Oficiales de asilo califican de ilegal el acuerdo de “tercer país seguro” entre EEUU y Guatemala
Los empleados de inmigración dicen estar forzados a implementar políticas contrarias a la ley
Crédito: JOHAN ORDONEZ | AFP / Getty Images
El acuerdo de “tercer país seguro” que firmaron los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala para deportar a solicitantes de asilo es ilegal, denunció este viernes el sindicato que representa a los funcionarios federales encargados de procesar las peticiones de refugiados.
En una opinión amicus -un recurso legal para expresar un punto de vista externo sobre un tema en proceso judicial- los oficiales de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señalan que enviar a un solicitante de asilo a un país donde probablemente enfrentará persecución viola los tratados internacionales.
El escrito, presentado ante la Corte Federal de Distrito en Washington en representación de 700 funcionarios de USCIS que procesan las solicitudes de asilo, establece que la administración del presidente Donald Trump está deportando ilegalmente a una población vulnerable hacia “un país donde sus vidas y su libertad está directamente amenazada”.
Bajo el acuerdo de “tercer país seguro” el gobierno de Trump puede deportar a los refugiados que llegan por la frontera con México, sin importar la nacionalidad, hacia Guatemala para que soliciten asilo en ese país centroamericano.
El acuerdo fue firmado en julio de 2019 por el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el presidente Trump.
Políticas a la fuerza
Muhammad Faridi, abogado del Consejo Nacional CIS 119, el sindicato que agrupa a los oficiales de asilo, dijo que los empleados federales de inmigración son forzados a implementar políticas que son contrarias a las leyes bajo las cuales han sido capacitados.
A la fecha, más de 800 inmigrantes de Honduras y El Salvador habían sido deportados a Guatemala mediante ese acuerdo, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
“Ha puesto de cabeza al sistema de asilo estadounidense”, refiere la opinión amicus presentada en apoyo de una demanda judicial en contra del acuerdo, que es una más de las políticas implementadas por el gobierno de Trump para excluir a los inmigrantes latinoamericanos.
“En lugar de que se escuchen sus solicitudes de asilo”, señala el documento, “los refugiados de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) son trasladados permanentemente a otros países del mismo Triángulo del Norte, algunos de cuales son los más peligrosos de la tierra y son la fuente de un gran número de refugiados”.
