Juez en caso de joven con DACA a quien retiraron el beneficio: “el gobierno no puede hacer eso”

Juez federal abre el camino para un juicio en el caso del Dreamer Daniel Ramírez Medina, arrestado en febrero pasado durante una redada en la que buscaban a su papá. La demanda alega que su detención y retiro de su DACA fueron ilegales y arbitrarios.

Mientras se discute el futuro de una solución legislativa para los jóvenes bajo el programa DACA y otros jóvenes inmigrantes, en un tribunal federal se calienta otra discusión relevante: ¿puede el gobierno federal arrestar a un “dacamentado” con permiso vigente en forma arbitraria?

Esta semana se supo que la respuesta del Juez federal Ricardo S. Martínez a esta pregunta sería un rotundo “no”.

Y debido a una orden del juez Martínez, queda abierto el camino para un juicio en la demanda que Daniel Ramírez Medina presentara contra el gobierno a principios de este año.

EL joven con un permiso “DACA” vigente, fue arrestado en febrero como “colateral” durante una redada contra su papá cerca de Seattle, Washington.

En una orden dictada el miércoles de esta semana el juez Martínez fustigó con dureza los argumentos del fiscal del gobierno al justificar la detención de Ramírez Medina, de 24 años, y beneficiario de DACA.

“El gobierno alega que puede retirar el beneficio DACA a cualquiera, sin razón particular y que (el gobierno) no ha hecho promesas sobre ningún beneficio del programa o política”, dijo el juez en su orden. “Eso no puede ser”.

El juez Ramírez rechazó una solicitud del gobierno federal para anular la demanda del joven, quien pasó cerca de dos meses en un centro de detención antes de ser liberado.

Luis Cortés, abogado del joven “dreamer”, dijo este jueves a La Opinión que la demanda alega que el gobierno no siguió sus propios procesos y reglas al quitarle DACA al joven bajo la presunta razón de que este había “confesado” ser parte de una pandilla.

Ramírez Medina no ha sido convicto o arrestado de ningún delito relacionado al pandillerismo, pero el abogado Cortés dijo que en el interrogatorio que le hicieron al arrestarlo sorpresivamente, “las preguntas terminaron en una interrogante: ¿Conoces a alguien de una pandilla? A lo que Daniel contestó que sí ,que conocía”.

La conclusión de las autoridades fue que el joven era pandillero, le quitaron su DACA y lo pusieron en proceso de deportación.

“Él niega rotundamente que les dijera que era pandillero, porque no lo es. No obstante el gobierno posteriormente aceptó en corte que Daniel no era ningún peligro para la comunidad y cambió el argumento para decir que podían quitar el DACA a una persona sin necesariamente presentar una razón”, explicó Cortes.

Con la ayuda de la organización Public Counsel, el bufete Barrera Legal Group (para el que trabaja Cortés) y Gibson Dunn, el joven demandó al gobierno alegando que la razón por la que le quitaron su DACA, que era válido hasta el año que viene, es ilegal.

“Cuando el gobierno le da a alguien un permiso de trabajo, un beneficio, esa persona espera que sea válido por el período que se da”, dijo el abogado. “Y si se lo van a quitar por alguna razón, tiene que haber un proceso para hacerlo. Con esta decisión el juez dijo, no, el gobierno no tiene razón”.

El juicio permitirá a los abogados desentrañar el proceso por el cual se arrestó y canceló el DACA del muchacho, para permitirle recuperar su beneficio y posiblemente, mantener la posibilidad de cualquier futura ley que pueda incluir a personas con DACA.

“El lenguaje de la orden fue muy fuerte”, dijo Cortes. “El juez dijo que los DACA están contribuyendo mucho a este país y que cuando se decidieron a dar toda su información al gobierno, esperaban un trato justo. Dijo que no pueden hacer lo que hizo en forma arbitraria”.

Daniel Ramirez Medina está en libertad desde marzo, pero el gobierno sigue con la intención de seguirle un caso de deportación, y tiene una audiencia en enero al respecto.

El caso federal no interrumpiría su deportación, en caso de que fuera ordenada por el juez migratorio, apuntó el abogado, a menos que el juez federal ordene que le reintegren sus beneficios.

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