100 días de Trump: nerviosismo en la frontera ante designación como “zona de guerra”

Residentes cercanos a la línea entre Estados Unidos y México se preparan ante una futura mayor militarización de la zona y temen más confrontaciones y muertes como consecuencia de ello
100 días de Trump: nerviosismo en la frontera ante designación como “zona de guerra”
OTAY MESA, CA - APRIL 21: Department of Homeland Security John Kelly and Attorney General Jeff Session speak to the media during a tour of the border and immigrant detention operations at Brown Field Station on April 21, 2017 in Otay Mesa, California. Secretary Kelly and Attorney General Sessions are on the second leg of a tour together this week after visiting El Paso and were joined by U.S. Senator Ron Johnson, Chairman of the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs.(Photo by Sandy Huffaker/Getty Images)

Hace dos semanas, el fiscal general del país Jeff Sessions fue por primera vez a la frontera desde su investidura en enero y hablando a los medios en El Paso, Texas, equiparó a la ciudad con una “zona de guerra”.

En su discurso habló, además, de carteles internacionales que “inundan nuestro país con drogas”, “vuelven ciudades y suburbios en zonas de guerra, atacan con machete y cortan cabezas”.

Vista aérea de Ciudad Juárez (i) y El Paso (d) tomada desde Ciudad Juárez, México. YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

El fiscal buscaba enfatizar la implementación de las órdenes ejecutivas de Donald Trump que ordenan la construcción de un muro fronterizo y la contratación de 15,000 nuevos agentes de inmigración, entre CBP y ICE, según él para detener la inmigración indocumentada y proteger la seguridad nacional.

Pero Sessions rara vez hace distinción entre los narcos y traficantes de humanos y los inmigrantes que cruzan buscando trabajo o asilo. Para él todos son “ilegales y criminales”, como lo dijo antes en muchas ocasiones durante su larga carrera como uno de los legisladores más anti inmigrantes del país.

Funcionarios locales y activistas pro inmigrantes de este lado de la frontera de inmediato criticaron la retórica de Sessions y su caracterización de la frontera como un lugar inseguro y “zona de guerra”.

“El Paso es una de las ciudades más seguras del país”, dijo el activista fronterizo Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.  “San Diego tiene la tercera tasa de criminalidad más baja de la nación. Las detenciones y los cruces en la frontera sur son los más bajos en la historia reciente”.

La retórica, señalan, no se compagina con la realidad, aunque temen que muy pronto, si el gobierno de Trump se sale con la suya, el nivel de militarización de la región, con más muro y miles de nuevos agentes, se va a elevar a la enésima potencia.

Zona de guerra… para los residentes

Desde que Trump tomó posesión y creció este tipo de retórica, el nerviosismo que sienten los residentes fronterizos ante la presencia de agentes federales uniformados en calles y vecindarios se ha incrementado, explicó Fernando García, del Border Network for Human Rights.

“La militarización de la zona fronteriza es un tema de hace años, pero la sensación de hoy, al cruzar y en encuentros por la calle es que estos agentes se sienten más libres de interrogar, requisar y deportar a gente sin orden judicial”, dijo García. “Hemos visto un cambio de actitud, aunque aún no en forma masiva, porque no han aumentado aún los recursos”.

La frontera comienza poco a poco a sentir la presión que viene de Washington y, a pesar de la relativa seguridad de las ciudades fronterizas, está en el ojo del huracán por ser un supuesto “centro neurálgico” de una guerra contra la inmigración indocumentada y el narcotráfico.

García contó que se siente en el ambiente un cambio definitivo en la preocupación y el miedo. Familias inmigrantes que viven en la frontera tienden a cruzar menos, para evitar problemas. Residentes legales tienen temor a encontrarse con algún inconveniente al transitar por la zona como siempre lo han hecho.

Guadalupe Lopez, residente de Tijuana, explica que a pesar de tener tarjeta de cruce fronterizo, ya no va a comprar “al otro lado” como antes. “Prefiero ahorrarme cualquier problema”, dijo. “Están cada vez más agresivos, y por nada te hacen a un lado y te revisan hasta el alma”.

Fue en la frontera, en Caléxico, donde el joven DACA José Luis Montes fue arrestado y deportado en forma misteriosa. Pero todo provino, según la versión del muchacho, de un encuentro de Montes con un patrullero fronterizo en plena ciudad.

Desde el inicio del gobierno de Trump se han multiplicado las denuncias de revisiones más agresivas en las garitas fronterizas, interrogatorios más intensos, más revisión de computadoras y teléfonos de los viajeros.

Ramírez indicó que muchos negocios de este lado de la frontera están “sintiendo el cambio”. Han bajado sus ingresos, ya la gente no compra tanto.

“La retórica de guerra, las políticas, la falta de un comisionado de CBP que aún no ha sido nombrado, los residentes de la zona se preguntan si es posible cruzar en forma segura y muchos negocios que dependen de estos cruces están sufriendo las consecuencias”, dijo Ramírez.

Más agentes, ¿más impunidad?

Sobre todo, los activistas recuerdan lo que pasó la última vez que hubo una gran contratación de agentes fronterizos a partir de 1994 y sobre todo después de los ataques terroristas del 9-11, entre 2006 y 2009.

La rápida expansión en agentes migratorios que propone el gobierno de Donald Trump, equiparable a la que ocurrió entonces, vino acompañada del aumento en las denuncias de abuso de fuerza y en los casos de corrupción de agentes que se veían involucrados en casos de narcotráfico, extorsión y abuso sexual.

Entre 1994 y 2016, la Patrulla Fronteriza pasó de tener poco más de 4,000 agentes, a tener más de 19,000. Entre 206 y 2009 se añadieron 8,000 agentes, y luego de este aumento, el número de agentes acusados de abusos, violaciones y corrupción, así como delitos comunes, aumentó exponencialmente.

“Es preciso examinar la expansión de esas agencias para ver si se justifica la inversión y sobre todo, el problema de la corrupción y las reformas necesarias a estos cuerpos”, dijo Josiah Heyman, profesor de temas fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso.

Agregó que los arrestos por corrupción en la Patrulla Fronteriza son comparativamente mayores que otras agencias federales. “Hay que mirar todo eso antes de contratar más gente para estas agencias ya tan enormes y poco vigiladas”.

Otros activistas predicen que los planes de Trump acarrearán más muertes en la frontera, en los cruces y a manos de agentes, o en centros de detención, como ocurrió a partir de 1994, cuando se comenzó a construir el muro en San Diego y luego se añadieron más agentes con la Operación Guardián y el bloqueo de las vías de entrada por California.

“Estamos hablando de 11,000 muertes ocurridas en la frontera desde 1994”, dijo Enrique Morones, de Border Angels, una organización que distribuye agua y alimentos a los que cruzan la frontera. “No hay señales de que las 700 millas de muro existente hayan parado la inmigración, solo la han hecho más peligrosa”.