Jueces dictan sentencias en México… ¡y los funcionarios no las cumplen!

MEXICO – Más de dos años pasaron desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Victor Hugo Lobo, hacer una visita de verificación, construcción y edificación en la Ciudad de México que no cumplió hasta que estuvo a un paso de ser destituido del cargo.

El mismo tiempo transcurrió para que María Cristina García, secretaria de Cultura de la CDMX acatara la resolución de los ministros de la corte suprema de otorgar una plaza de trabajo asalariado y con prestaciones sociales a dos subordinados que le demandaron los puestos fijos (no freelance) ante la negativa de ella para otorgarlos.

Ambos casos públicamente difundidos en las últimas semanas son una muestra representativa del problema de la impunidad en el último eslabón de la justicia en México: la sentencia.

Los funcionarios públicos mexicanos encontraron en la postergación y el incumplimiento  de las sentencias un aliado para evadir la reparación de los daños a ciudadanos agraviados aunque lo ordenen los tribunales o la mismísima SCJN.

Para poner una muestra, el abogado y activista Netzai Sandoval, documentó en su estudio  “El poder judicial sometido al ejecutivo“ que de 1996 a 2014, solamente se separaron a 15 servidores públicos de su cargo por desacato.

“Esto significa que del universo de más de 15 mil incidentes de inejecución que ha tramitado la Suprema Corte, únicamente en el 0.1 por ciento de los casos las autoridades que burlan las sentencias son finalmente sancionadas por ello“.

La estadística es grave porque los demandantes en este juicio son personas que han tenido los conocimientos, el tiempo, la tenacidad o el dinero para llevar a cabo un proceso que, según analistas, puede llevar años y a veces revertirse. Gente con u alto nivel académico o económico como el cantante y actor Guillermo Capetillo.

Hace tiempo que Capetillo quiere entrarle a la política en el ayuntamiento de Ocoyoacac, donde tiene una residencia. Sin embargo, la alcaldesa Diana Pérez Barragán, se ha negado a cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México de otorgarle una constancia para que sea candidato “por temor’’, dice el famoso, a que le haga competencia en las urnas.

En teoría los funcionarios deberían cumplir con el mandato o ser separados del cargo para  enfrentarse a la justicia porque la ley es muy clara: el responsable debe cumplir con la sentencia en tres días una vez que sea notificado por los juzgados o tribunales que lleven el caso. Y si el  Tribunal Colegiado de Circuito considera que persiste el incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo la ejecución de la sentencia se dilata con todo tipo de argumentos, explica el abogado César Villanueva:  desde el cambio de la titularidad de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos a la mera falta de voluntad política.

Cita como ejemplo el hecho de que en los Tribunales Colegiados de Circuito, de 3,927 incidentes resueltos en un año, solamente 756 fueron declarados fundados y remitidos a la Suprema Corte y que en ésta, de 1,062 asuntos resueltos, solamente en tres se haya declarado que eran fundados y que únicamente uno tuvo sentencia cumplida’’.

“En la práctica, la Corte actúa de forma condescendiente con las autoridades responsables al darles más tiempo del necesario para que realicen el cumplimiento, pues llega el caso en que, una vez que el proyecto de consignación se encuentra listo para sesionarse, se comunican de forma directa con las autoridades para que cumplan con la sentencia antes de que sea resuelto en la sesión respectiva. Con ello, las responsables esperan hasta el último momento’’.