Cerca de posible acuerdo
Mientras en el Concilio Municipal se avanza en el proceso para aprobar una ordenanza para regular las emisiones de las plantas de energía a base de carbón, políticos, ambientalistas y empresarios negocian en privado
Políticos, miembros de grupos ambientalistas y ejecutivos de Midwest Generation y Edison Mission Group, las compañías dueñas de las plantas generadoras de electricidad a base de carbón Fisk y Crawford, sostienen conversaciones a puertas cerradas, lo que sugiere que próximamente se tomaría una decisión definitiva sobre el futuro de dichas instalaciones.
Mientras tanto, continúa el impulso de la ordenanza ‘Clean Power’ (Energía limpia), medida que busca limitar las emisiones de partículas contaminantes y dióxido de carbono (CO2) de estas plantas generadoras de electricidad.
La ordenanza fue presentada por primera vez en abril de 2010 por el concejal Joe Moore (D-49) pero había permanecido estancada hasta que este año el concejal Danny Solís (D-25) decidió apoyarla y fue presentada de nuevo ante el Concilio Municipal de Chicago el pasado 28 de julio.
De aprobarse la ordenanza, la compañía Midwest Generation (MWG) no estaría en condiciones de cumplir con los estándares a los que ésta obliga debido al volumen de sus emisiones (Ver ilustración ‘¿Qué sale de las chimeneas?’).
Susan Olavarría, directora de comunicaciones de MWG, reconoció que las plantas a base de carbón no pueden cumplir con los niveles de dióxido de carbono requeridos por la normativa propuesta. Según Olavarría, estos estándares sólo podrían cumplirse si la planta operara a base de gas natural.
“Actualmente no hay tecnología viable comercialmente para reducir el dióxido de carbono de las plantas a base de carbón”, insistió.
Asimismo, argumentó que Fisk y Crawford emiten menos de un 0.02% del total de 5,000 millones de toneladas métricas por año que se emiten en los Estados Unidos.
“Si [Fisk y Crawford] cierran, la electricidad que producen será sustituida por la de otras plantas a base de carbón del Medio Oeste”, enfatizó.
Con respecto al hollín o partículas de materia, Olavarría aclaró que “estas plantas son responsables por menos de la mitad del 1% de las partículas de materia en el aire del área de Chicago. Esto significa que el 99% viene de autos, camiones, industria de la construcción”.
MWG asegura que está cumpliendo con las regulaciones a nivel federal y estatal en cuanto a emisiones de mercurio y que trabaja en instalar equipo para reducir las de óxido de nitrógeno en 2012 y las de óxido de azufre en 2013.
A pesar de estas inversiones en tecnología, la empresa tendría que invertir muchísimo más para transformar sus operaciones y poder cumplir con los estándares que exigiría la ordenanza y con los límites más estrictos impulsados a nivel federal.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso fijar límites más estrictos para las emisiones de ozono y reforzar así la aplicación de la ley Clean Air Act, debilitada durante el gobierno de George W. Bush.
Autoridades estatales y de condados en todo el país habrían tenido que ejercer mano dura para que las industrias cumplieran con los límites.
No obstante, en septiembre pasado el presidente Barack Obama anunció que los nuevos límites de la EPA no entrarán en vigor hasta que se reconsideren nuevos límites de contaminación en el 2013.
Cuando el ozono se combina con otros tóxicos y forma smog, afecta la salud cardiaca y respiratoria de las personas.
Pero cada vez más compañías se niegan a realizar las inversiones requeridas para reducir sus emisiones contaminantes y prefieren cerrar sus instalaciones.
Un ejemplo es la planta a base de carbón State Line Power Station, de la empresa Dominion Resources. Situada en Hammond, Indiana, la planta fue construida por ComEd en 1920 y se yergue justo en la frontera entre Illinois e Indiana.
Sus dueños informaron en un comunicado de prensa que no tenía ningún sentido económico invertir en la modernización requerida para poder cumplir con los estándares federales. Se espera que la planta empiece su proceso de cierre el próximo año.
Otro ejemplo es el de la compañía Ameren Energy Resources. En agosto la empresa anunció que dejará de usar dos de las cuatro unidades de la planta a base de carbón Meredosia, situada a 60 millas al oeste de Springfield. En un comunicado, se agregó que se planean despidos en la también planta de carbón Hutsonville, sobre el río Wabash, cerca de la frontera con Indiana.
