Un paramilitar que cazaba migrantes reconoce ser un delincuente que tenía 9 armas de fuego
Larry Hopkins era líder del grupo armado United Constitutional Patriots que operaba en la frontera con México
Emblema del grupo paramilitar United Constitutional Patriots. Crédito: PAUL RATJE | AFP vía Getty Images
Decía llamarse “Johnny Horton Jr.” y también solía utilizar el apodo de “Striker“, pero su verdadero nombre es Larry Mitchell Hopkins y era el líder de un grupo armado identificado como United Constitutional Patriots (UCP), el cual hasta el año pasado se dedicó a cazar a cientos de migrantes indocumentados que cruzaban la frontera de México a Estados Unidos.
Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), las acciones paramilitares que encabezó Larry Hopkins como líder del grupo armado para atrapar a indocumentados en la frontera, no eran otra cosa que secuestros.
El grupo armado operaba en la frontera de Nuevo México, donde la Fiscal Federal en ese estado fincó cargos criminales en abril de 2019 en contra de Hopkins luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló el historial delictivo de este hombre de 69 años de edad.
Un delincuente armado
Hopkins cuenta con al menos tres condenas por delitos graves. El primero en su récord criminal se registró en 1996 cuando fue detenido en el estado de Michigan en posesion de un arma de fuego cargada. En 2006 volvió a ser detenido con un arma de fuego en el estado de Oregon a pesar de que un juez ya se lo había prohibido. Ese mismo año fue detenido, también en Oregon, por hacerse pasar como policía.
Cuando surgió el escándalo de las detenciones ilegales de indocumentados por parte del grupo paramilitar, Hopkins fue acusado por ser un delincuente con posesión de 9 armas de fuego y munición en su casa del condado San Juan, en Nuevo México.
El pasado jueves 2 de enero, en la audiencia judicial de su caso, Hopkins se presentó ante una corte federal de Nuevo México y reconoció ser un delincuente armado al declararse culpable de los cargos criminales en su contra, por los cuales podría recibir hasta 10 años de cárcel como pena máxima.
