Política migratoria de ‘discreción fiscal’: decepcionante

La forma como la política migratoria de discreción fiscal se ha aplicado en Illinois es poco clara y no hay información suficiente sobre quiénes son los pocos afortunados cuyos casos migratorios serán cerrados administrativamente

En agosto de 2011 la Casa Blanca anunció que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional revisarían 300,000 casos de inmigrantes en proceso de deportación para ver si debían o no ser expulsados de Estados Unidos.

La administración dijo que se enfocaría en los casos de alta prioridad y usaría la discreción fiscal (‘prosecutorial discretion’) para suspender la deportación en los casos de baja prioridad.

Según Inmigración y Protección de Aduanas (ICE), hasta abril de este año habían revisado 219,554 casos pendientes e identificado 16,544 (7.5%) con posibilidades de discreción fiscal.

También se informó que habían revisado 179,518 casos pendientes de personas ‘no detenidas’ y de ese total habían cerrado administrativamente 2,722 casos.

Dagmara López, integrante de una comisión que ha seguido de cerca el proceso en la región del Medio Oeste, dijo que en la oficina central de Chicago -que recibe casos de Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana, Arkansas y Kentucky- se habían revisado aproximadamente 2,000 casos y cerrado seis hasta la primera semana de enero.

Después de estos resultados, que los activistas pro inmigrantes, religiosos y abogados, consideran decepcionantes, se han creado comisiones en todo el país, incluyendo Chicago, con el fin de presionar para que el gobierno implemente la política de manera justa.

Para identificar los casos de baja y alta prioridad se está usando como base lo que llaman el ‘Morton Memo’, un memorándum publicado por el jefe de ICE, John Morton.

Alta prioridad podría incluir a personas con historial criminal violento, condenas de terrorismo o espionaje; que tienen una orden de expulsión pendiente incluyendo órdenes de deportación; que han sido expulsados y han reingresado al país; o que representan un peligro para la seguridad nacional.

Pero el domingo pasado, el congresista Luis Gutiérrez indicó que “desafortunadamente, en días pasados las autoridades determinaron que conducir sin licencia sí se considera una amenaza seria a la seguridad de Estados Unidos”.

Gutiérrez participó en una reunión realizada en la Iglesia Metodista Unida Lincoln, en Pilsen, en la que junto a los activistas Emma Lozano y el reverendo Walter ‘Slim’ Coleman propusieron enfocarse en los casos de personas a las que se les está negando la discreción fiscal.

“Sólo en la mente de esta administración tú conviertes una ofensa de cincuenta dólares en la destrucción de una familia; no tiene ningún sentido pero eso es lo que está pasando”, expresó Gutiérrez refiriéndose a conducir sin licencia.

Destacaron numerosos casos de personas detenidas por manejar sin licencia y otras que no tienen antecedentes criminales pero reingresaron al país después de ser deportados para estar con sus familias.

“Si alguien ha estado aquí por años, es deportado y regresa para apoyar a su familia y ese es su único error, no me vengas a decir que no pueden legalizarse porque son héroes. Tenemos gente que abandona a sus familias todos los días y estas son personas que regresan para apoyar a sus familias, enfrentando prisión, cruzando el desierto… son héroes”, declaró Coleman a La Raza.

El religioso también se refirió al caso de un inmigrante guatemalteco al que le negaron la discreción fiscal porque alegaron que no tenía suficientes vínculos que lo aten a Estados Unidos porque aún tiene hijos en su país de origen (ver recuadro Caso de familia de Guatemala).

“Entonces la pregunta es ¿cuáles son los requisitos reales para calificar?”, dijo Coleman.

En febrero se dio a conocer el caso de la familia Mujahid Jilani, quienes se beneficiaron de la discreción fiscal. En el colegio Malcolm X, la representante federal Jan Schakowsky anunció el cierre administrativo del caso de Syed Mujahid Jilani, de Pakistán.

La familia vino en 1999 para buscar tratamiento médico para la hija menor Tooba Jilani, quien empezó a ser atendida en el hospital Shriner.

En el 2002 Syed recibió una notificación de deportación voluntaria después de un viaje fallido a Canadá y desde entonces la familia ha peleado su caso en las cortes, hasta que se les presentó esta posibilidad con la medida anunciada por el gobierno.

