Motín en prisión de Venezuela deja al menos 37 muertos
Oposición culpa a la Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz
CARACAS — Al menos 37 personas murieron y 14 funcionarios resultaron heridos durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela, informó el Ministerio Público (MP).
“Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios”, adelantó la Fiscalía sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido o quiénes fueron las víctimas del procedimiento.
El gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, fue el primero en denunciar las muertes, y aseguró que la “masacre” ocurrió por la actuación de una Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz que intentó tomar “por la fuerza” el retén.
Una fuente que conoció de primera mano el procedimiento indicó a Efe que lo ocurrido en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (CDJA), que es un calabozo del Ministerio de Interior, detonó en el momento en que una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana practicaba una requisa.
El número de decesos registrados en este retén representa el 40% del total de la población carcelaria que albergaba aproximadamente un centenar de reos, según al misma fuente.
Los calabozos y los centros de prisión preventiva, controlados por autoridades municipales y el Ministerio de Interior mantienen los números más altos de hacinamiento, violencia, armas, y drogas controladas por los propios reclusos, gracias a la corrupción de los funcionarios policiales.
Venezuela, el tercer país con la menor población reclusa de la región, tiene un promedio de 166 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido por años uno de los más violentos de América Latina.
El Gobierno chavista ha implementado un plan de pacificación de las cárceles del país que dirigen el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que ha implantado un régimen militarizado en más de la mitad de las cárceles del país, pero que aún no ha logrado desarticular las más violentas.
