Persisten quejas de detenidos

Tres centros de detención de indocumentados en el Medio Oeste niegan acceso a abogados, dan inadecuada atención médica a los internos y sirven pocas comidas calientes, según un reporte
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Una inmigrante de 31 años que estuvo detenida entre abril y agosto de este año en la cárcel de Jefferson County y fue liberada por las autoridades de Inmigración después de ganar su caso contó su experiencia en este centro de detención, situado en la localidad de Mount Vernon, al sur de Illinois.

“Cuando cerré el ducto del aire acondicionado para que estuviera menos frío y me quejé del frío que hacía todo el tiempo, me pusieron en segregación. También reporté malas condiciones de sanidad, porque las duchas siempre estaban sucias y casi nunca lavaban las sábanas y los uniformes”, dijo esta cliente de los abogados del National Immigrant Justice Center (NIJC).

Su testimonio está incluido en el reporte ‘Not Too Late for Reform’ (No es muy tarde para la reforma) sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en el Medio Oeste.

El nombre de esta mujer se mantiene en el anonimato, al igual que el de otro inmigrante, que es seropositivo, y que estuvo en la cárcel de Boone County, en Burlington, Kentucky. Luego fue transferido al Tri-County Detention Center, en Ullin, Illinois.

“Al día siguiente de que llegué a Boone le dije a la enfermera que era VIH positivo y dijo que llamaría a la clínica para pedir mi historial médico. También dije que padecía de depresión y presión alta y le dije a una segunda enfermera que era seropositivo. Ella también me prometió una cita pero ya han pasado seis semanas y no he recibido ninguna medicina. Nada ha cambiado desde que llegué al Tri-County”, declaró el inmigrante.

El reporte elaborado por el NIJC, con sede en Chicago, y la Midwest Coalition for Human Rights concluye que las cárceles de Jefferson, Boone y Tri-County han violado los derechos humanos de los inmigrantes detenidos de manera persistente y solicita al presidente Barack Obama que las cierre.

También pide al gobierno que exija rendición de cuentas a los contratistas que administran los centros de detención en todo el país y que frene los planes de abrir nuevos centros, como el de 750 camas recientemente propuesto para Crete, Illinois.

De acuerdo con los estándares nacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitidos en el año 2000, los detenidos deberán tener acceso a cuidado médico, recibir al menos dos comidas calientes al día, tener ropa limpia y presentable y recibir medias y ropa interior limpias diariamente.

Y acorde con protecciones constitucionales emitidas por jurisprudencia nacional citada en el reporte, los detenidos tienen derecho a ser atendidos si tienen una condición médica seria, a no estar hacinados y a ser protegidos de temperaturas extremadamente frías y recibir suficientes cobijas y ropa.

Las conclusiones del reporte se basan en testimonios de clientes y observación directa de consejeros legales del NIJC, agencia que realiza esta labor en centros de detención del Medio Oeste desde hace 10 años.

En el caso de la cárcel de Jefferson, se indica que los detenidos pasan hambre y sólo reciben una comida caliente cada dos semanas, que incluso en verano se tienen que meter bajo las cobijas por el excesivo aire acondicionado y que les dicen a aquellos con problemas médicos o de salud mental que tienen que pagar si quieren ver a un doctor.

Según el documento, los detenidos deben comprar sus propios productos de higiene personal y como el servicio de lavandería no es constante usan ropas sucias semana tras semana.

Ante la consulta de La Raza, las autoridades de ICE en Chicago negaron lo anterior.

“Los detenidos no son obligados a hacer copagos médicos ni les cobran por objetos de higiene personal como alega el reporte del NIJC. Estamos seguros de que las instalaciones de ICE proveen cuidado y servicios apropiados pero seguimos buscando oportunidades para mejorar en lo que son actividades recreativas, tiempo de visitas y acceso a abogados”, se indicó en un correo electrónico de autoridades de ICE.

