‘Mulas’ pagan el precio
En una visita al Penal de Mujeres de Chorrillos, en Lima, Perú, La Raza conversó con varias mujeres que cumplían condenas por tráfico de drogas, la mayoría utilizadas por las redes del narcotráfico que operan en Sudamérica
Lima, Perú.- “Abra su mochila por favor, levante los brazos; si tiene instrumentos punzocortantes o celulares, serán requisados y nadie entra sin identificación”, dijo una oficial de seguridad del penal de Mujeres de Chorrillos, ubicado en el populoso distrito de Chorrillos, en Lima, Perú.
Insistentes preguntas y una exhaustiva revisión fueron necesarias para que me permitieran el acceso al reclusorio, antes conocido como el penal de Santa Mónica. No es un centro penitenciario de máxima seguridad cualquiera, pues aquí van a parar en su mayoría las ‘burriers’ o ‘mulas’ peruanas y extranjeras, que fallaron en sus intentos por sacar la droga del país, ya fuera por mar, tierra o aire.
De las 1,098 reclusas en dicho centro, 162 son extranjeras, presas por tráfico de estupefacientes.
Cuando entré me revisaron hasta lo que no tenía. Confieso que nunca había ingresado a un penal y mucho menos sido escoltada todo el tiempo por una oficial de seguridad. Pero cuando algunas reclusas comenzaron a discutir fuertemente por objetos desaparecidos en una de las celdas y la cosa se puso seria, entendí que la custodia extrema era necesaria.
Rosa Carazas, exdirectora del penal de Mujeres de Chorrillos, declaró a La Raza que la mayoría de reclusas están cumpliendo condena por tráfico de drogas y que son jóvenes de entre 18 y 35 años.
Carazas enfatizó que todas las internas extranjeras eran ‘burriers’.
“Cuando cuentan sus testimonios se ve que han sido utilizadas por redes del narcotráfico y todas en su mayoría ingresaron a este oscuro negocio por necesidad económica”, dijo quien fuera directora del penal hasta hace unos meses. “Otro de los problemas de algunas de las chicas es que consumían droga; eso también originó que fueran presa fácil para acceder a transportar la droga”, continuó Carazas.
Por su parte, Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) del Perú, recalcó que, la problemática de una política de drogas basada en una represión indiscriminada afecta particularmente a las mujeres.
“Según las historias de vida que ellas nos plantean, muchas son utilizadas, subordinadas y chantajeadas afectiva, económica y sanitariamente, por quienes manejan el negocio ilícito, con el fin de que trasladen en el interior de sus cuerpos, diversas cantidades de droga”, dijo Soberón.
Según un estudio publicado en el 2010 por la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Transnational Institute, de los 35,835 presos en Perú en el 2006, 2,531 eran mujeres y un 66% de ellas estaban detenidas por crímenes de drogas.
De acuerdo con dicho reporte, titulado “Systems Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America” (Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina), de las 178 mujeres entrevistadas en el penal de Chorrillos para ese estudio, un 25% fueron detenidas cuando viajaban con drogas a Lima; un 25% fueron detenidas en el aeropuerto de Lima y el resto vendía drogas desde sus casas.
Asimismo, el estudio define como un grupo preocupante entre las mujeres encarceladas, al de las madres solteras.
Dentro del penal, por ejemplo, se encuentra una guardería, que alberga un promedio de 52 niños, hijos de las reclusas. Según el Código de Ejecución Penal en el Perú, los pequeños pueden permanecer con ellas hasta la edad de tres años.
“Los niños están creciendo con ellas en la cárcel; es bien difícil imaginar el impacto que esto tiene sicológicamente”, dijo a La Raza Coletta Youngers, asesora principal y experta en temas de políticas de drogas de WOLA.
“Muchas veces los niños son rechazados por la familia, por la estigmatización; entonces cuando crecen terminan usando y vendiendo droga en las calles o en hogares del estado, que también son malos”, comentó Youngers.
La investigadora también señaló que a las reclusas extranjeras ‘burriers’ la pena se les hace mayor a la hora de enfrentar las barreras culturales. “A veces no hablan el idioma del país donde purgan condena o no entienden el sistema judicial, aunque todo depende también del apoyo de su embajada y para muchas es mejor regresar a sus propios países para cumplir su sentencia”.
En el penal de Chorrillos encontré reclusas extranjeras que hablaban inglés, francés, holandés y otros idiomas, pero estaba claro que si querían tener una estadía más “placentera” allí, era requisito casi indispensable aprender español.
Youngers también aclaró que “aunque en Latinoamérica las cárceles presentan condiciones generalmente horribles e infrahumanas”, y continuó “hay un sentido de solidaridad entre las mujeres, que se apoyan una a la otra y eso no se encuentra muchas veces en las cárceles de los Estados Unidos”.
Cuando visité el penal me llamó la atención que las presas no usaban uniformes, sino ropa de calle. Las vi hacer ejercicio, cantar, hacer trabajos artesanales o de costura y otras simplemente estaban obsesionadas con tejer, como una forma de “matar el tiempo” para que la pena se hiciera más corta”.
Los expertos consultados también instaron a las autoridades a crear alternativas de encarcelamiento para las reclusas, para romper con el ciclo de reincidencia en las cárceles y ayudarlas a reintegrarse a la sociedad con éxito.
“Sí, han cometido un delito, pero debemos implementar alternativas de encarcelamiento para este sector de la población carcelaria; por ejemplo, a través de programas de servicio comunitario combinado con programas de educación, a fin de que a futuro puedan conseguir trabajo”, insistió Youngers.




