Fuerte rechazo a plan migratorio de Trump que deportaría a personas que huyen de tortura o muerte

Los fiscales generales de 23 estados y más de 79,000 ciudadanos han expresado su opinión contraria a los cambios que el Gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto para el mecanismo de asilo en Estados Unidos y que podrían resultar en la deportación de extranjeros que temen la tortura o la muerte en sus países.

El Gobierno ha propuesto una nueva norma bajo la cual los jueces de inmigración podrán negar el asilo sin siquiera permitir que los solicitantes tengan una audiencia o una oportunidad de ser escuchados, si determinan por iniciativa propia, o a requerimiento de un abogado del Departamento de Seguridad Nacional, que la solicitud no constituye un pedido adecuado.

Según el Consejo Nacional de Mujeres Judías, una entre las decenas de organizaciones religiosas que inundaron con comentarios la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), esta modificación “permitiría que los jueces rechacen por anticipado los pedidos negando a los solicitantes el proceso debido, en un cambio que daña, en particular, a las sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual“.

Antes de la aplicación de las nuevas normas la EOIR, una dependencia del Departamento de Justicia, abrió un plazo de 30 días para recibir comentarios y ese plazo se cumplió el miércoles. Normalmente, los periodos ofrecidos para recoger comentarios de la ciudadanía se extienden 60 días.

“El Gobierno de Trump sigue perjudicando a quienes buscan asilo y tratan de escapar de los horrores en sus países y de construir una vida mejor para ellos y para sus familias”, dijo hoy el fiscal general de California, Xavier Becerra.

“En lugar de permitir que los solicitantes de asilo tengan una oportunidad justa de presentar su caso ante un tribunal, esta propuesta inhumana fija estándares imposibles con la meta única de facilitar el rechazo de las solicitudes”, agregó.

Una liga de grupos religiosos denominada Coalición Ecuménica de Inmigración movilizó esta semana a sus miembros en 45 estados y el Distrito de Columbia para que realizaran “visitas virtuales” a las oficinas de miembros del Congreso demandando la protección del sistema de asilo en Estados Unidos.

“En su campaña para poner fin al asilo el Gobierno de Trump viola constantemente la ley y los valores morales“, afirmó Elissa Díaz, copresidenta de la coalición y miembro del Church World Service. “La gente de fe y de conciencia tenemos que dar la cara. Jesús fue un refugiado y este Gobierno de hoy lo habría rechazado”.

La Red Católica para Ley de Inmigración (CLINIC) afirmó que más de 79,000 personas enviaron sus comentarios a EOIR cuando la “comunidad ecuménica salió con toda su fuerza contra la propuesta del Gobierno para dar por terminado el asilo“.

“El intento gubernamental de poner fin al asilo en medio de una pandemia demuestra su crueldad infinita”, señaló Anna Gallagher. “En tiempos en que nuestra humanidad compartida y la necesidad de ayudarnos unos a otros es innegable, los gobernantes de nuestro país gastan recursos en una propuesta para condenar aun a más gente al sufrimiento y la muerte”.

Victoria Neilson, abogada del Programa de Defensa de Poblaciones Vulnerables en CLINIC, señaló que el Gobierno solo dio 30 días para que el público respondiera a una propuesta de 161 páginas a pesar de que más de 500 organizaciones reclamaron el periodo típico de 60 días.

“El corto período para comentarios sobre una propuesta tan larga y compleja es prueba de la intención del Gobierno de llevar a cabo su plan inmoral tan pronto como sea posible”, añadió Neilson.