Sin embargo, en Chicago es bien conocido el trabajo que realizan las religiosas Sisters of Mercy, del Interfaith Committee for Detained Immigrants. Cada martes un grupo de voluntarias visita la cárcel de Mc Henry County, donde también hay inmigrantes detenidos.

Según las religiosas, estas personas no pueden recibir llamadas y las que pueden hacer son “por cobrar” y muy caras. Asimismo, como las cárceles se encuentran tan retiradas de centros urbanos, muchas familias no pueden ir a visitar a los internos o no cuentan con recursos para enviarles dinero. Cada semana las religiosas depositan $10 en las cuentas de los detenidos en McHenry County.

“Este es el dinero que las mujeres y hombres usan para comprar jabón, pasta de dientes, champú y también ‘snacks’. Una de las quejas que escuchamos todo el tiempo es que tienen hambre. La dieta de la prisión no es lo suficientemente nutritiva. También vemos que mujeres y hombres cuidan unos de otros”, indicaron en un comunicado.

El hacinamiento es otro problema. De acuerdo con el reporte del NIJC, en el Tri-County hay un solo teléfono para cada 50 detenidos, lo que hace difícil que estas personas contacten a su familia o ayuda legal.

Un abogado pro bono que visitó la instalación afirmó: “uno de los detenidos me dijo que hubo 295 detenidos durante el fin de semana y otros me dijeron que pusieron camas extra en los cuartos y unos tuvieron que dormir con las cabezas junto al excusado, incluso cuando otros estaban usándolo”.

El abogado declaró que el salón que usaban para las presentaciones de ‘Conozca sus derechos’ tenía camas extra y no habían mesas ni sillas para realizar la consulta legal.

Las autoridades de ICE, por su parte, comunicaron que se han reunido en numerosas ocasiones para entender y abordar las preocupaciones del NIJC.

“Durante estas reuniones ICE ha comunicado sus planes para reformar el sistema de detención y para adquirir una instalación dedicada a detenciones civiles para el área de responsabilidad de Chicago”, indicaron.

También aseguraron que oficiales de ICE visitan cada instalación una vez a la semana y que desde 2009 los contratistas y la Oficina de Supervisión de Detención (Office of Detention Oversight) han realizado numerosas inspecciones.

En los años fiscales 2010 y 2011 estas instalaciones fueron calificadas como que cumplían los estándares o eran “aceptables”, insistió ICE.

Se indicó que aquellos detenidos que quieran reportar quejas pueden hacerlo contactando a su Consulado, informando al personal de la cárcel, hablando con el oficial de ICE asignado cuando éste visite la cárcel cada semana o haciendo un reporte ante la oficina de responsabilidad profesional de ICE (www.ice.gov/about/offices/leadership/opr/).

Pero el NIJC aseguró que los detenidos están muy intimidados para reportar sus quejas y que en las pocas ocasiones en que lo han hecho éstas han sido ignoradas o descartadas.

Otro señalamiento del reporte es que varios individuos en estos centros son elegibles para permanecer legalmente en el país pero, como ha reportado La Raza en otras ocasiones, al estar tan aislados de abogados, trabajadores sociales y de la comunidad inmigrante a menudo ICE los deporta sin que puedan contactar a su familia o a un abogado.

Por ejemplo, Boone se ubica a 300 millas de Chicago y le tomaría a alguien 14 horas llegar allí en transporte público. En una asesoría legal realizada en septiembre de este año, el NIJC determinó que un 50% de los detenidos en Boone no tenía historia criminal o había sido acusado de un delito menor. Y una asesoría realizada en octubre determinó que un 40% de los detenidos en el Tri-County se encontraba en la misma situación.

Para Mary Meg McCarthy, directora del NIJC, “los abusos que vemos en el Medio Oeste son un reflejo de lo que pasa en centros de detención de inmigrantes alrededor del país”.

“La administración Obama debe poner fin a esta crisis de derechos humanos parando la expansión y la privatización de este sistema roto”, expresó.