Sin embargo, su caso es una excepción. Los números difundidos por ICE muestran que únicamente un 1.25% de los casos revisados hasta ahora han sido cerrados administrativamente.

También en febrero de este año el congresista Luis Gutiérrez formó en Chicago una comisión llamada Family Unity Advisory Group, que identificaría casos de personas que podrían beneficiarse de la discreción fiscal y se han formado comisiones similares en California, Texas, Nueva York, Maryland y Carolina del Norte.

Actualmente quieren fijar la fecha para sostener una reunión, entre los miembros de la comisión y oficiales de ICE en Chicago, para presentarles estos cuestionamientos.

No obstante, también está claro que existe mucha desinformación entre la población y entre los abogados sobre qué es la discreción fiscal y quiénes califican.

Dagmara López, quien integra la comisión, también coordina la línea telefónica de apoyo familiar de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

En entrevista con La Raza, indicó que los casos que ICE está viendo son los de personas que tienen una corte final próximamente.

“Por ejemplo, no están viendo el caso de una persona que fue arrestada hoy y tiene una corte para octubre. Lo que podría hacer esta persona es ir preparando sus papeles para pedir después una discreción fiscal y los abogados deberían informarle de eso”, dijo la joven.

Pero el sacerdote José Landaverde, quien es parte de la comisión y también asiste a numerosas cortes de inmigración acompañando a inmigrantes, comentó que “los abogados no están informados ni están informando a la gente; muchos son jóvenes recién salidos de la universidad, que allí andan preguntando todo”.

Por otra parte, López aclaró que “mucha gente no entiende que lo único que hace la discreción fiscal es que cierra mi caso administrativamente para que yo no tenga que ir a corte por un tiempo y para que no me den una orden final de deportación”.

Arturo González, organizador del Interfaith Leadership Project, en Cicero, forma asimismo parte de la comisión. González explicó que quienes aplican la discreción fiscal son los fiscales o abogados acusadores de ICE. “Ellos son los que deben decir ‘queremos que el caso de esa persona se cierre administrativamente’ “.

No obstante, hay reticencia al interior de ICE. La American Immigration Lawyers Association (AILA) y el American Immigration Council realizaron una encuesta a abogados de inmigración en todo el país sobre la discreción fiscal. De acuerdo con el documento resultante, ‘Holding DHS Accountable on Prosecutorial Discretion’, la mayoría de agentes, abogados y supervisores de ICE dijeron que sus prácticas y políticas no habían cambiado mucho. Varios solicitaron guía adicional e instrucciones de las oficinas centrales; mientras que otros afirmaron que ya estaban ejerciendo suficiente ‘discrecionalidad’.

De acuerdo con el documento, varios comentaron que no tenían intención de obedecer el memorándum ni la política de discreción y que su trabajo era arrestar y deportar gente. “Estas respuestas son una fuerte indicación de qué tan naciente y frágil es el plan de discreción fiscal”, se lee en el reporte.

Otro punto importante, según González, es que los inmigrantes deben entender que si se cierra su caso administrativamente, se quedan en una especie de limbo. “No quiere decir que si se vuelve a meter en problemas no pueden reabrir su caso y ponerlo en deportación”, añadió González.

“La gente piensa que van a agarrar papeles, que van a agarrar la licencia, que les van a dar el cambio de estatus; pero eso es muy diferente de esto”, afirmó González.

López, por su parte, recalcó que debe haber un abogado que se haga cargo del caso de la persona. Quienes se quieren representar por ellos mismos tienen un bajo porcentaje de posibilidades de aprobación”, agregó.

Algunas personas han consultado cuál es la tarifa aproximada que cobra un abogado en estos casos para solicitar la discreción fiscal.

Según información difundida durante la conferencia anual de la ICIRR, sostenida en el colegio Malcolm X en febrero, los abogados pueden cobrar entre $500 y $1,500 en estos casos, pero es importante que las personas consulten sobre abogados pro-bono disponibles.

Los abogados del National Immigrant Justice Center (NIJC) también advirtieron no solicitar la discreción fiscal si la persona no está en procedimiento de deportación, ya que corre el riesgo de ser arrestada y detenida por el gobierno y expulsada de Estados Unidos.