El contraste entre el aplastante apoyo que mantiene Bukele y las acusaciones de abuso de poder en su contra
Bukele cumple su primer año de mandato entre la aprobación mayoritaria de los salvadoreños y las duras críticas de "autoritario" y de no respetar otros poderes del Estado
Bukele cumple este 1 de junio doce meses al frente del gobierno de El Salvador y su gestión ha dejado grandes polémicas. Crédito: Reuters
Hace justo un año, el país más pequeño de Centroamérica lograba una inusitada atención internacional.
El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele asumía su cargo como nuevo presidente de El Salvador y había gran curiosidad por saber cuáles serían las bases de su gobierno.
Y no era para menos: su histórico triunfo en las elecciones cuatro meses antes había conseguido romper con el tradicional bipartidismo existente en el país desde el fin de la guerra civil.
Y lo consiguió él, un joven empresario millenial que se perfilaba como símbolo de la renovación política y le prometía un giro radical en la gestión del país a una población hastiada por la pobreza y la violencia que le hizo llegar a tener una de las mayores tasas de homicidios del mundo.
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Y aunque 12 meses después sigue disfrutando del rotundo y mayoritario apoyo de la población salvadoreña según las encuestas, Bukele también enfrenta duras críticas por algunas de sus decisiones, especialmente desde organismos internacionales y de derechos humanos.
Sus enfrentamientos públicos con el Congreso y la Corte Suprema y sus drásticas medidas frente a la pandemia de coronavirus han llevado a algunos a acusarlo de autoritarismo y de querer acumular demasiado poder hasta el punto de poner en peligro la joven y frágil democracia del país.
Porque si hay algo que Bukele consigue, casi con cada tuit que publica desde su red social favorita para hablarle al mundo y darle ordenes a sus funcionarios, es no dejar a nadie indiferente con sus acciones.
Separación de poderes
La inquietud de ciertos sectores hacia la figura del presidente salvadoreño se disparó a raíz de su polémica entrada en la Asamblea Legislativa acompañado de militares el pasado mes de febrero.
Con aquella sorprendente imagen, bautizada popularmente como “Bukelazo”, pretendía presionar al Congreso -en el que su partido no tiene representación- para que aprobara la financiación de la siguiente fase de su plan de seguridad.
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“Al no obtener la respuesta que él quería, irrumpe violentamente en la Asamblea con militares. Si eso no es autoritario, no sé qué podría ser”, dice Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde entonces, los choques públicos de Bukele con el Congreso han sido más que frecuentes. Pero no solo se ha enfrentado al Poder Legislativo: también lo ha hecho con el Poder Judicial.
En el marco de una de las respuestas al coronavirus más estrictas de la región, policías y militares salvadoreños detuvieron desde el inicio de la pandemia a miles de personas por incumplir la cuarentena domiciliaria y los encerraron en centros de contención.
Muchos denunciaron las condiciones insalubres de algunas de estas instalaciones, haber pasado más semanas encerrados de las que les correspondían o incluso haberse contagiado de covid-19 allí dentro.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió una resolución para ordenar que cesaran estas detenciones “arbitrarias”, pero la primera respuesta de Bukele fue tuitear que no pensaba acatarla.
“La separación de poderes existe para que una sola persona no lo ostente todo. Estos choques demuestran lo que le gusta el poder a Bukele, que pone así en riesgo un Estado de derecho débil como el que hay en El Salvador”, le dice Ortega a BBC Mundo.
Bukele vio cómo algunas de sus medidas y estados de emergencia frente al covid-19 eran frenados por la Asamblea y la Corte Suprema, por lo que a finales de mayo incluso anunció que demandaría a ambos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño”.
Pero la CIDH respondió que no tiene competencia para resolver controversias entre órganos del Estado.
Las pandillas encarceladas
Otra de las medidas que levantó gran polémica fue la decisión de Bukele de endurecer las condiciones de aislamiento de pandilleros encarcelados y, especialmente, de juntar a miembros de grupos rivales en las mismas celdas.
La iniciativa fue dada a conocer con unas ya famosas imágenes en las que se veía a cientos de presos amontonados en el suelo, esposados, semidesnudos y sin mantener ningún tipo de distancia entre ellos pese a la pandemia.
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El presidente respondió así a un repentino aumento de asesinatos a mediados de abril que amenazó con destruir lo que ha presentado como el gran logro de su gobierno: la histórica reducción de homicidios desde que inició su mandato.
“Revela una maldad y crueldad por buscar deliberadamente enfrentamientos entre estos grupos (de pandillas), aún a sabiendas de su rivalidad”, le dijo a BBC Mundo el 1 de mayo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
En El Salvador, sin embargo, miles celebraron estas medidas y felicitaron al gobierno por endurecer su postura ante las pandillas, a quienes no perdonan estar detrás de buena parte de la violencia que sacudió al país en los últimos años y que obligó a huir a muchos salvadoreños amenazados.
Según Tiziano Breda, analista en Centroamérica del Crisis Group, estas polémicas decisiones son uno de los motivos que hicieron cambiar en los últimos meses la imagen que muchos tenían sobre Bukele.
“A medida que se acentuaron tendencias como la toma de decisiones verticales, una progresiva erosión de los procesos institucionales y la crítica muy fuerte, casi represión, de cualquier tipo de opinión discordante a él, sin duda la percepción internacional cambió”, le dice a BBC Mundo.
