Ex policía mexicano enfrenta al sistema para denunciar tortura y demostrar su inocencia
Héctor Casique fue acusado de asesinato de siete personas el 16 de marzo de 2013 en el estado de Quintana Roo, estuvo preso más de tres años
MÉXICO – En tres años, seis meses y siete días que Héctor Casique estuvo preso, comprendió a profundidad el por qué a la cárcel le llaman La Cana. “Tengo 30 años y me siento cansado”, cuenta apenas dos semanas después su liberación que le costó una larga batalla en contra de la tortura, una práctica que aún no se ha podido erradicar en México.
Frenarla -dice- sería tan fácil como implementar en las prisiones mexicanas un órgano independiente como asociaciones civiles o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que registraran cómo llegan los detenidos y les dieran seguimiento dentro de los reclusorios.
“Eso sería la solución y sí se puede, sólo hace falta voluntad política”, habla con conocimiento de causa. “En cambio tenemos a tantos inocentes en nuestras cárceles a los que inculpan a base de tortura”, insiste Norma Bautista, su abogada.
Héctor fue acusado de asesinato de siete personas el 16 de marzo de 2013 en el estado de Quintana Roo.
El ex policía salía de un bar cuando lo detuvieron. Antes de entregarlo sus propios compañeros lo sometieron a una simulación de asfixia y le pegaron tantos golpes que perdió la visión de un ojo y la audición de un oído; le quemaron los testículos y lo violaron sexualmente.
“Es vergonzoso reconocerlo, pero debemos demostrar a las autoridades que no tenemos miedo”.
Habla de enfrentar a 43 funcionarios públicos locales que incluye desde policías ministeriales hasta el ex procurador Gaspar García Torres, quien renunció al cargo tras el escándalo, dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Estatal.
Yazkade Fernández, madre de la víctima, quien fue uno de los pilares del caso junto con sus hermanas para salir a las calles a denunciar el caso, aún no se explica, o más bien, no puede creer, que el juez no ordenara la investigación por tortura cuando Héctor llegó frente a él con los hematomas visibles, los ojos amoratados.
“Era tan evidente”, dice.
“Pido al gobierno que me dé protección y a mi familia cuando vayamos al estado para concluir los procesos porque nuestras vidas corren peligro”, solicita Héctor.
La familia no se encuentra actualmente en el estado pero debe regresar porque aunque ya hay una sentencia en contra de los agresores esta no se cumple. Tampoco las recomendaciones de la CNDH que solicitó al gobierno estatal una disculpa pública, reparar el daño moral y económico.
