Estados endurecen límites al ICE y blindan datos de inmigrantes frente a deportaciones
Las nuevas leyes buscan limitar operativos del ICE, proteger datos personales y reforzar derechos de inmigrantes
Varios estados aprobaron leyes para limitar operativos del ICE y reforzar derechos de las comunidades inmigrantes. Crédito: Alex Brandon | AP
Mientras el presidente Donald Trump mantiene una política de mano dura contra la inmigración, varios estados del país avanzan en la dirección contraria. En lo que va de 2026, legislaturas estatales han aprobado una serie de leyes para limitar algunas facultades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reforzar la protección de datos personales y reducir la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.
De acuerdo con un análisis sobre la actividad legislativa estatal en 2026, estas medidas reflejan una creciente estrategia para proteger a las comunidades inmigrantes, especialmente tras casi año y medio de la política migratoria impulsada por la segunda administración de Donald Trump.
Estados buscan poner límites al ICE
Uno de los cambios más visibles tiene que ver con la identificación de los agentes del ICE durante los operativos.
Tras la aprobación en California de la llamada “Ley contra la policía secreta”, que obliga a los agentes federales a mostrar claramente su identificación y restringe el uso de cubrebocas durante los operativos, otros estados siguieron el mismo camino.
Entre ellos destacan Washington, Oregón, Maryland, Nueva Jersey, Connecticut, Virginia y Nueva York, donde fueron aprobadas normas similares para fortalecer la transparencia y evitar que personas ajenas a las autoridades se hagan pasar por agentes federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido el uso de máscaras por parte de algunos agentes al argumentar que buscan proteger su identidad y la de sus familias. Sin embargo, críticos sostienen que esta práctica dificulta la rendición de cuentas y aumenta el riesgo de abusos.
Protección de datos y menos colaboración con el gobierno federal
Otra de las principales tendencias legislativas consiste en impedir que la información personal de los residentes termine en manos de las autoridades migratorias.
Estados como Washington, Maryland y Oregón aprobaron leyes para restringir la venta o transferencia de datos obtenidos mediante registros vehiculares, bases de datos estatales o sistemas de reconocimiento automático de matrículas cuando estos puedan utilizarse para fines de inmigración.
Al mismo tiempo, otras entidades comenzaron a limitar su cooperación con el gobierno federal.
En Maryland, por ejemplo, se prohibieron nuevos acuerdos del programa 287(g), que permite a policías locales colaborar directamente con el ICE. En Nuevo México también se vetaron contratos para centros de detención de inmigrantes y se cancelaron convenios existentes.
La batalla ahora también se libra en los estados
Muchas de estas leyes ya enfrentan impugnaciones judiciales impulsadas por el Departamento de Justicia, especialmente en California, Nueva York, Virginia y Connecticut.
Aun así, legisladores estatales continúan promoviendo nuevas iniciativas para exigir mayor transparencia sobre los operativos migratorios, supervisar el gasto público destinado al control de la inmigración e incluso permitir demandas contra autoridades que violen derechos constitucionales durante procedimientos migratorios.
Aunque varias de estas propuestas siguen en discusión, el panorama muestra que los estados se han convertido en uno de los principales frentes políticos y legales frente a la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump, una tendencia que, según especialistas, probablemente continuará durante 2027.
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