Acusan a 22 personas en Puerto Rico por robar dinero de la lotería

Los demandados obtuvieron ilegalmente $560,640,43 dólares

Los co-conspiradores llevaban cheques falsos a múltiples tiendas de descuento para negociarlos a cambio de dinero en efectivo.

Los co-conspiradores llevaban cheques falsos a múltiples tiendas de descuento para negociarlos a cambio de dinero en efectivo. Crédito: NOEL CELIS | Getty Images

SAN JUAN, Puerto Rico – Un jurado federal acusó ayer a 22 personas por 37 relacionados con el fraude bancario y robo de identidad obteniendo así $560,640,43 dólares de la Oficina de Lotería de Puerto Rico, informó hoy la fiscalía federal en Puerto Rico.

Se trata de 18 cargos sustantivos de fraude bancario y 16 cargos de robo de identidad con agravantes, anunció Rosa Emilia Rodríguez, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Durante el curso del plan, los demandados obtuvieron ilegalmente $560,640,43 de la Oficina de Lotería de Puerto Rico, del Departamento del Tesoro de Puerto Rico.

El Servicio Secreto de Estados Unidos estuvo a cargo de la investigación, indicó el comunicado.

En un comunicado la secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes, reiteró hoy que ninguno de los acusados es empleado del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y/o de la Lotería de Puerto Rico.

“Los acusados idearon un esquema de fraude, valiéndose del robo de identidad, dirigido a apropiarse ilegalmente de fondos públicos pertenecientes a la Lotería de Puerto Rico. Agradecemos a la Fiscalía Federal de Puerto Rico por la investigación rigurosa de este caso que expondrá los perpetradores de estos delitos contra el erario a penas carcelarias y multas sustanciales”, agregó.

A su vez, agregó, que no “debe quedar duda a nadie de que cualquiera que cometa delitos en contra del Estado será investigado, procesado y sometido a todo el rigor de los procesos criminales estatales y/o federales”.

“El Departamento de Hacienda, hoy más que antes, reitera su compromiso en colaborar con todas las agencias de ley y orden, incluyendo con la Fiscalía Federal, para procesar todos los delitos que involucren fondos públicos. Este caso envía un mensaje claro y directo: nadie se enriquecerá de manera impune con el dinero del pueblo de Puerto Rico”, concluyó.

Según la acusación, de acuerdo a la fiscalía, Natalie Enid González Rodríguez produjo y adquirió cheques fraudulentos usando los nombres y direcciones de “empleadores falsos” con ruta a la cuenta de la Lotería de la isla.

La acusación formal alega que los co-conspiradores llevaban cheques falsos a múltiples tiendas de descuento para negociarlos a cambio de dinero en efectivo o para usarlos para comprar productos de consumo y devolver las ganancias del plan a Natalie Enid González-Rodríguez, quien luego les daría una parte de esas ganancias.

Al ejecutar el plan y cobrar los cheques falsos en las tiendas de descuento, supermercados y grandes almacenes, los conspiradores obtuvieron y obtuvieron fondos pertenecientes a la lotería de la isla por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

González-Rodríguez afronta 16 cargos de robo de identidad con agravantes.

Entre el 2 de octubre de 2015 o alrededor de esa fecha, hasta la fecha de esta acusación, ayudados e instigados por los acusados y otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, transfirieron, poseyeron y utilizaron a sabiendas, sin autoridad legal, un medios de identificación de otra persona real según se detalla en cada recuento durante y en relación con el fraude bancario.

Además perpetró este esquema fraudulento durante muchos años, e involucró a muchas personas que hoy son acusadas por un fragmento de las ganancias que ella generó.

“Estos cargos demuestran una vez más que la Oficina del Procurador de EE.UU. Está resuelta a investigar y procesar a quienes perpetran esquemas financieros para estafar a víctimas insospechadas”, dijo Rodríguez-Vélez.

En caso de ser declarados culpables, los acusados afrontan una sentencia máxima posible de encarcelamiento de 30 años por fraude bancario, y una sentencia mínima obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad con agravantes.

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