Vehículos públicos de Puerto Rico a punto de quedar parados por falta de fondos

El problema surgió a raíz de una millonaria deuda que el gobierno tiene con la petrolera Total
Vehículos públicos de Puerto Rico a punto de quedar parados por falta de fondos
Vehículos públicos en Puerto Rico estuvieron a punto de quedarse parados debido a una deuda del gobierno con una petrolera.
Foto: Flickr MPD01605 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

La falta de liquidez del Gobierno de Puerto Rico estuvo a punto de dejar el martes a ambulancias, coches patrulla y otros vehículos públicos sin gasolina, algo que se arregló finalmente gracias a la renegociación de la deuda que el Estado mantiene con la petrolera Total.

La responsable del Departamento Legal de Total Puerto Rico, Denise Rodríguez, señaló que, finalmente, la compañía accedió a mantener el suministro de combustible a la flota gubernamental mientras el Gobierno busca vías para contener la deuda, que supera los $16 millones.

Este es un caso práctico más que muestra cómo la crisis de liquidez de las arcas públicas de la isla afecta ya directamente a los servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía.

“Fue alcanzado un acuerdo amistoso que permitirá continuar el suministro”, señaló Rodríguez, tras aclarar que la Hacienda puertorriqueña hará un pago de $3 millones a la multinacional y se ha comprometido a realizar otro de $4 millones antes de que acabe enero.

La jefa de Gabinete del Gobierno, Grace Santana, confirmó en declaraciones a medios locales el pago de esos $3 millones, y reiteró el compromiso de atender el próximo en el plazo establecido.

El objetivo es mantener la deuda por debajo de los $10 millones, el límite de línea de crédito que Total concede a las autoridades puertorriqueñas.

Rodríguez recordó que la compañía francesa mantiene operaciones en Puerto Rico desde hace cerca de ocho años, cuando se convirtió en proveedora del Gobierno, una relación que pretende mantener tras el acuerdo alcanzado al final de la pasada semana y que se hizo público este martes.

Deuda acumulada

Ese acuerdo pone de relieve los graves problemas de liquidez por los que atraviesa Puerto Rico, que en conjunto se calcula que adeuda a sus proveedores cerca de $330 millones y acumula una deuda pública de más de $72,000 millones en bonos.

La carga de la deuda es tal que el Gobierno ya ha decidido empezar a incurrir en algunos impagos a los bonistas ante su incapacidad para reunir fondos con los que pagar a proveedores y financiar la prestación de servicios públicos.

Total envió el pasado 31 de diciembre una carta a la Administración de Servicios Generales de este Estado Libre Asociado a EE.UU. en la que se advertía del corte de suministro si no se reducía la deuda por debajo de la línea de crédito de 10 millones de dólares.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, detalló hoy que el Gobierno destina cada mes entre $200 y 230 millones a pagar a proveedores y explicó que el pago a Total era necesario porque de lo contrario los vehículos de la policía, bomberos o ambulancias no habrían podido salir este lunes a las calles.

El caso de Total pone en evidencia los problemas para cobrar que están teniendo todo tipo de proveedores del Gobierno, un tema que sin embargo está quedando relegado a segundo plano en los medios, por detrás del conflicto que supone dejar de devolver la deuda a los bonistas internacionales que tienen títulos de deuda dePuerto Rico.

A primeros de año el Gobierno decidió no pagar $37 millones para atender el vencimiento de la deuda de dos corporaciones públicas, lo que supuso la constatación de que la isla ya está en el terreno del temido “default” (impago).

La semana pasada, el Gobierno anunció a consecuencia de ese impago varias aseguradoras estadounidenses -que tenían asegurada esa deuda- presentaron demandas contra varios miembros del Ejecutivo.

Ello supone, como destacó el gobernador, el inicio de lo que promete ser una larga y complicada batalla judicial entre el Gobierno y los titulares y aseguradores de su deuda, entre otros motivos porque la isla no tienen un marco legal para regular la quiebra de sus corporaciones públicas.

Mientras el jefe del Ejecutivo reclama a Washington que permita a la isla acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, el líder de la oposición y representante -sin voto- de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, Pedro Pierluisi, acusó al Gobierno de ser incapaz de negociar con sus acreedores.