Piden que DHS investigue abuso sexual en centros de detención
La queja civil fue presentada en nombre de 27 inmigrantes que estuvieron o están en centros de detención y fueron víctimas de abuso sexual
WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe investigar y corregir de inmediato el problema “sistémico” de acoso y abuso sexual en centros de detención para inmigrantes, según denunció una queja civil presentada este martes en Washington.
La queja civil de 14 páginas fue presentada en nombre de 27 inmigrantes que estuvieron o están en centros de detención y fueron víctimas de abuso sexual, según explicó el grupo “Iniciativas Comunitarias para Visitas a Inmigrantes en Confinamiento” (“CIVIC”, por su sigla en inglés).
Inconforme con lo poco que ha hecho el DHS, el grupo pidió a la agencia una investigación federal sobre informes de que varias detenidas han sido víctimas de acoso, abuso y asalto sexual en centros de detención para inmigrantes, y la divulgación pública de documentos pertinentes.
No es coincidencia que la queja fue presentada en el marco del “mes de concientización y prevención del abuso sexual” en Estados Unidos.
“Si la Administración Trump habla con seriedad sobre la concientización y prevención de ataques sexuales, entonces puede comenzar adoptando una política de cero tolerancia del abuso sexual en los centros de detención para inmigrantes”, afirmó la abogada Christina Fialho, co-fundadora y directora ejecutiva de “CIVIC”.
“Si el DHS no puede o no tiene la voluntad de asegurar que no haya ni un caso de abuso sexual contra inmigrantes detenidos, entonces el Congreso debe quitarles fondos (para estos centros) y cerrarlos”, argumentó Fialho.
¿Qué hará la Administración Trump?
Aunque los casos ocurrieron durante la Administración Obama, el grupo “CIVIC” quiere asegurar que el DHS está tomando medidas para poner punto final a este tipo de incidentes.
“Los casos que analizamos ocurrieron antes de las elecciones (de noviembre pasado), y no hemos podido conseguir datos bajo la nueva administración. Pero, dado el historial en estos centros, no tenemos razón para creer que el problema ha desaparecido”, dijo a este diario en entrevista telefónica Rebecca Merton, una coordinadora del grupo “CIVIC”.
“La Administración (Trump) ha mostrado poco interés en las condiciones en estos centros de detención. Con esta queja, hemos alertado al secretario de Seguridad Nacional (John) Kelly, para asegurar que esto no vuelva a ocurrir… que se tomen medidas correctivas” y se castigue a los responsables, explicó Merton.
Muchas quejas, poca investigación
El documento señaló que entre mayo de 2014 y julio de 2016, la Oficina del Inspector General (OIG, en inglés) del DHS recibió al menos 1,016 quejas de abuso sexual adicionales por parte de inmigrantes bajo custodia desde 2010. Eso equivale a un promedio de más de una queja al día en ese período.
Sin embargo, según “CIVIC”, de ese total, la OIG solo ha investigado 24 quejas, o apenas el 2,4% del total.
El problema no para allí: además de quejas de abuso sexual por parte de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la OIG también recibió 402 quejas de “contacto sexual a la fuerza”; 196 por “acoso sexual”, y 380 por “abuso físico o sexual”, indicó el grupo.
Entre enero de 2010 y julio de 2016, DHS recibió 33,126 quejas por abuso físico o sexual, pero la OIG solo investigó 247, o 0,07% de los casos presentados, aunque también investigó otros 570 incidentes no vinculados con las quejas.
ICE, una agencia a cargo de 211 centros de detención, es la agencia del DHS que más quejas ha generado por abuso físico o sexual, con 14,693, seguida por la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), con 10,285 quejas.
La cifra por violaciones o abuso sexual podría ser mayor debido a que muchas inmigrantes no hacen denuncias por temor a represalias, aislamiento social, barreras del idioma, y el saber que estas acusaciones no serán investigadas con seriedad, según Merton.
Un análisis del tipo de llamadas atendidas por la oficina de operaciones policiales y deportaciones de ICE entre octubre de 2012 y marzo de 2016, indicó que la mayoría de las llamadas estaban relacionadas con incidentes de violaciones o abuso físico en centros de detención administrados por empresas privadas bajo contrato federal.
Así, los centros afectados por este problema fueron el centro de detención Jena/La Salle, en Louisiana, seguido por uno en Houston (Texas), otro en Adelanto (California), otro en el Centro de Detenciones del Noroeste, en el estado de Washington y, por último, una instalación en San Diego (California).
Humillación que no se olvida
Una de las mujeres incluidas en la queja es la dominicana Rosanna Santos, de 46 años y madre de dos hijos, 14 y 23 años, respectivamente.
Santos había purgado una sentencia carcelaria por un delito grave en 1991, pero agentes de ICE la detuvieron años más tarde y la llevaron a una cárcel del Condado York, en Pensilvania, donde estuvo 14 meses hasta que salió libre en noviembre de 2014.
Ahora, en entrevista telefónica, recordó cada detalle del “humillante acoso” por parte de un oficial de la cárcel en marzo de 2013, mientras ella y otra detenida eran escoltadas a hablar con sus abogadas antes de una audiencia de inmigración.
“El oficial nos hablaba de forma muy vulgar, muy fea; me decía lo que me iba a hacer sexualmente, y me sentí asustada. Me sentí humillada, aterrorizada, porque estaba sola con él, en un cuarto sin cámaras ni testigos“, dijo Santos, sollozando y casi sin terminar la frase.
“Vi muchas cosas porque yo ayudaba a traducir para muchas detenidas, muchas mujeres que fueron violadas, obligadas a hacer cosas, y eso me marcó mucho muchísimo. Pude ser una de ellas… estoy dando este testimonio por ellas”, afirmó Santos quien, según la queja, pasó once días en confinamiento en solitario tras quejarse del oficial.
Este diario intentó contactar a María Ortíz Cortez, una mujer detenida en la cárcel del Condado Yuba, en California, pero el esfuerzo fue inútil antes del cierre de esta edición debido a que ella tiene un acceso al teléfono muy limitado.
ICE responde
En declaraciones a este diario, una portavoz de ICE, Gillian Christensen, afirmó que el DHS revisará la queja de “CIVIC” para determinar qué acciones tomará, de ser necesario, aunque calificó el informe como “enormemente impreciso”.
Durante el período analizado por el grupo, por ejemplo, ICE “registró más de dos millones de ingresos a los centros de detención a nivel nacional” y, dado el volumen de personas que pasan anualmente por esos centros, “la agencia cree que, en general, la incidencia de esos casos es muy baja”, precisó Christensen.
ICE “tiene cero tolerancia para cualquier tipo de abuso sexual” y, de hecho, tiene programas y medidas para la prevención de este problema en sus centros de detención, insistió la portavoz, al añadir que también el DHS tiene procesos internos para investigar cada queja y está “firmemente comprometido para proveer por el bienestar y la seguridad de quienes están bajo su custodia”.
Entre 2009 y 2016, diversas organizaciones cívicas y gubernamentales presentaron quejas similares, incluyendo MALDEF, “Human Rights Watch”, y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).
Pese a las presiones para que el gobierno de EEUU tome medidas contra el abuso sexual en los centros de detención y garantice justicia contra las inmigrantes, “el abuso sexual sigue siendo un problema sistémico” y el número de quejas ha incrementado desde 2010, indicó la queja civil.
