 32,000 desaparecidos que se encontraban en el RNPED sin identificar y que la Secretaría de Gobernación mantenía en anonimato. “Tenemos que empezar por ponerles nombres a los desaparecidos’’, destacó José Merino, investigador de la organización civil.