Apoyo masivo en el país
Pero es innegable que, frente a las críticas y preocupaciones de organizaciones internacionales y algunas salvadoreñas, el mandatario sigue contando en su país con el apoyo aplastante de la mayoría de la población.
Según una encuesta publicada el 24 de mayo por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el 92.5% aprueba el trabajo hecho por Bukele durante su primer año de gobierno. Un porcentaje aún mayor, 95.7%, suscribe su gestión frente a la pandemia del coronavirus.
El expresidente del partido conservador ARENA Walter Araujo destaca cómo ningún presidente en la historia de El Salvador había logrado estos niveles de aprobación a un año de gobierno “por parte de quien tiene que decidir si ha hecho una buena o mala gestión: el pueblo salvadoreño”.
“El presidente es cuestionado fuera del país, pero la realidad que viven a diario los salvadoreños no es la misma que la que hay fuera de las fronteras”, le explica a BBC Mundo sobre este contraste de visiones Dagoberto Gutiérrez, firmante de los Acuerdos de Paz por el FMLN.
“El país viene de un gobierno con un repunte durísimo de homicidios, y de pronto pasan a un mandatario de mano dura, simpático y guapo entre comillas, mediático, con una estrategia de marketing político y que le baja a los homicidios. Ahí está la clave del apoyo en El Salvador“, opina Ortega.
La coordinadora del Diplomado en Migración y Derechos Humanos de la UNAM recuerda también el factor fundamental que juega el uso estratégico de las redes sociales por parte de Bukele “tanto para acercarse al pueblo como para mandar” órdenes a su equipo vía tuit.
Breda coincide en que el presidente aprovecha ese descontento social con anteriores gobiernos para destacar de él una imagen de posición de fuerza y un “discurso populista” de estar representando los intereses del pueblo.
“Se ha mantenido en una especie de campaña electoral perpetua”, afirma.
Vivanco, de Human Rights Watch, cree que su enorme popularidad hace sentirse “invencible” a “Bukele y alertó que “El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura latinoamericana a menos que haya una respuesta internacional”.
Araujo recuerda que no se puede generalizar a la hora de hablar de críticas internacionales al presidente, y destaca por ejemplo cómo Estados Unidos -principal aliado para el país- certificó la semana pasada a El Salvador como apto para continuar recibiendo ayuda de cooperación de Washington.
Logros de un año de gobierno
Sobre los principales logros de estos 12 meses de mandato, todos los expertos consultados coinciden al destacar la drástica reducción de muertes violentas como el principal hito.
Según datos oficiales recogidos la pasada semana por la agencia AFP, Bukele estaba entonces por cerrar su primer año de gobierno con 4.1 homicidios diarios, muy por debajo del promedio de 12,6 que su antecesor Salvador Sánchez Cerén tuvo en el mismo período.
Aunque al igual que otros analistas, Breda cree que cuanto menos es “cuestionable” atribuir esta drástica reducción de homicidios únicamente a la estrategia de seguridad de Bukele.
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“Debe haber una decisión por parte de las pandillas, o de haber llegado a un entendimiento con el gobierno para que se mantengan tan bajos estos niveles de violencia”, asegura.
Araujo ensalza de este primer año el cambio de la política en los centros penales mientras que Gutiérrez resalta el manejo de la pandemia en el país. Aún se recuerda el video que se hizo viral en medio mundo en el que Bukele dio a conocer su plan para reactivar la economía en plena crisis.
Ambos inciden también en el hecho de que Bukele haya gestionado este primer año sin contar con representación en el Congreso, algo que sin duda cambiará en las elecciones legislativas del año próximo a juzgar por las encuestas.
“Habrá un triunfo histórico de mayoría en la Asamblea frente al viejo sistema, y un poder popular asumirá el poder de transformación con ya dos órganos del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo”, pronostica Araujo en conversación con BBC Mundo.
En el ámbito económico, El Salvador registró un crecimiento del PIB del 2,38% el año pasado. Según datos del Banco Central de Reserva, se debió al crecimiento de sectores como la construcción y la electricidad o el “relanzamiento de relaciones internacionales” con socios poco tradicionales.
Bukele apostó por ejemplo por acercarse más a China, país con el que El Salvador estableció relaciones diplomáticas en 2018, y con el que anunció un acuerdo para recibir millones en proyectos de cooperación del gigante asiático.
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Este acercamiento no pareció afectar a su relación con EE.UU., su aliado internacional más importante y con cuyo presidente, Donald Trump, Bukele mostró buena sintonía como el único presidente latinoamericano con el que mantuvo una reunión bilateral en la pasada Asamblea General de la ONU.
Pero el país norteamericano, principal destino de los salvadoreños que abandonan sus hogares, condicionó el año pasado sus ayudas económicas a Centroamérica a que la región implementara medidas concretas con las que reducir la llegada de migrantes irregulares a su frontera.
El gobierno de Bukele firmó entonces un acuerdo similar a los llamados de “tercer país seguro” para recibir a solicitantes de asilo mientras esperan a que se regularice su situación en EE.UU., como también hicieron México, Guatemala y Honduras.
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Después, en octubre, Washington respondió ampliando por otros 12 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege a decenas de miles de salvadoreños de ser deportados del país norteamericano.
Según anunció EE.UU. el pasado mes de abril, la llegada de migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños a su fronteracayó un 76% desde que los casos alcanzaran un máximo en mayo de 2019.
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