Administración Trump activa ofensiva legal para retirar ciudadanía a naturalizados
Plan del Departamento de Justicia busca acelerar casos por fraude y enciende alertas entre comunidades migrantes
El gobierno estadounidense busca ampliar los procesos para revocar la ciudadanía a personas que la obtuvieron por fraude. Crédito: Phelan M. Ebenhack | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) ha puesto en marcha una nueva estrategia para acelerar los procesos de desnaturalización, con cientos de casos ya identificados como parte de una primera fase. La iniciativa, revelada por The New York Times, apunta a ampliar el uso de una herramienta legal que históricamente se ha aplicado en contadas ocasiones.
Según el reporte, al menos 384 personas nacidas en el extranjero han sido seleccionadas como posibles objetivos. A diferencia de prácticas anteriores, los casos no serán gestionados únicamente por especialistas en inmigración, sino que se distribuirán entre fiscales de decenas de oficinas federales en todo el país para agilizar los procesos.
La legislación estadounidense permite retirar la ciudadanía en situaciones específicas, principalmente cuando se demuestra que fue obtenida mediante fraude o engaño, como ocultar antecedentes o presentar información falsa. Sin embargo, se trata de un procedimiento complejo que requiere pruebas sólidas ante un juez federal.
Más casos, más presión
El portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Tragesser, aseguró que se trata del mayor volumen de casos en curso hasta ahora. “Estamos procesando el número más alto de remisiones de revocación de naturalización de nuestra historia”, afirmó.
Desde la Casa Blanca, la vocera Abigail Jackson respaldó la medida: “El fraude en la obtención de la ciudadanía es un delito grave y quienes hayan abusado del sistema enfrentarán consecuencias”.
Preocupación entre expertos
Pese a los argumentos oficiales, especialistas advierten que el impacto podría ir más allá de los casos de fraude. Amanda Frost, profesora de derecho en la Universidad de Virginia, señaló que este tipo de acciones puede enviar un mensaje inquietante: “Podría interpretarse como que los ciudadanos naturalizados tienen una posición más vulnerable frente al Estado”.
Históricamente, los procesos de desnaturalización han sido limitados. Durante décadas, el promedio anual fue bajo, pero en años recientes la tendencia ha cambiado. Ahora, con el apoyo del DOJ, que envía cientos de casos al mes, el número podría incrementarse de forma significativa.
Ciudadanía bajo escrutinio
El endurecimiento de esta política ocurre en un contexto donde cientos de miles de personas obtienen la ciudadanía cada año, tras cumplir requisitos estrictos de residencia, idioma y verificación de antecedentes.
Aunque el gobierno insiste en que la medida busca proteger la integridad del sistema migratorio, críticos alertan sobre posibles efectos colaterales, como el aumento de la incertidumbre entre comunidades migrantes y el uso político de estos procesos.
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