Se calcula que unas 200 viejas plantas de carbón han sido desmanteladas en Estados Unidos en los últimos dos años, según el Environmental Law and Policy Center (ELPC).
MWG ha dejado en claro las consideraciones económicas de todo este asunto. Olavarría ha explicado que si se aprueba la ordenanza tendrían que sustituir el uso de carbón por gas natural.
“Para eso tendríamos que cerrar las plantas y reconstruirlas como plantas de gas, pero eso costaría entre $500 y $1,000 millones de dólares”, dijo la vocera en una pasada entrevista con La Raza.
“La electricidad que se genera por gas es muchísimo más cara que la que se genera con carbón. Tendríamos que invertir y luego nos quedaríamos sin saber quién va a comprar la electricidad porque sería demasiado cara”, agregó.
Sin embargo, por ahora la voluntad política de los concejales y del alcalde de la ciudad para intensificar esfuerzos en pro de que se apruebe la ordenanza parece suspendida y supeditada a las negociaciones de miembros de grupos ambientalistas y políticos con representantes de las compañías MWG y Edison Mission Group, de la cual es subsidiaria.
Howard Learner, director del ELPC, dijo a La Raza que la ordenanza tiene el apoyo de 35 de los 50 concejales, “lo cual es una súper mayoría”.
“[La ordenanza] ya no está en comité, está en frente del Concilio Municipal y el concejal Joe Moore y el concejal [Ricardo] Muñoz están planeando su avance, dependiendo de algunas conversaciones que están sucediendo en este momento”, comentó Learner.
Recientemente la revista ‘Crain’s Chicago Business’ reportó que el alcalde Rahm Emanuel estaba cerca de llegar a un acuerdo con respecto al cierre o limpieza de las plantas Fisk y Crawford después de reunirse con Pedro Pizarro, presidente de Edison Mission Group.
El acuerdo, según la revista, implicaría el cierre de las dos instalaciones a cambio de que los legisladores de Illinois aprueben una ley que obligaría al estado a comprar electricidad de la planta eólica Big Sky, propiedad de Edison Mision Group.
‘Crain’s’ reporta que, “de acuerdo con fuentes cercanas al tema” el contrato sería a largo plazo -hasta 25 años- y obligaría a comprar la electricidad a una tarifa más alta que la actual, la cual aún no se ha definido.
Consultada sobre este supuesto acuerdo, Olavarría envió una comunicación indicando que no comentaban sobre “historias que especulan sobre el futuro de las instalaciones”.
Los miembros de grupos ecologistas no quisieron confirmar lo anterior ni acerca de supuestas reuniones entre miembros de la coalición Chicago Clean Power y ejecutivos de MWG y Edison Mission Group.
Learner, del ELPC, dijo: “No estoy en posición de decir quién dijo qué a quién”.
“Siempre hay reuniones y discusiones entre los grupos ambientalistas y Midwest Generation, pero eso es todo lo que puedo decir al respecto”, añadió.
Mientras, Jerry Mead-Lucero, de la organización ecologista PERRO, de Pilsen, reconoció: “Sí han habido conversaciones con la compañía con organizaciones que son parte de la coalición Chicago Clean Power pero definitivamente aún estamos impulsando la ordenanza”.
Según Mead-Lucero, están “muy cerca” de que se apruebe la ordenanza y esperan que suceda en “unos cuantos meses más”.
María Torres, de la organización comunitaria Pilsen Alliance, señaló que lo que están empujando “es que los vecinos empiecen a pensar qué quieren ver allí, qué se va a hacer con esos terrenos en caso de que las plantas cierren, qué vendría después de Fisk, trabajo, vivienda, parques…”.
Mead-Lucero explicó que el futuro de los terrenos donde se ubican las plantas les preocupa en el sentido de que “una vez que pase la ordenanza, si pasa, lo que sea que suceda con esos terrenos queremos que sea de beneficio para la comunidad”.
“Por ejemplo, si esas zonas se mantienen como terrenos para industrias manufactureras, queremos que lo que sea que venga sean industrias limpias y que la comunidad tenga una voz en esto. Y queremos que la compañía se haga cargo de la contaminación en estos sitios, no queremos que sólo cierren y se vayan”, expresó el activista.