Javier Duarte creó ‘permiso oficial’ para desviar fondos

El ex gobernador de Veracruz, ahora prófugo, publicó los acuerdos en la gaceta oficial

Desde 2011, Javier Duarte instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz tomar las participaciones federales y gastarlas en otros rubros, una práctica que hoy tiene bajo la mira a funcionarios estatales acusados de desvíos.

El 19 de diciembre de 2011, el Gobernador priista publicó en la gaceta oficial del estado un acuerdo que institucionalizó este ejercicio del gasto federal, como resultado de las malas finanzas heredadas por su antecesor Fidel Herrera.

Duarte hizo efectivo el decreto 289 del Congreso del estado, publicado el 5 de agosto de 2011 en la misma gaceta, que le autorizó destinar partidas federales para rubros ajenos a los previstos.

La prioridad sería pagar nóminas y prestaciones de maestros, policías, burócratas y el rubro de seguridad en general.

“Se instruye al titular de la Sefiplan para que determine el pasivo contingente… derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del estado, otorgando en todo momento prioridad al cumplimiento de las obligaciones de la operación gubernamental, en especial el pago de salarios a maestros, médicos, policías y, en general, a todos los empleados del gobierno del estado.

“De igual manera, deberá otorgar puntual cumplimiento financiero, respecto de las prestaciones sociales, a los empleados públicos estatales activos y jubilados. De igual forma tendrá prioridad canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública”, señala el acuerdo publicado en la edición extra 411 de la gaceta.

Mediante un artículo transitorio del mismo acuerdo, Duarte derogó cualquier dispositivo legal que se opusiera al desvío recursos federales en la entidad.

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Argumentó que el decreto 289 del Congreso autorizó al Ejecutivo local usar las participaciones federales como fuente de pago o garantía de los financiamientos a concretar, así como la contratación de financiamientos para reestructurar deuda pública.

La decisión, justificó, fue tomada “por el deterioro de las finanzas públicas con las que cerró la administración 2005-2010”.

Una fuente informó que sólo se imprimieron 300 ejemplares de la gaceta en la que apareció este acuerdo del Gobernador ahora prófugo.

Según un reporte de la Sefiplan, entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso veracruzano, los adeudos del Gobierno estatal sumaban 9 mil 536 millones de pesos al primer trimestre de 2016.

La semana pasada, el Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, admitió que no han pagado 3 mil millones de pesos de participaciones federales que adeudan a los ayuntamientos.

Están en curso decenas de investigaciones en la PGR y de procedimientos administrativos de sanción en la Contraloría del estado, por los presuntos desvíos de recursos. Algunos de estos últimos ya han concluido con la inhabilitación de funcionarios.

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