Procurador de California no apoyará altas fianzas que afecten a acusados pobres

Xavier Becerra dijo que las excesivas fianzas en California causan violaciones a derechos constitucionales

El procurador de California Xavier Becerra (Foto: archivo)

El procurador de California Xavier Becerra (Foto: archivo) Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión

El procurador de California Xavier Becerra anunció este martes que su oficina no apoyará ni defenderá las altas fianzas impuestas a acusados antes de un juicio a menos que la corte considere la situación económica y las alternativas no carcelarias para que el acusado se presente al tribunal.

“Las decisiones sobre la permanencia de un acusado en la cárcel deben estar ligadas a su peligrosidad pública y no al dinero que tiene en el bolsillo”, dijo Becerra. “Nadie debe estar en la cárcel solamente porque no pueden pagar una fianza”.

Becerra se suma así a un creciente movimiento para reformar el sistema de fianzas (bail) para acusados de un delito en California que por años ha contribuido a la sobrepoblación de las cárceles en el estado.

Según un estudio del Public Policy Institute de California, el promedio de detenidos antes del juicio en el estado era del 62% en 2014. El año pasado, otro estudio en San Francisco determinó que 85% de los presos están esperando juicio y que al menos la mitad podrían salir en libertad si pudieran pagar la fianza.

Los acusados latinos y afroamericanos son los que tienen más dificultades para pagar las altas fianzas que se imponen en California, usualmente mucho mayores que las que se dan en otros estados, según dichos estudios.

Hace apenas unas semanas, la corte de apelaciones de California decidió el caso de un hombre de San Francisco que fue arrestado por robar a un vecino en su edificio de personas mayores y por tener antecedentes previos, le impusieron una fianza de 600,000 dólares que luego disminuyeron a 300,000.

La corte de apelaciones, después de examinar el caso, determinó que el hombre, Kenneth Humphrey,  tenía derecho a una nueva audiencia para fianza y a que aparte de sus circunstancias personales, se tomara en cuenta su capacidad de pagar y alternativas que pudieran usarse para asegurar su asistencia al juicio.

 Humphrey está preso desde mayo del año pasado por no poder pagar lo que impuso la corte.

California tiene un sistema en el que las fianzas se establecen en forma “predeterminada” de acuerdo al delito.

El tribunal, en su decisión, dijo que “para personas pobres arrestadas por felonías, el uso de fianzas predeterminadas se traduce en una presunción de encarcelamiento”.

Becerra dijo que su oficina no apelaría la decisión Humphrey y que la misma “refleja la gran necesidad de reformar el sistema para tomar en cuenta alternativas que no requieran encarcelamiento pero que garanticen la asistencia del acusado al juicio”.

Entretanto, líderes en California han estado trabajando en cambiar el sistema de fianzas.  El gobernador Jerry Brown anunció el pasado agosto que trabajará con legisladores –el senador Bob Hertzberg y el asambleísta Rob Bonta- y junto a la Juez principal de California Tani Cantil-Sakauye en un proyecto para reformar el sistema de fianzas de California.

“La verdad es que hoy, bajo el sistema de libertad bajo fianza, si puedes hacer un cheque, la seguridad pública no importa“, dijo el senador estatal Bob Hertzberg (D-Van Nuys) en un comunicado. “Necesitamos un sistema que priorice la seguridad pública y restablezca la justicia en el proceso previo al juicio, independientemente del nivel de ingresos”.

La jueza Cantil-Sakauye también ha convocado una comisión al respecto y  ha dicho que el actual sistema es “inseguro”.

No todo el mundo está de acuerdo. La Asociación Estatal de Fiscales del condado de Los Angeles está entre las que han acusado a los partidarios de estas reformas de “tergiversar” los hechos y de presentar a Humphrey como “una persona que robó 5 dólares y una botella de colonia”.

“Necesitamos una discusión no ideológica en torno a la reforma de fianzas”, dijo en un comunicado el vice presidente de esa asociación Eric Siddall y dijo que la defensoría pública había “escondido el extenso record criminal de Humphrey” para promover dicha reforma.

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