Demanda a la policía

Un hombre demandó a ocho oficiales del Departamento de Policía de Chicago, ya que alega que fue golpeado y electrocutado 11 veces con una pistola eléctrica

La noche del 15 de mayo de 2010, Josué Tapia conducía su vehículo en el barrio de Back of the Yards. Iba con su esposa Marilyn y un sobrino de 14 años cuando fue detenido por oficiales de policía cerca de las calles 45 y Hermitage, por rodarse un alto en una esquina.

Los oficiales revisaron los antecedentes del hispano y al no encontrar nada en su expediente criminal lo dejaron ir. Minutos después, la computadora de la patrulla envió un mensaje indicando que una persona con un nombre similar, J. Tapia, tenía una orden de búsqueda por DUI (conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol o drogas).

Pero ese hombre era 12 años mayor, 30 libras más gordo y seis pulgadas más bajo que el sujeto que habían detenido hacía unos minutos. También vivía a 40 millas de allí.

Sin embargo, según una demanda federal interpuesta la semana pasada en el circuito judicial del Distrito Norte de Illinois, los oficiales siguieron a Tapia, lo detuvieron en las calles 43 y Paulina, lo sacaron del carro, requisaron el vehículo y tiraron a Tapia al suelo, para golpearlo.

Después de llamar refuerzos, se lee en el documento, varios policías patearon y golpearon al hombre, el cual recibió 11 electrochoques de pistola eléctrica (‘taser’) en la espalda y en el costado.

Los abogados de Josué Tapia presentaron evidencia fotográfica y registros oficiales de las lesiones caudadas por la pistola eléctrica la semana pasada, en una conferencia de prensa en la que afirmaron que su cliente fue torturado como un animal, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante siete días, y encima acusado injustamente.

“En este caso es bastante obvio que agarraron al hombre equivocado”, dijo Blake Horwitz, uno de los abogados de Tapia.

“Este caballero mide cinco pies con nueve pulgadas y pesa 150 libras. Es un hombre pequeño, es frágil. No había razón para usar una pistola eléctrica en ningún momento”, enfatizó.

Al lado de su abogado, con saco y corbata, unos gruesos lentes y tomado de la mano de su esposa, Tapia tenía sentado en su regazo a uno de sus cuatro hijos.

“Lo electrocutaron una y otra vez de una manera horrorosa y literalmente lo frieron, le frieron su mente”, indicó Horwitz.

Tapia, de 27 años, aseguró que esa noche él no estaba haciendo nada malo, que lo que le hicieron era innecesario, una injusticia.

“Sí vivo en lo que se puede decir un barrio infestado de pandillas, pero yo mismo no soy un pandillero. Yo sabía que era inocente desde un principio”, expresó el hombre.

“Sentía mucho dolor en todas partes. Mi cuerpo estaba siendo tratado brutalmente y sin ninguna explicación”, describió.

Mientras el esposo era agredido por los policías, su esposa grababa con el celular. Pero en medio de temblores y gritos le dio el celular a su sobrino para que él siguiera registrando, contó.

“Mi esposo me gritaba ‘ayúdame amor, ayúdame’ y yo les gritaba que lo dejaran en paz. Al final hasta tenía espuma en la boca”, dijo la mujer.

No obstante, los abogados indicaron que un oficial de policía le arrebató el celular al sobrino de la pareja y nunca más volvieron a ver el aparato. La mujer dijo que cuando ha preguntado, los oficiales de policía dicen que no saben de qué habla.

Los oficiales de policía argumentaron que Tapia estaba bajo la influencia del alcohol y de la droga PCP y por eso debieron electrocutarlo. Sin embargo, el testimonio del médico que atendió a Tapia en la sala de emergencia del hospital asegura que los exámenes de sangre no mostraron presencia de drogas ni alcohol, según se lee en la demanda.

La policía acusó al hombre de dos cargos de golpiza agravada contra tres oficiales y dos cargos de resistirse al arresto.

Los abogados Dennis Giovannini y Horwitz defendieron a Tapia en el juicio criminal que empezó el pasado 31 de octubre y el 3 de noviembre el hombre fue declarado inocente de todos los cargos.

Según la demanda, cuando los oficiales se dieron cuenta de que habían electrocutado y usado fuerza excesiva con la persona equivocada, trataron de encubrir su conducta errónea acusando a Tapia de cuatro delitos.

Según sus abogados, cuando Tapia fue llevado a la estación de policía y volvieron a revisar su récord criminal, que salió limpio, los oficiales fabricaron evidencia falsa para acusarlo.

Para Horwitz, “la corrupción es que en vez de mirar la conducta de los oficiales acusan a nuestro cliente de crímenes por los que lo pudieron haber mandado a la cárcel durante mucho tiempo”.

El abogado Giovannini, por su parte, coincidió: “Creo que lo más indignante de todo esto es el encubrimiento descarado de los oficiales, después de que se dieron cuenta de que habían electrocutado y golpeado a la persona equivocada”.

“El uso excesivo de fuerza es una cosa y el encubrimiento es otra”, dijo Giovannini.

Horwitz también recalcó el hecho de que Tapia es hispano y estaba en un barrio no muy bueno y dijo que eso no hubiera pasado en un barrio de blancos.

