Líderes hispanos optimistas de que el Tribunal Supremo permita nuevos mapas electorales en Texas
Está en juego la representación política de los latinos y afroamericanos en Texas
Los latinos y afroamericanos tienen cada vez más poder político en Texas y otros estados. Crédito: Getty Images
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo mostró este martes una fuerte dosis de escepticismo y divisiones ideológicas en torno a los mapas legislativos de Texas, mientras líderes hispanos confiaron en que podrían ganar el caso en junio próximo.
La máxima corte del país escuchó los argumentos orales en torno al caso “Abbott v. Pérez”, en el que los litigantes alegan que la legislatura estatal de Texas, bajo control republicano, intencionalmente discriminó a votantes latinos y afroamericanos para diluir su voto.
El caso, que data de 2011, llegó hasta el Tribunal Supremo porque el gobierno de Texas impugnó un dictamen de 2017 de un tribunal federal en San Antonio, que afirmó que esos mapas violaban la Constitución y el “Acta del Derecho al Voto” de 1965.
Esa corte anuló varios de los distritos creados para la representación ante la legislatura estatal y ante el Congreso, alegando que eran discriminatorios, y elaboró nuevos mapas de forma preliminar.
El Tribunal Supremo debe emitir su dictamen a finales de junio, lo que podría tener un impacto en los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre. Si su sentencia es amplia, podría incluso afectar al resto de los estados.
La corte tiene otros casos similares sobre manipulación política de los mapas electorales en Wisconsin y Maryland, y otro sobre la purga de la lista de empadronamiento en Ohio.
Durante la audiencia de 70 minutos, los nueve magistrados dejaron al descubierto su escepticismo y divisiones en torno a si, para comenzar, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para intervenir en el caso.
Eso se debe en parte a que el tribunal de San Antonio anuló varios de los distritos pero no se había pronunciado sobre lo que debía hacer la legislatura estatal para corregir los mapas. Es decir, el tribunal de San Antonio actuó deprisa porque se avecinaban los plazos para las elecciones de 2012, pero la legislatura estatal, sin esperar a su dictamen final, adoptó nuevos mapas de forma permanente en 2013.
El abogado de Texas ante el Tribunal Supremo, Scott Keller, insistió en que la legislatura estatal no tenía intenciones de discriminar a ningún votante cuando adoptó el plan ordenado por la corte de San Antonio y, por lo tanto, los nuevos mapas de 2013 deben quedar en pie.
Pero tres de los cuatro jueces de corte progresista, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, dejaron entrever que se inclinarían por reenviar el caso a San Antonio para una decisión definitiva.
Del lado conservador, tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Samuel Alito, parecieron dar el beneficio de la duda a la legislatura estatal respecto a si actuó “de buena fe” al diseñar los nuevos mapas, en vez de discriminar a las minorías negra y latina, como alegan los demandantes.
En las escalinatas del Tribunal Supremo, tanto los litigantes como la legisladora demócrata de Texas, Sheila Jackson-Lee, confiaron en que la máxima corte hará lo correcto y ordenará una corrección de los mapas.
El impacto de los mapas “fue discriminatorio” porque privó a las minorías de su debida representación política, “y en el siglo XXI, no creo que podemos quedarnos de brazos cruzados… espero que se reconozca que hay una creciente diversidad en este país que no se puede suprimir en los mapas electorales”, afirmó Jackson-Lee.
El legislador demócrata estatal, Rafael Anchía, dijo que su lectura es que “los jueces mostraron escepticismo sobre la postura del estado de Texas, porque el estado debió esperar a una disposición final” de la corte federal en San Antonio.
“Ya hemos ganado varias veces en San Antonio con dos jueces republicanos y un demócrata, que encontraron discriminación intencional. Estamos ganando en este foro, y si regresa pronto a San Antonio, es posible que tengamos nuevos mapas para las elecciones de este año”, explicó Anchía.
Por su parte, Nina Perales, abogada de MALDEF, mostró optimismo por las numerosas preguntas que hicieron los jueces sobre si el Tribunal Supremo tiene o no jurisdicción en el caso: “Texas tomó un paso prematuro al apelar (el dictamen de San Antonio), porque quiere impedir que consigamos una corrección de estos distritos tan discriminatorios antes de los comicios de 2018”.
“Esperamos que el Tribunal Supremo coincida con nosotros en que este caso tiene que volver a Texas, para que los jueces puedan elaborar mapas justos para todos los votantes en Texas”, enfatizó la abogada.
Según Perales, el Tribunal Supremo tiene ante sí varias opciones: que determine que no tiene jurisdicción sobre el caso y lo devuelva al tribunal de San Antonio para una medida correctiva; que reafirme el dictamen de San Antonio y se permitan nuevos mapas electorales, o que dé la razón al gobierno de Texas y deje en pie los mapas adoptados en 2013.
El eventual dictamen del Tribunal Supremo, en todo caso, sólo tendría impacto en los comicios de noviembre próximo, debido a que el Censo siempre produce la demarcación de nuevas fronteras distritales en los estados.
Así, tras el Censo de 2020, es casi seguro que Texas, que ha registrado un crecimiento poblacional y de minorías durante décadas, tenga que dibujar nuevos mapas.
