¿Cuánto vale nacer en Estados Unidos? Qué dice la evidencia tras un fallo que llega en el momento justo

Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo rechazando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. En una decisión de seis votos contra tres, el Tribunal confirmó que la ciudadanía por nacimiento continúa protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. El Chief Justice John Roberts escribió que los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con estatus temporal están “sujetos a la jurisdicción” del país y son ciudadanos desde el nacimiento. La orden ejecutiva 14160, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato, quedó así sin efecto.

Más allá del debate constitucional, este fallo revive una pregunta que economistas llevan meses tratando de cuantificar: ¿cuánto vale para la economía estadounidense el hecho de que nacer en este país garantice la ciudadanía?

Lo que dicen los números

El estudio más riguroso disponible hasta ahora publicado en el Journal on Migration and Human Security por investigadores de Princeton, Cornell y Notre Dame ofrece una respuesta conservadora pero contundente. Analizando datos censales entre 1975 y 2074, los autores estiman que los beneficiarios de la ciudadanía por nacimiento (personas nacidas en EE. UU. de dos padres indocumentados o con visas temporales) aportarán 7.7 mil millones de dólares en ingresos a la economía estadounidense a lo largo de ese período, junto con más de 3.1 millones de trabajadores incorporados a la fuerza laboral.

La proyección hacia adelante es todavía más reveladora: mientras que entre 1975 y 2024 estos beneficiarios contribuyeron con 1.5 mil millones de dólares, en los próximos 50 años se espera que la cifra ascienda a 6.2 mil millones. El salto no es casualidad, refleja tanto el crecimiento en el número de beneficiarios como su mayor potencial de ingreso a lo largo de la vida, en parte por niveles educativos crecientes: cerca del 69% de estos trabajadores ocupará empleos que requieren estudios universitarios, y un 14% de ellos trabajará en el sector salud.

Si únicamente se consideran los niños que habrían sido excluidos por la orden ejecutiva de Trump, es decir, los que nacerían en el futuro de padres indocumentados o con visa temporal, el estudio calcula un aporte adicional de casi mil millones de dólares en ingresos futuros y al menos 400,000 trabajadores con educación universitaria.

Geográficamente, el impacto se concentra donde se concentra la inmigración: California (más de 2.2 mil millones de dólares en ingresos acumulados) y Texas (cerca de 1.3 mil millones) lideran, seguidos por estados como Illinois y Arizona.

Por qué la cifra es, si acaso, conservadora

Los propios autores del estudio advierten que su metodología subestima el impacto real. El análisis no incluye a los hijos de hogares de estatus migratorio mixto (donde solo uno de los padres es indocumentado o tiene visa temporal), no contempla a beneficiarios que emigraron o fallecieron, y mide únicamente ingresos salariales —dejando fuera el valor generado por negocios fundados, patentes registradas o innovaciones producidas por esta población. Es decir: la cifra de 7.7 mil millones de dólares es un piso, no un techo.

El otro lado del argumento

Es justo reconocer que el debate económico no se limita a los beneficios. Quienes defendieron la orden ejecutiva ante la Corte representados por el procurador general John Sauer argumentaron que la ciudadanía automática genera incentivos migratorios distorsionados (el llamado “turismo de nacimiento”) y que impone costos fiscales a los contribuyentes en servicios públicos, salud y educación para poblaciones sin estatus migratorio regularizado. Esta es una crítica legítima desde la economía fiscal, centrada en el corto plazo y en el gasto público, frente al argumento de ingresos y productividad de largo plazo que domina la literatura académica reciente.

La evidencia disponible, sin embargo, inclina la balanza hacia el argumento de largo plazo: estudios de la National Academies of Sciences (2017) ya habían identificado la ciudadanía por nacimiento como uno de los mecanismos más eficaces de integración económica intergeneracional, precisamente porque otorga certidumbre legal temprana que facilita la inversión en capital humano, es decir educación, formalización laboral y acceso a crédito, desde la niñez.

La lectura económica del fallo

Con la decisión de la Corte, el status quo se mantiene: cada año, decenas de miles de bebés nacidos en EE. UU. de padres sin estatus migratorio permanente siguen adquiriendo la ciudadanía automáticamente. Desde una perspectiva puramente económica, esto significa que Estados Unidos conserva, en palabras de uno de los análisis del Cato Institute sobre el estudio, un mecanismo que, de haberse eliminado, habría dejado mil millones de dólares sobre la mesa: una fuerza laboral futura más numerosa, más calificada y con mayor arraigo fiscal y social en el país que la que resultaría de crear, como advirtieron varios amicus curiae, una subclase permanente de residentes sin ciudadanía plena.

El fallo de la Corte Suprema no cierra el debate político sobre inmigración, pero sí despeja, al menos por ahora, la incertidumbre regulatoria que había generado la orden ejecutiva desde enero de 2025 —una incertidumbre que en sí misma tiene costo económico, al afectar decisiones de inversión, planificación familiar y uso de servicios públicos entre las comunidades inmigrantes.

– Ramiro J. Atristaín-Carrión es economista, asesor financiero y profesor.