“En ese caso hubieran hablado con la persona y razonado las cosas. Nunca hubieran usado la pistola eléctrica con un hombre blanco y adinerado de los suburbios del norte o lo que sea”, sentenció.

“Queremos que la Ciudad de Chicago y la policía se fijen bien en este caso porque usar la pistola eléctrica 11 veces es tortura y queremos que examinen si la policía ha cometido un delito”, dijo el abogado.

La Raza solicitó la reacción del Departamento de Policía de Chicago, pero hasta la hora de cierre no se había obtenido respuesta.

Las secuelas del incidente para Josué Tapia son tanto físicas como emocionales. El hombre explicó que antes era capaz de trabajar como empleado en una bodega en los suburbios, levantar entre 60 y 70 libras de peso y estar de pie todo el día. Pero ahora tiene que estar al lado de su esposa todo el tiempo, no sale de la ciudad y padece de dolores de espalda.

Tapia dijo que no había podido volver a ser el proveedor de su familia y que tiene mucha desconfianza de la autoridad.

Para Tapia se resume en que “es difícil para mí confiar en alguien”. “Lo que le diría a los oficiales es que ‘si están aquí supuestamente para servir y proteger, ¿a quién están sirviendo y protegiendo?’…”.

Horwitz, quien tiene amplia experiencia en demandas por mala conducta policial, recordó los años en que empezaron a utilizarse las pistolas eléctricas.

“El propósito era que fueran una alternativa al uso de fuerza mortal; fueron diseñadas para hacer que la gente se moviera”, aseveró. Según Horwitz, ahora estas armas se están usando para tratar a personas como si fueran animales, como si fueran ganado.

El abogado aclaró que si bien hay algunos oficiales que sí intentan hablar con el individuo, y lo hacen de una manera pacífica, otros usan la fuerza y “si la persona dice ‘no’, u ofrece cierta resistencia, usan la pistola eléctrica”.

De acuerdo con el reporte 2009-2010 de la Independent Police Review Authority, el año pasado el Departamento de Policía de Chicago expandió el uso de pistolas eléctricas de manera significativa.

En marzo de 2010 se agregaron 380 pistolas eléctricas a las 280 que ya estaban siendo utilizadas.

Asimismo, el Departamento debe investigar cada vez que un oficial descarga una de estas armas, independientemente de si se alega que hubo mala conducta o no.

No obstante, dichos dispositivos han causado controversia a nivel nacional, con debates sobre su seguridad y demandas interpuestas por varias personas, algunas de ellas en Chicago. Estos son sólo algunos de los casos.

En 2001, trabajadores sociales visitaron a Lillian Fletcher, de 82 años, y cuando la mujer supuestamente los amenazó con un martillo, éstos llamaron a la policía. Los oficiales descargaron la pistola eléctrica en el abdomen de la mujer, para calmarla.

En 2009, Prospero Lassi estaba teniendo convulsiones a causa de su diabetes y su compañero de vivienda en el suburbio de LaGrange Park llamó al 911. Mientras convulsionaba, Lassi golpeó a uno de los socorristas involuntariamente con un brazo y éste le aplicó la pistola eléctrica 11 veces. El hombre interpuso una demanda, ya que alega que sufrió daño neurológico y no pudo trabajar durante tres meses.

Y el año pasado, Jaesun Ingles, un hombre del suburbio de Riverdale que estaba en libertad condicional, fue detenido por la policía. Los oficiales olieron marihuana dentro del vehículo y le encontraron una pequeña cantidad al hombre y fue entonces cuando éste corrió. Se escondió en un edificio cercano y aparentemente se tragó una bolsa con drogas. Los oficiales lo encontraron y cuando se resistió al arresto lo electrocutaron con una pistola. Posteriormente el hombre fue hospitalizado y falleció.

A pesar de estos incidentes, las autoridades policiales insisten en que estas pistolas son una buena opción para contener a los ofensores.

Según reportes de prensa, se instruye a los oficiales para que usen estos dispositivos cuando están siendo atacados, o si el ofensor se resiste al arresto o si intenta escapar. La carga eléctrica del arma no sólo causa dolor, sino que entumece los músculos del individuo y cuando se jala el gatillo, emite corriente durante cinco segundos, lo cual da tiempo suficiente a los oficiales para que esposen al individuo.

Pero hasta el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha reconocido que el uso de ‘tasers’ puede ser un castigo cruel, inhumano y degradante.

Entre 2001 y 2005, más de 150 personas murieron después de estas descargas estando bajo custodia policial, según un reporte de Amnistía Internacional publicado en 2006.

Y existe evidencia que sugiere que dichos dispositivos son usados de forma desproporcionada con gente de color, de acuerdo con el reporte ‘In the Shadows of the War on Terror’, preparado en 2007 para el Comité de Naciones Unidas para Eliminar la Discriminación Racial.

Por ejemplo, el reporte indica que en Houston, Texas, donde 3,700 oficiales usan estas pistolas, casi un 90% de los casos involucran a latinos y afroamericanos. En Minneapolis, Minnesota, un 62% de las personas a las que la policía aplicó estos disparos en 2006 fueron afroamericanos, en una ciudad donde este grupo compone el 18% de la población. Cifras similares se reportaron en Seattle, Washington, resume el reporte.

Al cierre, la policía de Chicago no respondió a la petición de datos locales en esta materia.